El Partido Popular envió datos falsos al Tribunal de Cuentas durante 12 años

El PP envió al Tribunal de Cuentas datos falsos –“incorrectos”, según su definición- entre 1997 y 2008, el periodo durante el cual mantuvo en sus cuentas al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, como proveedor de servicios. El PP niega tajante haber pagado a Blesa casi 600.000 euros en esos 13 años, pero negarlo le ha obligado a optar por la versión de que sus cuentas eran un auténtico desbarajuste. Un repaso a los documentos incorporados al sumario de los papeles de Bárcenas y a los que infoLibre ha tenido acceso confirma que, involuntario o deliberado, el lío contable es de gran magnitud. Grandes partidas como las reflejadas en un código que la contabilidad del grupo parlamentario andaluz del PP denomina "nómina diputados autonómicos" quedaron ocultas en el balance nacional tras la marca de un proveedor ajeno al PP.

A lo largo de todos esos ejercicios, y así lo admitieron ayer a preguntas de infoLibre portavoces autorizados del partido, se produjo un desfase generalizado entre los apuntes del balance estatal y de los autonómicos. Según el PP, todo obedece a un "error" o una "chapuza": asignar a varios proveedores el mismo código de identificación. Pero, involuntario o no, el "error" entraña una consecuencia de primer orden: la disparidad de las cuentas estatales y regionales dificulta enormemente el objetivo por el que la ley obliga a los partidos a elaborarlas, es decir, facilitar un retrato veraz y fiable de sus movimientos económicos.

La conjunción de las cifras y acreedores anotados en los balances territoriales debería arrojar un resultado idéntico al que se observa en el consolidado nacional. Pero no es así. De hecho, el desfase entre las cuentas territoriales y la nacional es abismal en algunos casos. El paradigma es lo ocurrido en Andalucía. Lo que el balance parcial del grupo parlamentario de esa comunidad consigna cada año bajo el código 410100 como "nómina diputados" quedó enmascarado al menos en 2001, 2003, 2007 y 2008 en la contabilidad estatal como pagos a una editorial precisamente especializada en material contable y fiscal, Ciss SA.

De esa forma, si el Tribunal de Cuentas o el juez que investiga la financiación del PP y su conexión con los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, leyeran el balance consolidado de 2008 solo verían que una editorial facturó 1,61 millones al PP. Sin acudir no ya al balance consolidado andaluz sino al de su grupo parlamentario, difícilmente alguien repararía en que 1,60 millones del montante atribuido a Ciss SA estaban contabilizados en otro documento como pagos a diputados andaluces del PP. Ni en que los abonos a otros acreedores de menor relevancia estaban también englobados en esa cifra.

Con independencia de si se trató de un acto deliberado o solo de una chapuza, el desfase tuvo un efecto primordial: el balance de sumas y saldos del consolidado, que recoge en teoría todos los pagos a proveedores en cualquier parte del país, no permite conocer el verdadero desglose del gasto anual ni el destino del dinero. La Ley de Financiación de Partidos preceptúa de forma expresa que las formaciones políticas "deberán llevar libros de contabilidad detallados que permitan en todo momento conocer su situación financiera y patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley". 

A partir de 2009, el PP "modificó el sistema contable", explican fuentes del partido. En efecto, a partir de ese año las cuentas nacionales y las regionales ajustan por primera vez en casi tres lustros.

Además de lo sucedido con el reflejo de la partida andaluza bautizada como "nóminas" e incluida pese a ello en el apartado de "acreedores por prestación de servicios", la disparidad contable propició otros disfraces contables. Por ejemplo, en el año 2003 el balance del PP en Castilla y León dejó registrado pagos por 59.941,04 euros al proveedor señalado con el código 410251. En el documento estatal quedó escrito el mismo código y el mismo exacto importe abonado. Pero en la contabilidad castellanoleonesa, la empresa identificada era Traci Comunicación, una SL investigada dentro de la llamada Gürtel balear,Gürtel balear una trama no conectada a la de Francisco Correa pero conocida por ese sobrenombre dada la similitud de sus métodos y  que también prosperó gracias a contratos con administraciones del PP. En el balance estatal de sumas y saldos, no hay rastro de Traci. En su lugar, con el mismo importe satisfecho -59.941,04 euros- y el mismo código 410251 aparece Line-Tex, una empresa distribuidora de ofimática.

Este diario ignora cuál de las contabilidades, si la estatal o las regionales, contiene los datos auténticos, dado que resulta imposible cualquier verificación efectiva sin los documentos –el libro mayor del balance consolidado- donde constan los movimientos asociados a la empresa o profesional que tiene asignado un determinado código de proveedor.

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Fuentes oficiales del PP señalaron ayer no obstante que la información válida es la aportada por las sedes regionales. Y que la “chapuza”, según expresión literal de una fuente autorizada, se produjo porque se había asignado el mismo código de identificación a distintos proveedores, el primero de los cuales dio supuestamente nombre a la cuenta y siguó apareciendo año tras años en la contabilidad prestara o no servicios hasta que alguien detectaba el "error".

Según el PP, eso es lo que ocurrió con Miguel Blesa de la Parra, a cuyo nombre el PP contabilizó pagos por 600.000 euros entre 1997 y 2008, es decir, mientras presidía Caja Madrid. Pero el partido en el gobierno no ha dado todavía ninguna explicación a un hecho imposible de obviar: que, pese a tratarse de una personalidad pública muy conocida en círculos políticos, pese a ser un amigo personal de José María Aznar, presidente del Gobierno y del PP hasta 2004, y pese a estar en propiedad de dos apellidos poco comunes, nadie reparó durante 12 años en que el nombre de Blesa seguía constando como proveedor del PP. Y, al parecer, nadie se percató pese a que su sola presencia en esa lista le comprometía al constituir un escándalo político y una flagrante infracción de la Ley de Cajas de 2003, que prohíbe a sus presidentes desarrollar cualquier otra actividad retribuida. 

Los documentos donde Blesa figura con el código de proveedor 410069 llevan el sello oficial del partido y fueron remitidos año tras año al Tribunal de Cuentas. A tenor de lo sucedido, tampoco nadie reparó allí en su presencia. Ni en la de los múltiples apuntes contradictorios que arrojan sumas y saldos radicalmente distintos según qué cuenta se maneje.