El PP catalán quiere que los municipios denuncien a los inmigrantes irregulares

El Partido Popular promoverá en el Parlament una moción en la que insta al Gobierno catalán a restringir algunas ayudas sociales a los inmigrantes que lleven “poco tiempo” empadronados en Cataluña.

Sin embargo, el PP no ha especificado cuánto supone ese “poco tiempo. El texto, al que ha accedido Europa Press, nace después de la interpelación que hizo el diputado Rafa López a la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, este miércoles. En él, insta al Ejecutivo catalán a modificar los requisitos para acceder a “determinadas ayudas sociales”.

Entre otras peticiones, la moción pretende que se exija la residencia legal a esos ciudadanos para que puedan acceder a prestaciones, y para que se amplíen los años de empadronamiento para tener derecho a recibirlas. Dicha moción considera injusto que se otorguen ayudas a personas en situación irregular en época de crisis y recortes, mientras que se les retiran a “ciudadanos que han trabajado y cotizado toda la vida”.

No es la primera vez que se plantea una medida similar. Durante las últimas elecciones autonómicas, Alicia Sánchez-Camacho, líder del partido, propuso limitar las ayudas no básicas a los inmigrantes que llevaran menos de 18 meses residiendo legalmente en Cataluña. Esta propuesta fue anunciada durante su visita a Badalona (Barcelona), donde el alcalde Xavier García Albiol trabaja en un reglamento para reducir el acceso a las ayudas sociales “no básicas”. En este caso, la restricción estaba vinculada a aquellas personas que no lleven, al menos, cinco años en la ciudad.

Propuestas del PP

Por su parte, la propuesta actual, recoge las promesas electorales que el Partido Popular catalán ha hecho en los últimos años. Alienta al Gobierno autonómico a promover que los ayuntamientos comuniquen a las Brigadas Provinciales de Extranjería la situación de estancia ilegal de los inmigrantes irregulares que se empadronen. El partido también apuesta por controlar más la inscripción de los inmigrantes en el padrón, de tal forma que deban presentar el pasaporte o la autorización de residencia para tener “las máximas garantías de legalidad y seguridad jurídica”.

Además, se recupera el contrato de integración en el que los inmigrantes deben comprometerse a respetar las leyes e integrarse, algo que el Parlament había rechazado en 2011. De la misma manera, se apremia al Ejecutivo a “establecer claramente” la prohibición del uso del velo en las escuelas a menores de 16 años, y prohibir el uso del burka y niqab. Asimismo, el PP pide a la Generalitat que aporte a los ayuntamientos las herramientas necesarias para luchar contra los guetos, asentamientos ilegales, y problemas de convivencia que puedan generar.