La confesión de Bárcenas aporta “presunción de veracidad” a sus papeles y el juez ya trabaja en la identificación de delitos

El magistrado que instruye el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha comenzado a orientar sus pesquisas a identificar todos los posibles delitos que se podrían desprender de la existencia de la contabilidad manuscritacontabilidad manuscrita y en B del extesorero del PP Luis Bárcenas, según indican fuentes de la investigación de la pieza separada a infoLibre.

Según las mismas fuentes, la confesión del extesorero de que es el autor de la contabilidad B aporta una "presunción de veracidad" a los documentos, que hasta hace unas semanas eran conocidos como los papeles de Bárcenas, y que en un principio el PP identificó públicamente como "los papeles de El País" y los definió como "unas fotocopias de unas fotocopias". Y los definió así al considerar que el periódico había publicado una documentación que no era real. Pero la declaración de Bárcenas pone de manifiesto que fue el propio vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, de quien partió la iniciativa para convencer al extesorero de que negara la veracidad de los documentos.

De esta forma, la decisión de Bárcenas de colaborar con la Justicia, aportando los originales de la caja B y otras carpetas que demostrarían presuntamente la financiación irregular del PP, ha marcado un importante hito en la instrucción. Y por eso los responsables de las pesquisas ya buscan los delitos concretos que presuntamente habrían cometido las personas que aparecen en la documentación suministrada por el extesorero del PP.

Otro de los elementos fundamentales que justifica este importante cambio en la instrucción son los documentos incluidos en las ya conocidas como carpetas de Bárcenas. El extesorero las aportó durante su declaración del pasado 15 de julio. La importancia de estos documentos se debe a que relacionan los apuntes de la contabilidad B con los nombres que ahí aparecen. Por ejemplo, en el caso del sociólogo de cabecera de José María Aznar y de Rajoy, el empresario Pedro Arriola, que según los documentos aportados por Bárcenas pudo haber cobrado varios millones de pesetas en negro. Según la acusación popular de Manos Limpias, Arriola percibió de forma oficial, pero también de la contabilidad B del PP por la gestión de "la cuenta norte" del partido.

Etapa inicial superada

De esta forma, el caso ya ha superado su etapa inicial, en la que todas las diligencias tenían como finalidad tratar de confirmar la veracidad de los papeles de Bárcenas. Ahora, la instrucción trabaja ya con la hipótesis de que los apuntes son ciertos. Y este es el motivo por el que Ruz ha pedido ya a los peritos de la Agencia Tributaria adscritos al caso Gürtel que le informen sobre si el PP y las personas que figuran en los papeles de Bárcenas como receptores de dinero de la caja B del partido cometieron un delito fiscal contra la Hacienda pública desde 2007 en adelante, pues los anteriores ejercicios ya estarían prescritos.

Los documentos de Bárcenas muestran que los políticos del PP que presuntamente percibieron sumas de la contabilidad B desde 2007 fueron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Ángel Acebes, Alberto Fernández, Cristóbal Páez, Javier Arenas, Luis Fraga, María Dolores de Cospedal y Álvaro LapuertaCristóbal PáezJavier ArenasLuis FragaMaría Dolores de CospedalÁlvaro Lapuerta. Estos son, en definitiva, algunos de los nombres de las personas que podrían acabar siendo llamados a declarar a la Audiencia Nacional en relación con delitos contra la Hacienda Pública. Para tomar una decisión al respecto, el juez deberá comprobar si las cantidades que ahí aparecen podrían ser constitutivas del citado delito. En dichos informes los peritos deberán calcular las cuotas que los políticos pudieron defraudar.

En busca del delito de cohecho

En el mismo sentido, el juez Ruz ha pedido también a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que informen sobre si hay relación entre las donaciones al PP realizadas por empresarios imputados en la causa y las contrataciones obtenidas de las administraciones públicas gobernadas por los conservadores, lo que podría determinar los posibles delitos de cohecho. Y por eso este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda deberá analizar el presunto cobro de 200.000 euros por parte del gerente de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas CañadaJosé Ángel Cañas Cañada. Según el testimonio de Bárcenas, ese dinero lo habría pagado la empresa Sacyr a petición de la secretaria general del PP y presidenta manchega, María Dolores de Cospedal. A cambio, según el extesorero del PP, la empresa Sufi (filial de Sacyr) obtuvo la adjudicación del contrato de las basuras de Toledo. El apunte no figura en las cuentas del partido, ni en la contabilidad electoral.

Un primer análisis de la adjudicación del contrato de la gestión de la basura del Ayuntamiento de Toledo determina una importante coincidencia con el mayor pelotazo urbanístico incluido en el sumario del caso Gürtel, que tuvo lugar en el municipio madrileño de Arganda del Reycaso GürtelArganda del Rey. Tanto en Toledo como Arganda ambos ayuntamientos, gobernados por el PP, dejaron en manos de empresas privadas una parte del proceso del concurso público.

De hecho, Bárcenas se refirió a los dos casos en su declaración del pasado 15 de julio. Sobre Toledo dijo que Cospedal le llegó a asegurar que el contrato de basuras para Sacyr "estaba encaminado", mientras que en relación a Arganda reconoció haber participado con Rajoy y Álvaro Lapuerta en una reunión en la que el extesorero les alertó de ciertas irregularidades en beneficio de la empresa Martinsa. En este sentido, Bárcenas explicó que el partido no percibió nada de Arganda. Pero Francisco Correa sí. Más de 20 millones de euros, que acabaron en una de sus cuentas de Suiza.

Declaración de los gerentes de Castilla-La Mancha y de Galicia

En este sentido, las acusaciones populares del PSM y del Observatorio DESC han solicitado que el gerente del PP de Toledo declare como imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. El juez Ruz, que todavía no ha decidido nada al respecto, ya ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre esta posibilidad. Igual ha hecho con la petición de las acusaciones sobre el exgerente del PP gallego y compañero de pupitre de Mariano Rajoy, Ángel Piñeiro, quien en los años noventa recaudó hasta 200 millones de pesetas para el partido.

Asimismo, el Ministerio Público también ha sido interpelado por el juez en el mismo sentido acerca de la petición de Manos Limpias de que declaren como testigos otros de los presuntos políticos perceptores de los conocidos como sobresueldos en B que aparecen en la contabilidad manual de Bárcenas. Pero esta diligencia podría ser superada si los informes solicitados por Ruz indican que los politicos del PP identificados han podido cometer algún delito. En este caso Ruz deberá determinar si eleva al Tribunal Supremo una petición sobre la imputación a Mariano Rajoy. Una posibilidad que en este momento no está ni sobre la mesa.