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Caso ERE

Los ERE se convierten en el mayor caso de corrupción en número de imputados

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La jueza Alaya ha dado este martes un nuevo golpe sobre la mesa antes de irse de vacaciones. En esta ocasión, ha imputado a 23 personas más en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía, por lo que el número de encausados asciende actualmente a 116, superando al mayor caso de corrupción en España hasta el momento, el caso Malaya, que investiga la gestión del Ayuntamiento de Marbella.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto con fecha 31 de julio en el que se recoge la imputación de 23 nuevas personas por la presunta administración fraudulenta de fondos autonómicos para financiar expedientes de regulación de empleo carentes de justificación, así como diferentes subvenciones a empresas o ayuntamientos andaluces

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Entre los 23 nuevos imputados se encuentran dos de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos. La jueza los relaciona con el exsindicalista jiennense Juan Lanzas, uno de los principales protagonistas en la trama de los ERE. Los hijos del empresario jerezano habrían estado relacionados con un expediente de regulación de empleo fraudulento en el hotel Cervantes de Torremolinos, propiedad de los Ruis-Mateos. Además, en este nuevo grupo de imputados figuran intermediarios de los expedientes, trabajadores, defraudadores que recibieron indemnización sin haber trabajado y directivos de las empresas Intesur, SOS Cuétara, Cespa, Fuenteovejuna y Saldauto, según informa El Diario de Sevilla.

En este momento, entre los 116 imputados se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; y el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, entre otros.

La cantidad de imputados puede aumentar a medida que avance la investigación, que intenta esclarecer el destino de los fondos dedicados a los ERE en Andalucía, que ascendieron a 721 millones entre 2001 y 2010.

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