El Gobierno se escuda en la Ley de Protección de Datos para no dar la lista de los indultados

La lista la componen 48 nombres y sólo se conocen dos nombres: Daniel Galván Viña, pederasta, condenado a 30 años de prisión por abuso de menores, y Antonio García Ancio, que carga con una pena de diez años por tráfico de hachís. Pero a partir de ahí se acaba la información. No se sabe la identidad de los otros 46 indultados por Mohamed VI –el soberano alauí revocó después el perdón a Galván–, y el Gobierno no está dispuesto a facilitarla y para ello invoca la Ley Orgánica de Protección de Datos, una norma pensada para regular el tratamiento de los datos personales y la creación de ficheros de carácter personal y que nada tiene que ver con las medidas de gracia. 

El pasado lunes, este diario reclamó al Ministerio de Exteriores el listado de los 48 reclusos a los que Marruecos concedió la medida de gracia. No hubo forma. Es información "reservada", alegaron fuentes del departamento. Para entonces, el Gobierno ya había explicado que la Embajada de España en Rabat había sido la responsable de la confección de los dos estadillos que se presentaron a las autoridades del país magrebí: uno, con la propuesta de 18 reos indultables; el otro, con los nombres y apellidos de 30 internos para los que se solicitaba la repatriación. En esta segunda relación figuraba Galván. Marruecos, por "error", fusionó ambas listas y el soberano indultó directamente, sin discriminación, a los 48 españoles. 

infoLibre volvió a dirigirse ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel García-Margallo –que hasta ahora no ha dado ningún tipo de explicaciones públicas–, para reclamar el listado completo de los 48 indultados. "Esa lista no es pública. Y tenemos previsión de hacerla pública, pese a que lo haya pedido la oposición. No lo hacemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos", justificaban fuentes diplomáticas. El Gobierno se escuda en los artículos 6 y 7 de la norma aprobada en 1999.

El primero de esos artículos invocados por Exteriores alude genéricamente al "consentimiento del afectado" para la recogida de datos suyos de carácter personal, y el segundo, a los datos "especialmente protegidos", como la ideología, la religión o las creencias. En el punto 7. 5 –epígrafe expresamente citado por las mencionadas fuentes– se estipula que "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras". Pero en este caso no se habla de ficheros, sino de que el Gabinete de Mariano Rajoy divulgue los nombres que él mismo recogió en una doble tabla entregada a Marruecos. 

Justicia no sabe la situación de los 29 perdonados por "error"

La justificación gubernamental choca más aún si se tiene en cuenta que el Consejo de Ministros lleva al Boletín Oficial del Estado cada indulto que aprueba, ofreciendo en cada caso el nombre del agraciado, el delito cometido y la pena recibida. ¿Por qué entonces la discriminación? Fuentes diplomáticas ofrecieron como único argumento que el pasado 30 de julio quien perdonó fue el rey Mohamed VI –y no el Ejecutivo español–, y los beneficiarios, reos condenados en Marruecos (y no en España). Sin embargo, fue la propia Embajada la que elaboró la relación de reclusos que se entregó a las autoridades del país vecino, como han recalcado el Gobierno y el PP.

El Gobierno alega hasta desconocimiento de la situación de los otros 29 indultados por "error": ayer, el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, dijo ignorar qué había pasado con ellos. En una charla informal con periodistas, reconoció que no sabía las penas concretas por las que habían sido sentenciadas esas personas, aunque "en más de un 90%" lo son por tráfico de drogas, informa Europa Press. 

La oposición exige saber qué ha pasado con Galván y con los demás. El PSOE, a través de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, y su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, presionó al Gobierno para que facilitase la tabla completa porque, aparte del pederasta, hay "29 errores más". "También nos gustaría saber quiénes son esas 29 personas indultadas por error", aseguró la número dos en la Ser. Horas más tarde, Valenciano exigió de nuevo "toda la información" de los presos indultados en su muro de Facebook. "La lista debe ser pública". Tal y como adelantó la dirigente socialista a este periódico, si el Gobierno no ofrece las identidades de los otros indultados, reclamará la lista a través de una pregunta en el Congreso.

Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y secretario de Comunicación de IU, "no descarta en absoluto" demandar todo el listado. "No es de recibo que Exteriores se ampare en la Ley de Protección de Datos, porque no es una cuestión de datos personales, sino de claridad y de transparencia. ¿Por qué no lo hace el Gobierno? Porque ya van muchas meteduras de pata. Si se pidió el traslado de 30 reclusos, es porque sus delitos eran de cierta entidad. ¿Por qué se les incluyó a ellos y no otros? ¿Con qué criterios se hizo el listado?". 

Sixto reiteró que no tiene "ninguna lógica" que el Gabinete del PP se niegue a dar nombres, cuando en España para pedir indultos "hasta se hacen campañas". Es el caso de Antonio García Vidriel, un camionero preso y enfermo detenido en 2012 y condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. La plataforma Presos Marruecos impulsó la recogida de firmas en Change.org para empujar a favor de su traslado. Él fue el único recluso al que el rey Juan Carlos citó en su viaje a Marruecos del mes pasado, y sin embargo no fue perdonado. Sí obtuvo la gracia real su hijo, Antonio García Ancio. A ambos los arrestaron con casi nueve toneladas de hachís. 

Figura regulada en España por una ley de 1870

La fundación ciudadana Civio, a través de su proyecto El indultómetro, ha venido denunciando la "arbitrariedad" que pesa sobre la figura del indulto. Y no es una cuestión privativa del soberano alauí, claro. "En Marruecos y en España funciona de forma parecida. Quitado el detalle de que en España el indulto no es revocable y en Marruecos parece que sí, no hay muchas diferencias", asegura el cofundador y director de la plataforma, David Cabo. Aquí, el Ejecutivo tiene la obligación de publicar en el BOE el nombre del perdonado, el delito, la pena que recibió y el tipo de indulto, pero ahí se acaban las explicaciones, porque "no tiene que decir por qué concede una medida de gracia al reo, ni hacer caso al informe del juez. Es una medida, por tanto, discrecional, y regulada por una ley de 1870. La diferencia es que ahora el Ejecutivo del PP se niega siquiera a proporcionar esos mínimos detalles. "La Ley de Protección de Datos es la que se usa para todo, la que siempre se invoca para no dar información, o directamente no se contesta. Y no hay forma de obligar a la Administración, menos aún cuando todavía no existe una Ley de Transparencia". 

En números absolutos, tampoco es tan excepcional la cifra de agraciados por el último perdón real de Mohamed VI, el pasado 30, con motivo de la Fiesta del Trono: 1.044 reclusos en total, 48 de ellos españoles. Como recogió Civio, el 1 de diciembre de 2000 recibieron la medida de gracia 1.328 presos de una tacada –entre ellos, el exjuez Javier Gómez de Liaño, hoy abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas–, un indultazo indultazoque el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó por la cercanía del fin del milenio y porque aquel era un año jubilar.

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10.158 indultos desde 1996, unos 600 al año

Desde 1996, según los cálculos de la fundación, se han decretado en España 10.158 indultos, unos 600 por año (1,64 al día). En todos estos años, se ha perdonado todo tipo de delitos: contra el medio ambiente, prevaricación, malversación o delitos cometidos contra la libertad individual. Y a veces el Gobierno ha indultado contra el criterio de los jueces, como ocurrió con cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturar, amenazar, golpear y meter una pistola en la boca a un hombre detenido por error. Tras un primer perdón, las penas se redujeron a dos años y así, se evitaba teóricamente la cárcel, pero la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió su ingreso en prisión. El Gobierno de Rajoy volvió entonces a perdonarles. 

El indulto es una prerrogativa tan exclusiva del Gobierno que ni siquiera los tribunales pueden oponerse a ella más que por cuestiones formales, por que el Ejecutivo se haya saltado algún paso, como ocurrió con el perdón que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander hasta el pasado abril. Como resume Cabo, "hay casos de sobra por los que indignarse: terroristas de estado, corruptos, policías torturadores, kamikazes, funcionarios prevaricadores, más de 1.000 indultos de una vez...".