Lapuerta avisó en 2008 a la cúpula del PP de sus sospechas sobre los sobornos de ‘Gürtel’

Álvaro Lapuerta, predecesor de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del PP, avisó a la dirección del partido en 2008 de sus sospechas sobre las relaciones entre altos cargos municipales y autonómicos madrileños con el grupo de empresas de Francisco Correa. Según fuentes cercanas a Lapuerta, sobre cuyo estado de salud ha pedido un informe el juez Pablo Ruz para dirimir si está o no en condiciones de declarar como imputado en la pieza de los papeles de Bárcenas, el aviso se produjo en 2008. Es decir, meses antes de que el entonces juez Baltasar Garzón hiciera estallar el caso Gürtel y decretase la imputación de varios alcaldes del PP madrileño y de Alberto López Viejo, entonces consejero de Deportes y exdirector de campaña de Esperanza Aguirre.

Las fuentes consultadas sugieren que de aquel episodio –Lapuerta habría alertado al equipo de Rajoy o al propio presidente tras reunirse con los cargos implicados– queda constancia escrita. Otra fuente va más allá y asegura que posee copia del resumen que Lapuerta fue haciendo de aquellas reuniones con aquellos alcaldes y diputados cuya carrera política acabó en 2009 sepultada por un alud de indicios delictivos vinculados al caso Gürtel. Ninguna de las personas consultadas ha detallado a cuántos de los cuatro exalcaldes –Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda- y exdiputados –tres, contando a López Viejo- habría llamado Lapuerta a capítulo ni en qué fecha exacta se celebraron las reuniones.

El viernes, infoLibre preguntó sobre este asunto a portavoces oficiales del PP. No hubo respuesta. Pero otras fuentes del PP ajenas a Lapuerta y su entorno matizaron que “es probable” que tal aviso existiera. Cuál fue la reacción de Rajoy y su equipo constituye una incógnita, aunque la secuencia de hechos –ninguno de los que eran alcaldes ni los tres diputados fueron apartados de la formación ni de los cargos que entonces ostentaban– apunta a que el aviso no tuvo consecuencias.

El predecesor y mentor de Luis Bárcenas, con quien ahora mantiene no solo un ostensible alejamiento sino un cúmulo de recelos –cambió de abogado en julio, después de que el que hasta entonces le representaba, Javier Iglesias, fuese a ver a su antiguo pupilo a prisión– posee un largo historial de enfrentamientos con el PP de Madrid. Son empleados de la Comunidad los que permanecen imputados por el caso espionaje interno contra varios desafectos de Aguirre, cuya citación como testigo en la pieza principal del caso Gürtel han solicitado los socialistas. El PSM sostiene que la expresidenta debe aclarar lo que sabe sobre los contratos fraudulentos que la Comunidad de Madrid adjudicó a empresas de la red corrupta, máxime porque fue ella misma quien, en febrero de 2009 y tras el cese de Alberto López Viejo como consejero, remarcó que había dado orden de no contratar con el grupo de Correa. Entre 2004 y 2008, la constelación empresarial de Correa logró del Gobierno de Aguirre 104 contratos fraccionados por 3,16 millones de euros. Al trocearlos y minorar así su importe, la Comunidad eludía la obligación de convocar concurso y daba vía libre a la adjudicación a dedo.

Fue en el escenario madrileño donde se produjo el mayor pelotazo investigado en el caso Gürtel: la adjudicación a Martinsa, supuestamente amañada, de una enorme bolsa de suelo en el municipio de Arganda del Rey, a 30 kilómetros de la capital. De aquel pelotazo, Lapuerta y Bárcenas advirtieron en noviembre de 2004 a Aguirre y al propio Rajoy. Al mes siguiente, la adjudicación se hizo oficial. Y nada, salvo que Martinsa obtuvo enormes plusvalías, ocurrió hasta que la investigación del caso Gürtel halló conexiones entre aquel pelotazo y los manejos conjuntos del grupo de Francisco Correa y los dirigentes del PP madrileño imputados en el caso.

Entre las víctimas del caso de espionaje, que avanza a trancas y barrancas en un juzgado de Madrid, se cuenta la diputada Carmen Rodríguez Flores, muy próxima a Lapuerta y cuyo incremento patrimonial atribuye el diario El Mundo a su buena relación con donantes del PP que luego obtuvieron contratos públicos. Allegados a Flores, que niega tajante cualquier relación entre sus compras de inmuebles y el dinero opaco que pudiera haber fluido hacia el partido y se ha pertrechado de documentación registral y tributaria de manera precautoria, ven en esas informaciones la mano de Bárcenas. E interpretan el ataque como un signo inequívoco de que el extesorero ha puesto la proa contra su predecesor. O sea, contra Lapuerta.Declaración de cascos y Arenas

Pero, con o sin Rodríguez Flores, Lapuerta, cuyos hijos denunciaron a comienzos de julio las “extrañas” caídas que llevaron a su padre al hospital e hicieron temer por su vida –el extesorero ya ha vuelto a su domicilio–, aparece hoy situado en el ojo del huracán. Allí lo colocaron la semana pasada Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, ambos exsecretarios generales del PP, cuando le señalaron en sus respectivas declaraciones testificales como el máximo responsable de las finanzas del PP. Tanto Cascos como Arenas subrayaron de forma florida –especialmente el segundo– la honorabilidad de Lapuerta. Pero, aun envuelto entre algodones, dispararon el dardo al destacar su papel nuclear como tesorero, puesto que desempeñó entre 1993 y 2008.

El PP equipara ahora a Bárcenas con Lapuerta en el caso de los sobresueldos

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La coincidencia entre el ataque atribuido a Bárcenas y la florentina declaración de Cascos y Arenas plantea la incógnita de si, aun embarcados hoy en una guerra abierta, han encontrado en Lapuerta un punto de coincidencia. A punto de cumplir 86 años, Lapuerta adolece de una frágil salud física y mental. Endosarle el papel de chivo expiatorio se perfila como una opción tentadora aunque el cambio en la defensa de Lapuerta, ahora representado por el independiente Cristóbal Martell, podría deparar sorpresas.

Ahora, Ruz se encuentra a la espera de que los peritos calígrafos verifiquen si las rúbricas o “visés” que aparecen en los papeles de Bárcenas fueron obra de Lapuerta, quien en febrero negó la autoría. De momento, los próximos a Lapuerta se aferran a la tesis de que el extesorero no está en condiciones de declarar, lo que, objetivamente, le hace ganar tiempo.

Pero si los peritos concluyen lo contrario, Lapuerta tendrá que desfilar ante el juez y está por ver si se ratificará en la declaración que, con un desmentido tajante sobre la existencia de una contabilidad paralela, prestó en febrero ante la Fiscalía Anticorrupción. En todo caso, y si los peritos le obligan a comparecer ante el juez, la citación marcará una fecha posterior a la del juicio donde el día 2 de septiembre se verá en Toledo la demanda de María Dolores de Cospedal contra Bárcenas. Antes del hipotético interrogatorio judicial de Lapuerta ya habrán declarado las secretarias de los dos extesoreros, convocadas como testigos para el próximo día 10. Entonces, ya habrá expirado el plazo de cinco días que el magistrado dio el viernes al PP para que entregue los dos ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede central de Génova. Según el entorno de Bárcenas, uno de ellos contenía copia informática de la contabilidad B. De todo ello podría arrojar luz Lapuerta. Pero, de momento, persiste en el silencio. Y su entorno asegura que, hoy por hoy, no está dispuesto a “hacer barcenadas”.