Competencia amenaza con imponer una multa histórica

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto este miércoles siete expedientes sancionadores a fabricantes y distribuidores de automóviles por la presunta comisión de prácticas prohibidas. Según el organismo, existen "indicios racionales" de que se han pactado precios, se ha intercambiado información "sensible" y se han establecido acuerdos para limitar la libre competencia en el sector.

La investigación del supervisor tiene dos ejes. Por una parte, los expedientes anunciados afectan a una buena parte de los vendedores del mercado automovilístico español. Tras realizar investigaciones entre los meses de junio y julio de este año, la CNC apunta a las distribuidoras de Volkswagen, Audi, Seat, Nissan, Toyota, Land Rover, Hyundai y Opel por "fijación de precios y condiciones comerciales" y por compartir datos "comercialmente sensibles".

En segundo lugar, planea la sospecha sobre la relación entre fabricantes y concesionarios. La CNC cree que una serie de productores y vendedores han colaborado compartiendo información "estratégica". Se trata en este caso de Nissan, Renault, Toyota, Chrysler, General Motors, Fiat, Ford, Chevrolet, Hyundai, Honda, Kia, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Audi, y de las consultoras Urban Science y Snap-On Business Solutions.

En un comunicado, la CNC asegura que la investigación de los cárteles es una de sus prioridades por "la especial gravedad" del perjuicio que causan a los consumidores, y advierte de que la sanción, de certificarse la comisión de prácticas ilícitas, podría alcanzar el 10% del volumen de negocio total de las infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.

A modo orientativo, cabe señalar que la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), estima que la facturación de los puntos de venta supera los 22.000 millones de euros anuales. Por su parte, ANFAC, la patronal de los fabricantes del sector, no ha precisado cifras.

Patronal y consumidores, enfrentados

Tras el anuncio del organismo supervisor, fuentes de ANFAC han asegurado que la CNC no se ha dirigido a los fabricantes en ningún momento y han insistido en que, a su juicio, la investigación "está más enfocada a los concesionarios". Estas mismas fuentes han exigido que "no se prejuzgue la decisión final" y han recordado que "por el momento, no hay un sanción".

En la misma línea, Faconauto ha afirmado que "no tiene constancia" de las prácticas referidas por la CNC. "El del automóvil es un sector con mucha competencia entre diferentes marcas y concesionarios, eso lo sabe todo el mundo", han insistido. Además, se ha defendido con el argumento de que el precio de los automóviles que se venden en España es cada vez más bajo, al tiempo que aumentan los descuentos: "El precio medio efectivo ha descendido un 9,3% desde 2007 y la promoción media por vehículo ha pasado de los 18.44 euros en 2007 a los 3.970 euros en lo que va de ejercicio", ha señalado la patronal.

Sin embargo, estos datos no convencen a la organización de consumidores FACUA. En declaraciones a este medio, su portavoz, Rubén Sánchez, ha explicado que la bajada de precios en el sector responde a la actual coyuntura económica, a la caída de la calidad de los vehículos que se venden en España y al progresivo abaratamiento de las tecnologías y de los componentes electrónicos.

Al tiempo, Sánchez ha calificado como de "extraordinaria gravedad" los hechos que plantea la CNC, ya que afectan a un "sector clave" para la mayoría de consumidores y porque muchas de las empresas del sector "reciben enormes subvenciones". En concreto, y según datos de la agencia de calificación Axesor correspondientes a 2012, hay hasta tres empresas del sector entre las 10 más financiadas por el sector público: Peugeot-Citroën, que ocupa la primera posición con más de 66 millones de euros recibidos en un único ejercicio; Renault, que ocupa la quinta posición con 23 millones de fondos públicos e Iveco, no afectada por la investigación de la CNC y que recibió 20 millones en 2012.

"Como contrapartida a ese dinero público, las empresas someten al Gobierno a un chantaje en el que exigen vender coches subvencionados a cambio de no cerrar fábricas", ha dicho Sánchez. Si se confirman las sospechas de la CNC, ha añadido, se tratará de un "doble escándalo" en toda regla.

Además, FACUA ha reclamado que se modifique al alza la cuantía de las sanciones que impone Competencia. En palabras de su portavoz, "es rentable cometer fraudes en esta materia": "Puedes llevar 20 años pactando y la mayor multa es de apenas el 10% del negocio de un año".

Competencia expedienta a 15 fabricantes de automóviles por infracciones muy graves

Ver más

Bajo sospecha

No es la primera vez en la que la CNC advierte prácticas contrarias a la libre competencia en el sector del automóvil. A principios de mes, el supervisor multó con 35 millones de euros a 17 empresas y 2 asociaciones de alquiler de vehículos. En aquella ocasión, el organismo consiguió probar la existencia de un cártel activo entre 2005 y 2011 que tenía por objetivo la restricción de la competencia y la fijación de precios similares entre todas las compañías.

A partir de ahora, según el propio comunicado de Competencia, el organismo dispone de 18 meses para la instrucción y la resolución de los expedientes, que podrían concluir con una multa millonaria. Eso sí, la nota difundida por el supervisor abre la puerta a que alguna de las empresas preguntamente infractoras quede libre del pago de la correspondiente sanción: "La empresa que forma parte de un cártel y aporta elementos de prueba puede beneficiarse de la exención de pago o de una considerable reducción del importe", se señala.