Rajoy cobró como político y como registrador al menos mientras se lo permitió la ley

Convertida por el PP en prueba máxima de la honestidad de su jefe de filas, la idea de que Mariano Rajoy renunció a mucho dinero al optar por la política en detrimento de su plaza de registrador lleva meses sobrevolando el debate abierto por los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas y los suculentos sobresueldos internos. En medio del terremoto provocado por la publicación de la supuesta contabilidad B del PP, el propio presidente lanzó en febrero una afirmación que ahora cuestionan los datos de su expediente como registrador. "Yo ganaba más dinero en mi profesión que en la política", dijo ante la cúpula del PP para agregar esto a renglón seguido: "No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero, pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida".

Pero, según su expediente, el líder del PP cobró entre 1981 y 1985 como cargo público y también como registrador. Al conseguir su primer escaño, en octubre de 1981, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción. Solo renunció a esos honorarios en noviembre de 1985, es decir, 14 meses después de que hubiera entrado en vigor la ley que pasó a prohibir la doble cobranza a todos los funcionarios, incluidos los registradores.

Los datos del expediente

Los datos a los que ha tenido acceso infoLibre y que constan en el expediente oficial de Mariano Rajoy, cuyo traslado a un “archivo de seguridad” bajo llave del Ministerio de Justicia ordenó el Gobierno de Aznar en 2001, señalan en una dirección distinta a aquella de la que el PP ha hecho bandera. El hoy presidente solo pidió excedencia por servicios especiales el 29 de noviembre de 1985, cuando llevaba cuatro años compatibilizando sus prerrogativas como registrador con distintos cargos públicos en Galicia. Al menos hasta esa fecha, cobró por tanto como registrador no ejerciente pero titular.

Cuando Rajoy solicitó el 29 de noviembre de 1985 su pase a situación de servicios especiales, había transcurrido un año y medio desde la promulgación de la ley 30/1984 de Reforma de la Función Pública. Esa norma prohibió de forma taxativa que un cargo público pudiese percibir también la retribución correspondiente al puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección o designación.

Aunque operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores son funcionarios, por lo el contenido de esa ley afectaba al entonces diputado autonómico en Galicia y presidente de la Diputación de Pontevedra, Mariano Rajoy.

Expertos consultados por este diario sostienen que, en realidad, el conflicto planteado por legislaciones contrapuestas –la general de incompatibilidades y la particular que rige en materia hipotecaria– no se solucionó hasta septiembre de 1998. En esa fecha, y ya con Rajoy como ministro de Aznar, el Gobierno introdujo un nuevo artículo, el 552, en el Reglamento Hipotecario. El nuevo precepto atribuye de manera explícita a los registradores interinos "la totalidad de los honorarios" que devengue el registro cuyo titular ha alcanzado un cargo público incompatible. ¿Por qué el Ejecutivo modificó el reglamento si ya la ley aprobada en 1984 se suponía suficiente para impedir la doble percepción de retribuciones por parte de registradores con escaño o puesto político de designación? Hasta ahora, nadie lo ha explicado.

Honorarios incalculables

El pasado mes de julio, y en plena polémica sobre los papeles de Bárcenas y lo sobresueldos del PP, el ministro José Manuel García Margallo extremó el mensaje oficial sobre las virtudes cívicas de Mariano Rajoy. Margallo definió como “incalculable” lo que el presidente del Gobierno perdió “para entregar su vida en servicio de España”.

En realidad, también hoy resulta imposible calcular cuánto ingresó como registrador el hoy presidente entre diciembre de 1981 y el mismo mes de 1985. Pero si las ganancias de aquella época se presentan como una incógnita, el hecho incuestionable es que, en el cuatrienio 1981-1985 el presidente fue simultaneando la titularidad sucesiva de tres registros –el coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y el alicantino de Elche- con varios cargos públicos: diputado al Parlamento gallego tras el acta que logró en las elecciones del 20 de octubre de 1981, director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta de Galicia y presidente de la entonces codiciada Diputación de Pontevedra y del PP en esa provincia.

Según la obra Treinta años del Parlamento Gallego, editada en 2011 por esa Cámara, el sueldo asignado a uno de sus diputados en 1982 ascendía a 60.000 pesetas, cifra a la que se sumaba 5.000 pesetas por asistencia a cada sesión y 11 pesetas por kilómetro recorrido. En aquella época, también gozaba ya de remuneración estable la Presidencia de la Diputación de Pontevedra, aunque las fuentes políticas consultadas entre quienes ocuparon cargos en esa institución no han podido precisar cantidades.

Reparto de las ganancias con el sustituto

Rajoy cobró legalmente como registrador titular con cargo público al inicio de su carrera política. Lo hizo gracias al artículo 541 del Reglamento Hipotecario, que en aquellos años permitía a los registradores elegidos o designados para un cargo público repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a concurso.

El artículo 541 del Reglamento Hipotecario, aquel que utilizó Rajoy para su doble cobranza y cuya vigencia, aunque difusa, se extendió hasta que la norma incorporó un nuevo artículo en 1998, no precisaba qué porcentaje correspondería al registrador titular y cuál al registrador interino. El precepto solo ofrecía una indicación genérica: si el titular renunciaba a su parte, los ingresos que le correspondieran irían a la Mutualidad Benéfica del Colegio de Registradores. Fuentes del sector aseguran que el porcentaje asignado a ese fin por el Colegio de Registradores varía cada año, pero en general no desciende del 25%. 

Pero la ventajosa prerrogativa que el Reglamento ofrecía a los registradores con escaño o cargo ejecutivo público quedó teóricamente en papel mojado tras el verano de 1984. El 2 de agosto de ese año, la publicación de la Ley 30/84, de medidas para la Reforma de la Función Pública, introdujo un cambio drástico: a partir de ese momento, los cargos públicos que fuesen funcionarios –y los registradores lo son– quedaban sujetos a prohibición expresa de percibir retribuciones por el puesto funcionarial para el que hubiesen sido declarados en excedencia, los llamados servicios especiales. El artículo 29 de la ley expresaba la prohibición del siguiente modo: “En todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios”. La ley entró en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.

Primera declaración de compatibilidad en 1982

El expediente oficial de Mariano Rajoy como registrador aporta datos exactos sobre los permisos que obtuvo para seguir recabando honorarios registrales. La primera resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que le autorizó a reclamar los “beneficios” previstos en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario para los registradores con escaño o cargo público de designación lleva fecha del 15 de marzo de 1982.

Tras dejar el registro de Padrón en manos del interino por él propuesto, Celestino Pardo, Rajoy toma posesión el 30 de octubre de ese año de la plaza de Berga. A renglón seguido, deja su llevanza en manos de otro sustituto, Ramón Abelló Margalef.

Transcurridos tres años, Rajoy fue nombrado titular del Registro de la Propiedad número 4 de Elche el 28 de octubre de 1985. Apenas un mes después, el 29 de noviembre de aquel año y cuando la ley 30/1984 llevaba más de un año en vigor con su prohibición de doble sueldo para los funcionarios con cargo público, Rajoy elevó una solicitud al Ministerio de Justicia: pedía excedencia especial de conformidad con el artículo 29 de la citada ley 30/1984.

A tenor de la anterior secuencia de hechos, Rajoy cobró como registrador al menos hasta diciembre de 1985. De nuevo, Moncloa ha declinado responder las preguntas de infoLibre, por lo que resulta imposible datar el momento exacto en que el presidente se avino a percibir únicamente el sueldo de cargo público así como a cuánto ascendieron sus ingresos como registrador cuando ya estaba en política.

Pero, aun a falta de versión oficial, la información recabada por este diario indica que Rajoy logró la excedencia solicitada con velocidad meteórica: el 3 de diciembre de 1985, fecha en que la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó su resolución aprobatoria y ordenó nombrar sustituto para el registro del que Rajoy era titular, el de Elche. El líder conservador quedó así en situación de servicios especiales con reserva de plaza por incompatibilidad con el cargo de presidente de la Diputación de Pontevedra.

de Pontevedra a santa pola

Los presidentes de Diputación eran el verdadero poder fáctico en Galicia, única comunidad autónoma en aquella época donde gobernaba la Alianza Popular luego refundada como PP y entonces nutrida por el voto rural. Lo constata el siguiente hecho: el 9 de diciembre de 1985, es decir, una semana después de que Rajoy hubiera pasado a servicios especiales en virtud de un artículo que le prohibía percibir honorarios del Registro de Elche, el diario El País informó de la guerra abierta entre Rajoy y el entonces secretario general de la AP gallega, José Luis Barreiro, dispuesto a recuperar para sí el poder del partido en Pontevedra con la ayuda de Manuel Fraga. Rajoy se negó a ceder el puesto.

Tras aquella batalla, Rajoy terminó por ascender a la Vicepresidencia de la Xunta el 4 de diciembre de 1986, momento en que solicitó que se le confirmase en la situación de servicios especiales. De nuevo, su petición fue concedida. Esta vez, el 22 de enero de 1987.

A finales de aquel año y tras abandonar sus cargos públicos aunque no la presidencia de AP en Pontevedra, Rajoy reclamó el 29 de noviembre de 1987 su reincorporación al servicio activo como titular del Registro de Santa Pola. Oficialmente, solo atendió aquel registro dos años: el 29 de noviembre de 1989, y una vez elegido diputado al Congreso, pidió de nuevo su pase a servicios especiales. Esa fue su última petición, dado que desde entonces ha conservado el escaño. El 24 de marzo de 1990, el BOE publicaba el nombramiento de Gaspar Riquelme –la persona propuesta por el propio Rajoy- como registrador interino de Santa Pola. Veintitrés años después, Riquelme continúa ocupando la plaza del municipio costero alicantino como registrador “accidental permanente”. 

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Un agujero negro en las respuestas parlamentarias

Más allá de la cuestión legal, los datos que el expediente de Mariano Rajoy entrañan para el presidente un problema político. Máxime en un momento en que la existencia de dobles sueldos entre los cargos públicos del PP cuestiona la eficacia de la legislación sobre incompatibilidades.

Lo cierto es que el Gobierno ha obviado explicar a la oposición el sistema de doble cobranza del que se benefició Mariano Rajoy en los inicios de su carrera política. El paradigma lo constituye la respuesta que el Ejecutivo dio a la segunda tanda de preguntas parlamentarias que sobre este asunto planteó en febrero el diputado de IU Gaspar Llamazares. El enunciado de la pregunta inquiría respuesta individual a lo sucedido entre 1981 y 1985, cuatrienio en que el presidente era titular de los registros de Padrón y, luego, de Berga, al tiempo que ocupaba de manera simultánea sucesivos cargos públicos. El Gobierno despachó el trámite con una respuesta vaga que impedía conocer lo realmente sucedido a menos que el autor de la pregunta conociese los vericuetos del expediente oficial de Mariano Rajoy. Sobre aquel periodo, el texto dice lo siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.