Solo pienso en mí. El rey egoísta

Ahora solo pienso en mí. ¿El título de una versión egoísta de la famosa canción de Víctor Manuel? No. Fueron las claras y directas palabras pronunciadas por el rey Juan Carlos durante su viaje a Marruecos el pasado julio. Ahora solo pienso en mí, un buen lema para la divisa borbónica. La verdad es que no se le puede acusar de falta de coherencia en su trayectoria vital. Ni una sola acción en contra de sus intereses se puede encontrar en su biografía. Don Juan Carlos llegó a España, enviado por su padre, con siete años en 1948, un año después de que el general Franco transformara España en reino. Juró bandera con tan solo quince años y comenzó a participar en el desfile de la victoria a partir de 1959 y a presidirlo a partir de 1964. En 1969 aceptó la propuesta del general Franco de sucederle a título de rey. La trayectoria política del rey Juan Carlos desde que fue designado sucesor por el General Franco estuvo siempre ligada de forma explícita a la del dictador. Recomiendo leer todos los discursos pronunciados por el entonces príncipe en territorio nacional en los que no ahorraba elogios a la cruzada emprendida por el General Franco el 18 de julio. El mal carácter que ha desarrollado al cabo del tiempo, del que han sido víctimas, que sepamos, el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez o el pobre alcalde de Martorell no se le desató nunca contra el dictador.

Desde que fue investido sucesor del General Franco por la Ley de Sucesión en 1969, el príncipe Juan Carlos tuvo claro que uno de los motivos fundamentales de la aceptación del cargo era la oportunidad que le brindaba para reinstaurar la dinastía borbónica en España. Así se lo declaraba a su padre en la carta que justificaba la aceptación de la invitación franquista: “Queridísimo Papá: Acabo de volver del Pardo, a donde he sido llamado por el Generalísimo……me ha comunicado su decisión de proponerme a las Cortes como sucesor a título de rey……como español y como miembro de la Dinastía, me siento obligado a aceptar el nombramiento para que vuelva a España la Monarquía…” y así lo ha confesado en sus únicas declaraciones publicadas sobre el asunto: “Siempre he tenido el mayor respeto por los que han sido leales a mi padre hasta el último minuto… Hacía tiempo que la cuestión no era saber quién sería ó quién no sería el rey; la única cosa importante era traer de nuevo la Monarquía a España”. Lo importante no era devolver la democracia a los españoles, lo esencial era reinstaurar la monarquía, para él y su familia.

También aprovechó el discurso ante las Cortes franquistas de aceptación de la sucesión para, además de ensalzar la labor del general Franco y el inevitable golpe de Estado del 18 de julio de 1936, defender la legitimidad histórica de su familia: “Pertenezco por línea directa a la Casa Real española y en mi familia, por designios de la providencia, se han unido las dos ramas. Confío en ser digno continuador de quienes me precedieron”. Sobre lo que estaba dispuesto a ceder para alcanzar su preferencia inicial de la institucionalización de la Monarquía son suficientemente expresivos sus comentarios a Torcuato Fernandez-Miranda en 1973: “La Monarquía tiene que ser democrática. Es la única manera de que pueda ser aceptada en Europa y por el mundo y que pueda subsistir”.

Es un comportamiento racional, como el que de su padre D. Juan, al querer asegurar para él y su descendencia la jefatura del estado español. El entonces príncipe alcanzó su objetivo de proteger y garantizar la corona en el nuevo entramado constitucional, no así el mantenimiento de algunos privilegios y competencias que fueron rechazadas por la oposición política gracias a su lucha dentro de las Cortes Constituyentes. La Corona no tuvo una presencia material ni en la ponencia, ni en la comisión constitucional. Nunca se planteó la posibilidad de estar representada durante los trabajos constituyentes, aunque pudo seleccionar a 40 representantes que colaborarían en la redacción de la constitución desde el Senado. Aunque distintos autores no han dejado de resaltar el comportamiento altruista del Jefe de Estado español durante el proceso de elaboración constitucional, existe suficiente evidencia que demuestra que el rey tenía intereses políticos, personales e institucionales en la nueva constitución. No solo consiguió que se constitucionalizara su irresponsabilidad ante la ley o la falta de control parlamentario de las cuentas de la casa real, sino la protección especial de su familia. Pero pudo haber sido peor. Creo que vale la pena recordar cuales eran las primeras preferencias de la Casa Real sobre las atribuciones que debía conservar la Monarquía.

A partir de la llegada de Sabino Fernández Campo como secretario general de la Casa Real en 1977 se comenzaron a elaborar documentos sobre el diseño institucional de la Monarquía. El método elegido para que los informes de la Casa Real llegaran a los encargados de elaborar la Constitución fue la celebración de reuniones periódicas con el Presidente de las Cortes que había nombrado el rey Juan Carlos sin el consenso de las fuerzas de la oposición. El mismo Sabino Fernández Campo relató en su biografía autorizada que asistió como miembro de la Casa de su Majestad el rey a reuniones con el presidente de las Cortes Constituyentes para trasladarle de manera oficiosa (fiel al espíritu del proceso constituyente, opaco y sin explicaciones públicas) la idea de Monarquía que tenía la Casa Real, para que así fuera incluida en la Constitución.

Si destapamos la cortina del consenso, se puede demostrar que desde la Casa Real trabajaron en la defensa de la posición del Monarca dentro de la Constitución para dotar de contenido a sus atribuciones simbólicas y de arbitraje. Según ha dejado escrito el propio Sabino Fernandez Campo se intentaron conservar principalmente cinco atribuciones para asegurar la supervivencia política del monarca:

1) La posibilidad del rey de disentir abiertamente de una disposición legal sometida a su sanción. Esta disposición es semejante al trámite establecido en la constitución de 1812. Esta facultad, que está incluida en algunas constituciones democráticas europeas, fue utilizada por ejemplo en Bélgica para no obligar al rey a sancionar la ley del aborto. La UCD trasladó el encargo de la Casa Real a la Ponencia y esta postura fue defendida por Herrero de Miñón con el pretexto de salvaguardar al rey de firmar alguna ley que contrariara a sus principios.

2) La posibilidad del rey de tomar la iniciativa para convocar un referéndum sobre temas trascendentales para la Nación. El rey había convocado las Cortes y este mecanismo le permitía desatarse, siempre que lo estimara necesario, de las decisiones tomadas por el gobierno. Se pretendía situar a la Corona por encima de los programas, las promesas y los acuerdos de los partidos políticos. Esta válvula de seguridad permitía al rey, en última instancia, revelarse contra cualquier decisión de la mayoría parlamentaria que pudiera poner en peligro su supervivencia política. En entrevista con el autor de este artículo, las cabezas visibles del Ministerio de Justicia que dirigían el proceso constituyente, Landelino Lavilla y Miguel Herrero de Miñón, coincidían en la importancia de esta medida para permitir al rey impedir cualquier cuestionamiento de la unidad de España o de la estabilidad institucional.

3) La creación de un Consejo Real. Sería una continuación del Consejo del Reino que permitiría al rey tener un núcleo de personas con la función de generar su propia información para el ejercicio de la función monárquica sin tener que depender de los distintos gobiernos de España. El Consejo Real fue defendido hasta el final por Alianza Popular, que no retiró su enmienda hasta que fue derrotada en sede parlamentaria, ni renunció a defender su postura en boca de su diputado Laureano López Rodó. El argumento empleado desde la Casa Real era el siguiente: ya que la oposición se negaba a dar continuidad a la figura de los senadores por designación real, podría consolidar un espacio de autonomía política de la Monarquía en torno a figuras de reconocido prestigio.

4) La facultad del rey de dirigirse a los españoles mediante mensajes especiales en ocasiones muy puntuales. Esta atribución finalmente el rey la ha venido ejerciendo tanto en los mensajes de Navidad como en la Pascua Militar. La intención inicial era también crear espacios de autonomía mediante los que pudiera mantener públicamente posiciones políticas cercanas a la mayoría para no sufrir el desgaste de una política gubernamental abiertamente impopular.

5) La conservación de los cuarenta senadores reales. Mediante esta prerrogativa, el rey conservaba otro espacio de acción política. Al tener delegados permanentes en las Cortes, dificultaba la consecución de mayorías de la oposición política. De hecho, varios senadores reales fueron aleccionados para presentar enmiendas que mejoraran la posición del monarca en la constitución, según ha contado Miguel Herrero en sus memorias.

Si el rey hoy posee menos atribuciones y privilegios que los que le hubiera gustado tener, no es por su altruismo o generosidad, sino porque los principales partidos de la oposición democrática, entre ellos el PSOE, lucharon en condiciones mucho más adversas que las de ahora para que la constitución fuera lo más democrática posible. Hoy el problema no es que tengamos un rey egoísta, que ni confía en su hijo para que se haga cargo de su negocio, ni, lo más importante, confía en los españoles para que puedan decidir en libertad si quieren seguir manteniendo a su familia como una institución del Estado. El problema es que actualmente el principal partido de la oposición, el PSOE, no es capaz de apoyar ni la celebración de un referéndum para que los ciudadanos decidan la forma del Estado, ni de adherirse a la abdicación que pide a gritos el sentido común. Y si no hay una oposición fuerte, el rey va a seguir pensando en él.

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Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), co-autor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.