'caso de los Cobos'
El TC rechaza revisar la inhabilitación a Garzón por la militancia de Pérez de los Cobos
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad anular la providencia por la que, en noviembre de 2012, este tribunal de garantías rechazó revisar la condena de 11 años de inhabilitación que el Tribunal Supremo impuso a Baltasar Garzón. El que fuera juez de la Audiencia Nacional defendía que la providencia era nula porque no de sus firmantes fue el actual presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, que fue militante del PP.
El auto dado a conocer este miércoles señala que, con carácter general, no cabe la posibilidad de revisar o anular las resoluciones de este órgano y que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) "no contempla el incidente de nulidad de actuaciones entre los medios impugnatorios que pueden promoverse" contra sus resoluciones. Aunque Garzón no planteó una recusación, sí pidió que se estudiara de nuevo su recurso y que en ese examen no interviniera Pérez de los Cobos.
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Los abogados de Garzón, José Luis Fuertes Suárez y Javier Yagüe García, sostenían que la interpretación "lógica y sistemática elemental" de la regulación de las incompatibilidades prevista en el artículo 19 de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOPJ) "lleva necesariamente a que tenga que ser de aplicación a los magistrados del más alto Tribunal" y que, por tanto, correspondía efectuar dicha revisión.
En su respuesta, la Sala del Constitucional sostiene que "resulta inviable, con carácter general, cualquier petición de revisión o nulidad, puesto que una vez que ha devenido firme la resolución que puso fin al correspondiente proceso ni siquiera este Tribunal puede dejarla sin efecto sino, a lo más, proceder a su aclaración (art. 93.1 LOTC) o a corregir errores materiales", concreta el auto. Finalmente, el TC remite a los argumentos del auto que resolvió las recusaciones planteadas contra su presidente por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.
Garzón fue inhabilitado por 11 años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación, por haber intervenido las conversaciones de algunos imputados en la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
