Andalucía expropiará 18 viviendas a bancos que pedían ejecutar desahucios

La Junta de Andalucía ha reactivado este miércoles 18 expedientes de expropiación contra entidades financieras. Se trata de casos en los que los bancos ya son titulares del inmueble por el impago de créditos. Ahora, el Gobierno autonómico interviene para evitar el desahucio de las familias, todas ellas en acreditada situación de necesidad. El resultado es que las entidades perderán por hasta tres años el derecho a utilizar los pisos, tiempo durante el que las familias podrán seguir disfrutando de ellos.

La medida se ha anunciado el mismo día en el que ha entrado en vigor la Ley de Función Social de la Vivienda que, además de las exprociaciones temporales, comprende medidas para el fomento del alquiler de las viviendas vacías y sanciones para las personas físicas que mantengan pisos desocupados. El contenido de la Ley es prácticamente el mismo que el del Decreto aprobado por la Junta en abrilDecreto aprobado por la Junta. Ese Decreto fue recurrido por el Gobierno central ante Constitucional, tribunal que decretó su suspensión cautelar.

Sin embargo, PSOE e IU reactivaron las medidas previstas en el texto inicial en forma de Ley, sorteando la paralización impuesta por el TC. Ahora, el Ejecutivo autonómico asegura estar trabajando en el marco de una comisión bilateral Junta-Estado para evitar que el Gobierno recurra nuevamente ante el Constitucional. Se trata, aseguran de "dirimir los posibles conflictos" antes de que la Justicia intervenga.

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Los primeros expedientes

Los 18 casos que se han puesto en marcha nuevamente corresponden a seis familias de Málaga, cuatro de Sevilla, tres de Almería, dos de Granada, otras tantas de Huelva y una de Cádiz. Las entidades que querían desahuciar a las familias y contra las que se dirigen los expedientes son BBVA (3 casos), Banesto (3), Banco Santander (2), Banco Popular (2), Caja Rural de Granada (2), Banco de Sabadell (1), Caja Rural del Sur (1), Deutsche Bank (1), AYT Fondo Hipotecario Mixto (1), Citifin (1) y Gescat Viviendes (1). Las financieras disponen ahora de un plazo de 15 días para recurrir.

Por su parte, las familias han acreditado a través de los servicios sociales de sus Ayuntamientos una situación de "especial necesidad". La tercera parte no cuenta con ningún ingreso y el resto percibe salarios o prestaciones por un importe que en ninguno de los casos supera los 800 euros mensuales. Todas ellas tienen hijos o nietos a su cargo en la actualidad.