Grupos contrarios a la reforma penal estudian trasladar sus propuestas a los partidos

Detener la "criminalización de la protesta social por el Código Penal". Eso es lo que buscan los ocho colectivos –la Plataforma por la Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, Izquierda Unida, Izquierda Abierta, Iniciativa de Clase, el Partido Comunista de España y la Asociación Cultural Loquesomos– que se reunirán el próximo día 21 para discutir la posiblidad de mantener conversaciones con los diferentes partidos –tanto con los de izquierda, incluido el grupo socialista, como incluso con la derecha nacionalista– con el fin de que llevar sus posiciones al Congreso de los Diputados.

Las reivindicaciones de estos colectivos se apoyan en el manifiesto hecho público hace varios meses por la PDLD, que ha sido apoyado por personajes públicos como la periodista Maruja Torres o el diputado de IU Gaspar Llamazares, y que recogió la adhesión de más de 6.000 personas, cuyas firmas fueron entregadas en septiembre en el registro del Ministerio de Justicia. A su juicio, la reforma del Código Penal busca “reprimir la protesta social ante las políticas de recortes de lo público y de austeridad impuestas por el actual Gobierno"

De aprobarse la opción de entablar conversaciones con los grupos políticos, las diferentes plataformas intentarían de forma conjunta establecer un diálogo con la gran mayoría de partidos de la Cámara, aunque el portavoz de la PDLD ha insistido en declaraciones a infoLibre en que es una cuestión que aún tiene que ser decidida junto al resto de las asociaciones que apoyan el manifiesto. No obstante, en este sentido, ha reconocido que es una idea que cuenta a priori con bastante apoyo dentro de sus organizaciones.

El día 18 se celebrará un acto público

El portavoz también ha informado de que Izquierda Unida se ofreció para presentar sus iniciativas en las Cortes, pero que los colectivos prefirieron declinar su propuesta porque buscan conformar un frente común que cuente con el mayor número de apoyos parlamentarios posibles. La posición de la PDLD en cuanto a los artículos que critican es clara: quieren que sean retirados de la nueva norma. Para ellos, cualquier otra cosa sería simplemente "modular el dogal que nos ponemos al cuello".

Previamente, los grupos se reunirán el día 18para realizar un acto público en contra de la aprobación de la nueva legislación. La acción contará con las intervenciones de miembros de varios colectivos de izquierda, como la Unión Progresista de Fiscales, el Foro de Abogados de Izquierdas o la asociación Jueces para la Democracia. La acción será presentada por Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

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El manifiesto denuncia varios artículos

En su manifiesto, la PDLD asegura que la reforma del Código Penal camina “hacia la igualación de las prácticas pacíficas en la protesta con las que no lo son”, argumentación que basan en “la desaparición de los términos 'grave' y 'activa', refiriéndose a las formas que ha de adoptar la resistencia a la autoridad policial para que ésta sea considerada delito de atentado”. “Al desaparecer el adjetivo 'activa' en relación a la resistencia a la acción policial”, insisten, “se introduce un margen importante de discrecionalidad y subjetividad en casos de resistencia pasiva”, lo que según ellos favorecerá la “arbitrariedad” a la hora de que estas acciones sean juzgadas o reprimidas policialmente.

De igual forma, la Plataforma también denuncia la penalización para las personas que distribuyan o difundan "mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público", recogida en la nueva redacción del artículo 559 del Código. Para el colectivo, este nuevo redactado significaría la creación "un delito de opinión, algo incompatible con un Estado democrático". En la misma línea, critican los cambios en el artículo 557 del proyecto de Ley, que sustituye "los actos concretos de la acción violenta por la genérica referencia a 'actos de violencia'", lo que significará, en opinión de la PDLD, provocar "auténtica inseguridad jurídica a la persona al no quedar aclarados qué actos son violentos y cuáles no, quedando al arbitrio judicial su determinación".