El Estado abre la puerta a todo tipo de privatizaciones: de los aseos al registro civil o la seguridad en las cárceles

“La gestión privada del sector público forma parte de la vida social de nuestro país”. Cuando los españoles se enteraron el pasado septiembre de que usar los aseos de la estación de Atocha les iba a costar hasta un euro porque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) los ha cedido a una empresa holandesa, no pudieron por menos que suscribir la frase del secretario de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, uno de los adalides de la privatización sanitaria.

Los recortes del gasto público han multiplicado el recurso a lo que eufemísticamente el Gobierno gusta llamar “colaboración público-privada”. Amparadas en el supuesto ahorro de dejar en manos de empresas los servicios que hasta ahora se sufragaban con los impuestos, otras veces defendiendo la mayor eficacia de la gestión privada, las administraciones están despedazando sus estructuras, desde lo minúsculo –los aseos– hasta lo que parecía intocable –las cárceles, la defensa–.

Nadie se extraña ya de que los servicios de atención teléfonica y cita previa de los organismos e instituciones públicas se hallen en manos privadas. Más inusual resulta que la recaudación de los alquileres de las viviendas de protección oficial (VPO) la gestione una empresa externa. Es lo que ocurre en Castilla-La Mancha. También se ha convertido en un hecho familiar que sean firmas privadas las encargadas de los jardines, la limpieza pública viaria, los parquímetros, la reparación de las calzadas y el mobiliario urbano. Los ayuntamientos se han deshecho con entusiasmo de sus servicios más básicos y tradicionales para adelgazar sus endeudadas cuentas. El culmen ha sido el caso de Guadalajara, que pretendía ceder durante 17 años a una sola empresa la gestión de todos los servicios municipales, desde las basuras a los semáforos, en un macrocontrato de 237 millones de euros.

No sólo a los hospitales tiene en su punto de mira la Comunidad de Madrid. También prestaciones menos lucrativas como los centros de atención de drogodependientes (CAID) pueden terminar en manos privadas. El PSOE y CCOO han denunciado un plan para cerrar el 70% de los existentes y privatizar el resto. Ya en diciembre del año pasado la Comunidad eliminó cuatro de los 27 centros de este tipo con que contaba. La Generalitat de Valencia también ha cerrado otros 16 centros de ayuda a los drogodependientes, la mitad de su red.

Registro Civil

Pero hay bocados mucho más apetitosos, en los que se mueven, además, intereses diversos. El Ministerio de Justicia no ha podido tomar aún una decisión definitiva sobre la reforma de los registros civiles, pese a que el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros hace más de 10 meses. El cambio en la presidencia del Colegio de Registradores de España, tras las elecciones anticipadas celebradas el pasado día 10, ha paralizado una iniciativa que levantó polémica en todos los sectores afectados.

La intención del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, de ceder a los registradores de la Propiedad la gestión del Registro Civil no ha gustado ni a los propios registradores ni a los funcionarios de Justicia. A los segundos, porque ven una privatización del servicio a favor de un colectivo muy determinado, al que se pretende compensar así por el supuesto perjuicio que les va a ocasionar la liberalización de las actividades profesionales obligada por la Unión Europea. A los primeros, porque van a asumir nuevas competencias y un volumen importante de trabajo a cambio de unos ingresos que consideran insuficientes.

Justicia plantea que los registros de nacimientos y defunciones sigan siendo gratuitos, pero amplía el repertorio de los hechos que se pueden inscribir en el Registro y, a continuación, les pone precio: cambios de nombre, otorgamiento de poderes, inscripción del domicilio para recibir notificaciones, también de bodas o divorcios, seguros de vida o de deceso, testamentos e incluso planes de pensiones.

El argumento del ministerio es que dejar en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles estas tareas ahorrará al Estado 450 millones de euros. Ahora están a cargo de jueces, secretarios judiciales y funcionarios de Justicia. En España hay 8.400 registros civiles, que llevan a cabo 1,3 millones de trámites al año, según CCOO. El ministerio niega la privatización aduciendo que los registradores de la Propiedad también son funcionarios. Pero los sindicatos le recuerdan que no cobran de los Presupuestos del Estado ni están sujetos a los derechos y deberes del Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, sus retribuciones provienen de los aranceles que cobran, además de que tendrán en sus manos, y en la de sus empleados, información privada relativa a derechos fundamentales.

Los registradores quieren asegurar sus ingresos

Los registradores, en cambio, reclaman, por un lado, “todas y cada una de las competencias” del Registro Civil, excepto las declaraciones de defunción y las licencias de enterramiento. Pero para ello exigen “una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro”. Sólo están dispuestos a inscribir de forma gratuita los nacimientos y las defunciones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en servicios especiales.

“A Justicia sólo lo quedan tres alternativas”, explica el responsable de Acción Sindical de CCOO en el ministerio, Javier Hernández, “obligar a los registradores a hacerse cargo del Registro Civil, mantener la actual situación prorrogando aún más la entrada en vigor de la reforma [prevista en principio para julio de 2014], o bien dejarla en manos de los secretarios judiciales, que consideramos la mejor opción”.

Otro tanto puede ocurrir con los notarios, a quienes se les quiere dar la potestad de oficiar bodas. Los jueces las celebran gratis. Los notarios, en cambio, cobrarán hasta 100 euros. Y lo mismo puede decirse de los procuradores. La idea del Ministerio de Justicia es que éstos se conviertan en “agentes de la autoridad” y realicen actos de comunicación y ejecución –embargos, por ejemplo–, en lugar de los auxiliares judiciales.

Gestión privada del desempleo

Un ámbito hasta ahora público al 100%, el de los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo Inem) estará en 2014 a cargo de las llamadas agencias de colocación privadas. En su mayoría, empresas de trabajo temporal (ETT) que van a suscribir en los próximos meses acuerdos de colaboración con el Inem para buscar empleo a los casi seis millones de parados españoles. El Gobierno se apoya en el escaso 3% de ofertas de trabajo en las que intermedian los servicios públicos de empleo para buscar la mayor eficacia de las agencias privadas. Éstas cobrarán según la dificultad de reinsertar al parado en el mercado. Hasta 3.000 euros si es un parado de larga duración mayor de 45 años. Y percibirán un plus del 15% por cada parado defraudador de prestaciones al que denuncien.

Los sindicatos, que se oponen a privatizar también el desempleo, replican destacando la falta de medios y de personal que padece el antiguo Inem. En España hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50. Además, los Presupuestos del Estado para 2014 reducen a la mitad la partida destinada a la “modernización” de los Servicios Públicos de Empleo, que se queda en 15 millones de euros. En cambio, el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación tiene un importe de 200 millones de euros para los dos próximos años.

También el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) estaba destinado a terminar en manos privadas. De momento, sólo será la atención telefónica. Tras meses de parálisis, la tramitación de los 170.000 expedientes atrasados será gestionada definitivamente por Tragsa, una empresa pública, y por 130 interinos contratados sólo hasta diciembre.

La falta de personal afecta igualmente a la Intervención General del Estado y a la Intervención General de la Seguridad Social. Ambos organismos llevan años recurriendo a auditoras privadas para cubrir el trabajo que ellos no pueden realizar. Desde las subvenciones que la UE concede a las administraciones públicas españolas hasta las cuentas de las fundaciones públicas o de las autoridades portuarias.

Territorio no tan sagrado

Pero ni siquiera territorios a priori intocables se libran de la tentación privatizadora. Instituciones Penitenciarias ha elaborado un “proyecto temporal” para que sean vigilantes privados, y no la Guardia Civil como hasta ahora, quienes se encarguen de la “seguridad perimetral” de las cárceles. Los sindicatos penitenciarios han puesto el grito en el cielo porque temen que sea sólo el primer paso para introducir a las empresas en las prisiones. El Gobierno niega que sea ésa su intención.

Por el contrario, sí es la dirección por la que el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, declaró que estaba encaminado su ministerio. En un seminario organizado por la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), Argüelles anunció que Defensa está estudiando fórmulas que el sector privado gestione servicios e instalaciones de las Fuerzas Armadas, según publicó nuevatribuna.es. Aunque no precisó más, se refirió “especialmente” a instalaciones “de alto componente tecnológico o logístico”. Sin embargo, por el momento la declaración no se ha materializado en ninguna iniciativa concreta.

Los grandes operadores de transporte

En cambio, los pasos parecen más firmes en Fomento. Renfe acaba de segregarse en cuatro sociedades anónimascuatro sociedades anónimas: Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Alquiler de Material Ferroviario y Renfe Fabricación y Mantenimiento. El 31 de julio pasado se abrió a la competencia el transporte de viajeros, en el que van a entrar los trenes turísticos. La operación, junto con el ERE voluntario para 300 trabajadores, camina hacia la posible privatización de la empresa ferroviaria. Aunque las pérdidas que soporta, 39,5 millones previstos para este año –178 millones si se suman las causadas por la absorción de FEVE, los ferrocarriles de vía estrecha– y una deuda de 5.000 millones complican cualquier intento de venta.

Así le ha ocurrido a Aena, cuya privatización se encuentra paralizada al menos hasta la primavera. El operador, que gestiona 47 aeropuertos, comenzó el año con un ERE para 1.200 trabajadores. Pero la caída libre del tráfico aéreo ha desaconsejado el intento de vender en Bolsa hasta un 50% de sus acciones, a cambio de unos 6.000 millones de euros. La deuda del gestor aeroportuario suma los 12.000 millones.Conatos frustrados

UGT denuncia que el Gobierno quiere privatizar la gestión del Fogasa

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En el capítulo de los fracasos pueden incluirse los conatos de venta de dos pesos pesados: Loterías del Estado y el Canal de Isabell II de Madrid. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abortó la salida a Bolsa del 30% de Loterías en septiembre de 2011, ante el riesgo de malvender el organismo. El PP, que en su día se opuso a la operación, no se atreve a repetir el movimiento. La crisis económica en general y el nuevo impuesto del 20% sobre los premios han descalabrado las ventas, no sólo de Loterías del Estado sino también de la Once, perjudicadas además por la reciente competencia del juego onlineonline.

Otro tanto le ha ocurrido al Canal de Isabel II, valorado en 3.000 millones de euros y cuya venta ha quedado aplazada hasta 2015, según anunció en su momento la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No obstante, el Gobierno regional lo ha convertido en una sociedad anónima, cuyo capital pertenece en un 80% a la Comunidad y el 20% restante a los ayuntamientos. La primera señal del cambio la notaron los madrileños en el recibo del agua, que subió entre un 10% y un 20% en 2012, según denuncia la Plataforma contra la Privatización del Canal.

Finalmente, la cultura tampoco se libra. No es el Teatro Fernán Gómez el único que quiere privatizar el Ayuntamiento de Madrid. También el Circo Price y el centro cultural Conde Duque están en la lista, según ha denunciado el PSOE. Mientras, en Barcelona el Museo Picasso ensaya una nueva forma de gestión, al pasar del Ayuntamiento a una fundación que, aunque pública, los sindicatos ya ven como la primera etapa para “incorporar a grandes empresas” a su dirección. Ni el Museo del Prado queda fuera de peligro. Sus taquillas, ha denunciado CCOO, están a punto de ser adjudicadas a una empresa privada.