El mundo tal como le gustaría a la CEOE: jubilación a los 70, despido gratis, 'minijobs', sin funcionarios ni EPA

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha apresurado a poner sordina al penúltimo bocinazo de la patronal con un desmarque a la gallega: “Ni la compartimos ni no la compartimos [sic], es una propuesta del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y cuando la propuesta esté encima de la mesa la presentaremos”. Rosell se refería a la demanda que la víspera hizo el presidente del IEE –también presidente de la Comisión de Economía de la CEOE–, José Luis Feito, para aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años.

No es el primer globo sonda lanzado por la patronal ni la primera vez que su presidente intenta poner paños calientes para rebajar la alarma generada. El anuncio se produce justo cuando el Gobierno negocia con los partidos políticos y los agentes sociales la reforma de las pensiones, que debería estar lista antes de fin de año. Y sorprende aún más cuando hace sólo un par de semanas la CEOE se sumó a los sindicatos en el Consejo Económico y Social (CES) para condenar el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo. Entonces los empresarios no tuvieron reparos en apoyar un texto que pedía al Gobierno la retirada del índice de revalorización que va a sustituir al IPC.

Ahora, la propuesta esbozada por el presidente de su think tank va mucho más lejos que la formulada por el equipo de Fátima Báñez, la ministra de Empleo. Ésta ha rechazado de forma expresa las llamadas “reformas paramétricas”, que es precisamente lo que pide José Luis Feito: ampliar hasta los 70 años la vida laboral –ahora está en 65 años y un mes, en 2027 será de 67 años, según la reforma de 2011– y aumentar hasta 40 años el periodo de cotización necesario para cobrar el 100% de la pensión–ahora es de 35 años y un mes, y llegará a los 37 años en 2027–.

Ese mismo día a Feito se le unió en las reivindicaciones el Círculo de Empresarios, que agrupa a algunas de las principales compañías españolas y defiende posiciones aún más liberales. A su secretario general, Jesús Sainz, le basta con elevar la edad de jubilación a los 67 o 68 años, pero al tiempo pide una “reforma estructural” del sistema de pensiones para pasar del actual público de reparto a un mixto y de capitalización, basado en tres ejes: uno de reparto, otro de capitalización obligatoria y un tercero de capitalización voluntaria. Ni los expertos del comité reunido por el Ministerio de Empleo para diseñar la reforma de las pensiones se atrevieron a tanto.

Ya en junio, la asamblea general de la CEOE aprobó un informe con las reformas que considera “necesarias para salir de la crisis”, donde criticaba por “insuficientes” las modificaciones en el sistema público de pensiones acordadas en 2011. Entonces reclamaba ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión y establecer incentivos fiscales a los sistemas de pensiones privadas. También quiere que las prestaciones de viudedad dejen de ser contributivas; es decir, que no se financien con las cuotas de empresas y trabajadores.

Contrato temporal sin causa

En ese documento la CEOE lanzaba otra sugerencia que levantó las airadas protestas de los sindicatos: que los empresarios puedan imponer la conversión de un contrato a jornada completa en otro a tiempo parcial por causas económicas, productivas o de organización. Para CCOO y UGT, "una apuesta por generalizar la precariedad" en el empleo y la reducción de los salarios. A pesar de que la reforma laboral ha abaratado el despido y lo ha facilitado, entre otras medidas, eliminando la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los empresarios no se muestran satisfechos. Lamentan que los jueces declaren nulos el 50% de los despidos colectivos que son impugnados en los tribunales. Así que también pretenden que la nulidad sólo pueda declararla el juez cuando no haya habido periodo de consultasnulidad durante la negociación del ERE. Un supuesto prácticamente inexistente.

Porque pese a saludar las ventajas que tanto la reforma laboral como la de pensiones les han brindado, los empresarios no dejan de repetir que los cambios son insuficientes en número y en “profundidad”. De ahí su catálogo de propuestas. El aumento de la edad de jubilación forma parte de una iniciativa que Rosell dice estar ultimando y que hará pública “en las próximas semanas”. Ese documento dibujará, además, su idea de cómo deben ser los contratos de trabajo. El Ministerio de Empleo ya ha anunciado una “simplificación administrativa”, que se limitará a reducir los formularios, de los 41 actuales a sólo cinco.

La CEOE plantea aquí extender a todos los contratos indefinidos el periodo de prueba de un año con despido gratuito de que goza el contrato de apoyo a los emprendedores creado por la reforma laboral. Además del fijo, según la CEOE sólo deberían existir un contrato temporal, otro formativo y otro de relevo. A su juicio, el temporal tendría que ser aún más flexible: ya no debería estar justificado por una causa como ahora –por circunstancias de la producción, para una obra o servicio determinados–, ni debería mantenerse el tope de 24 meses con que la ley permite ahora encadenar contratos temporales.

De las ansias reformistas de la CEOE tampoco se libran las prestaciones por desempleo, otro de los cambios pendientes en la agenda del Gobierno. El pasado lunes, José Luis Feito le invitó a recortar la cuantía inicial de la prestación a cambio de alargar los meses de cobro en el caso de parados de larga duración. 

El presidente del IEE también es un pertinaz defensor del recorte de sueldos: “Cuanto más caigan los salarios por persona ocupada y hora trabajada, mayores serán las posibilidades de aumentar el empleo e impulsar la actividad productiva”. La cita es de 2010, mucho antes de que el comisario Olli Rehn apuntara al 10% de rebaja salarial como solución para salir de la crisis. Fue suya igualmente la idea de retirar la prestación a los parados que rechacen una oferta de empleo “aunque sea en Laponia”. “Por cierto”, abundó, “un sitio muy bonito con trabajos de temporada muy bien remunerados”.

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Rosell tampoco le anda a la zaga a la hora de hacer sugerencias creativas. Por ejemplo, minijobs para jóvenes de “una hora, dos horas o tres”, completados con subsidiosminijobs. Los mismos que podrían cobrar los “¿300.000? ¿400.000? funcionarios que sobran” y que no tienen trabajo. “Hay grasa en todas partes”, les aseguró a un grupo de periodistas el pasado mes de febrero. “Sería mejor ponerles un subsidio a que estén en la Administración consumiendo papel y teléfono, y tratando de crear leyes”, apuntó.

Ese día también abogó por suprimir el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora este órgano dependiente del Ministerio de Economía. “La EPA de los seis millones de parados no es verdad. Es una estadística de 65.000 personas que hacemos desde hace muchísimo tiempo, pero para saber los parados lo mejor es ir al registro, a los que se apuntan”. Justo lo contrario de lo que defienden las instituciones internacionales.

“En el mercado de trabajo hay muchas ocurrencias y pocas ideas”, le replicó el secretario general de CCOO a Rosell cuando propugnó el despido gratuito para los contratos indefinidos durante el primer año. La incógnita es en qué grado será receptivo el Gobierno a la lluvia de sugerencias de la patronal: si se quedan en meras ocurrencias o si calan en esos “ajustes menores” de la ley laboral que ha prometido la ministra Báñez.