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Arranca el juicio contra Sánchez Gordillo por la ocupación de ‘Las Turquillas’
El juicio contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores Diego Cañamero, y otros 52 acusados por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna ha arrancado pasadas las 10,40 horas de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la ausencia de un total de 51 de ellos.
A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación "ilegal", sino que es un juicio "político" del Gobierno "contra el movimiento social y sindical más consecuente". "El Gobierno del PP quiere anular los movimientos sociales que critican su política", ha dicho el sindicalista, que ha justificado su ausencia en la sala como una "protesta" contra la "represión" que sufre el SAT.
Por su parte, Sánchez Gordillo considera que hay una consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla y que es rebelde , y ha tildado de "barbaridad" que el ministerio público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.
Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero y el resto de los imputados (excepto tres de ellos) han sido arropados por varios centenares de simpatizantes del SAT, que megáfono en mano, han hecho llegar sus consignas hasta el tribunal.
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La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.
Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.
