El presidente de Aguas de Valencia admite que desvió al ladrillo un préstamo a su empresa

El presidente de Aguas de Valencia (AVSA) Eugenio Calabuig ha reconocido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que destinó a la compra de terrenos en la costa de Oropesa (Castellón) un préstamo concedido por el Banco de Valencia para mantener el control sobre la compañía de suministro de agua, según han informado fuentes jurídicas, que especificaron que Calabuig dijo que el dinero ya ha sido devuelto.

El préstamo de la entidad, de más de 50 millones de euros, fue concedido a Agval -empresa participada por la entidad y la familia Calabuig- en previsión del posible lanzamiento de una OPA por parte de Aguas de Barcelona sobre las acciones de la compañía valenciana. El dinero debía permanecer en un depósito para ser destinado a una OPA de exclusión que permitiera a los valencianos sortear los intentos de compra de la empresa catalana, en caso de ser necesario.

Calabuig, que ha declarado durante más de tres horas como imputado, ha explicado que utilizó el dinero al entender que podía disponer de él para otros fines, ya que la cantidad estaba depositada en una cuenta en la que había otros fondos de la compañía, que ha cifrado en cinco millones de euros, han indicado las mismas fuentes.

Inversiones Financieras Agval, sociedad que controla el 60,679 por ciento del accionariado de Aguas de Valencia, está integrado por el Banco de Valencia y Fomento Urbano de Castellón (FUCSA), propiedad de los Calabuig. El banco es titular del 50 por ciento de esa sociedad tenedora de acciones (por lo que controla indirectamente un tercio del capital de AVSA). La otra mitad de Agval (más una acción) pertenece a la empresa Fomento Urbano de Castelló, un grupo empresarial familiar en manos el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.

El juez Pedraz, que investiga en esta causa la gestión de los administradores del Banco de Valencia, ha aplazado el resto de declaraciones previstas esta semana. Fijará nueva fecha para llevar a cabo los interrogatorios de Celia, Pedro, Mercedes y Enrique Calabuig, hermanos del presidente de Aguas de Valencia, del exconsejero delegado del banco Domingo Parra y de su esposa María José Aznar Mayans ante los problemas de agenda alegados por los abogados de los imputados.

Pedraz investiga a un total 41 personas físicas y 18 jurídicas en seis querellas distintas admitidas a trámite por irregularidades en el Banco. Entre los investigados se encuentran, además de Calabuig y Parra, el expresidente de la entidad y de Bancaja José Luis Olivas y los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

El magistrado imputa a los antiguos responsables de la entidad valenciana delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta. Las querellas se dirigen también contra el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer y los antiguos miembros del Consejo de Administración del Banco de Valencia Agnes Noguera, Manuel Olmos, Pedro Muñoz Pérez, Silvestre Segarra, José Segura, Juan Antonio Girona, José Luis Quesada, Dolores Boluda, Irene Girona y Federico Michavila.

También están siendo investigados en este procedimiento la auditora Deloitte, las sociedades Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.

Créditos sospechosos

El magistrado investiga, además, la concesión por parte de la entidad de créditos sospechosos. El 24 de mayo pasado el juez imputó a los empresarios Tito-José Pajares San Román y José Antonio San Román por la posible comisión de un delito de apropiación indebida. Ocho días antes imputó al expresidente del Valencia C.F. Juan Bautista Soler Luján; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo.

Como partícipe a título lucrativo en una de las querellas figura el padre del expresidente del citado club Juan Bautista Soler Crespo. A todos ellos se atribuyen indiciariamente los delitos de falsedad, estafa, administración desleal y apropiación indebida. Pedraz investiga varias operaciones con las empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano, Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.

Otro de los procedimientos se centra en operaciones de financiación concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos", según consta en la querella del FROB. Otra de las querellas admitidas a trámite por el magistrado se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's. La última admitida a trámite se basa en el capital concedido a las empresas de los dos nuevos imputados, entre ellas varias discotecas como la Tito's raticada en Palma de Mallorca.

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El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de ese año, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB, que inyectó 4.498 millones de euros.

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ACTUALIZACIÓN: Este artículo se publicó el 12 de noviembre de 2013. Casi dos años después, el 29 de junio de 2015, el juez Santiago Pedraz dictó un auto acordando el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas en relación con los propietarios de la mercantil Royal Rosan S.A., Tito José Pajares San Román y José Antonio San Román Hurtado, al entender que no existía prueba alguna de la comisión de una infracción penal. Bankia Habitat y la Abogacía del Estado recurrieron el archivo, pero éste fue confirmado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto dictado el 31 de julio de 2015.