La Fiscalía se querella contra un policía que agredió a un manifestante en Murcia

La Fiscalía de Murcia ha presentado una querella contra un policía antidisturbios tras constatar que este agente podría haber protagonizado "sendos delitos de lesiones", según un escrito del Ministerio Público del 13 de septiembre, que este miércoles ha sido difundido por el diario La Verdad de Murcia. Una de las personas agredidas es Carlos Gorairis, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Murcia. "No hubo provocación y me rompieron la nariz y el pómulo", ha asegurado en declaraciones a infoLibre.

La agresión del agente pudo ser conocida gracias a las grabaciones realizadas por vecinos del centro de Murcia, en las que se constata que los manifestantes fueron objeto de empujones, patadas y agresiones varias por parte de algunos agentes antidisturbios. Además, también se puede ver que la reacción de los policías no vino provocada por ningún lanzamiento de objetos por parte de los manifestantes.

Fuentes de la Fiscalía en Madrid aseguran que la decisión del fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, no es inédita en España. Pero, sin embargo, otras fuentes del Ministerio Público aseguran todo lo contrario a infoLibre. En lo que sí se ponen de acuerdo ambas fuentes es en considerar que no es muy frecuente que las denuncias presentadas por los manifestantes acaben en querella por parte del Ministerio Público. La denuncia ha sido admitida a trámite por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Marifé Tabasco.

El peor parado por los efectos de la presunta agresión del policía fue Carlos Gorairis, integrante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) murciana. Según su relato sufrió múltiples contusiones por todo el cuerpo a consecuencia de los golpes. Tuvo hasta tres fracturas en el pómulo, pero también sufrió la rotura de la nariz, según el parte médico. "Me tuvieron que reconstruir la nariz, que estaba totalmente destrozada", recuerda Carlos Gorairis.

"Nos tenían retenidos"

Los hechos se produjeron el 14 de noviembre de 2012, al finalizar la manifestación en Murcia con motivo de la huelga general convocada en toda España. Un "piquete informativo", en el que participó el agredido, provocó el cierre de las puertas de El Corte Inglés de la capital murciana. "Y según dijeron un grupo de manifestantes se replegó por la calle Bando de la Huerta negándose a disolverse. Pero la realidad fue que una veintena de agentes nos tenían retenidos en la avenida de la Libertad, donde tranquilamente estábamos hablando tras disolverse la manifestación, y esperando a que nos dejaran pasar. Fue entonces cuando una veintena de antidisturbios comenzaron a empujar de manera violenta a las personas que estábamos allí. Y doce personas fuimos aporreadas y perseguidas. Yo sufrí no menos de ocho porrazos en la espalda. Pero otros se cayeron antes que yo y no pudieron seguir corriendo. De hecho uno de los agredidos era menor. De los 12 golpeados ocho han presentado denuncias ante la Fiscalía", explica Carlos Gorairis.

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En las imágenes de los videoaficionados se puede observar que uno de los manifestantes propina una patada a un casco que estaba en el suelo de uno de los agentes que se había caído al suelo. "Esta persona fue detenida. Pero después me dijo que golpeó el casco para llamar la atención para que los tres policías dejaran de golpearme", relata este miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) . "Yo voy por la acera y un antidisturbios me empuja contra una motocicleta. No es una caída como dijeron al principio los agentes". Dos días después de esta primera versión, el jefe de la Policía de Murcia, Cirilo Durán, llegó a reconocer "mala praxis" de uno de los agentes. Durán añadió que esa actuación policial sería "perseguida".

Expediente disciplinario

Según La Verdad de Murcia, el sospechoso fue apartado de las labores que venía desempeñando hasta ese momento y, de manera cautelar, se le destinó a otras funciones, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, que también explicaron al diario que el agente tiene abierto un expediente disciplinario, aunque éste se encuentra paralizado a la espera de que exista una resolución judicial.