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Caso Bankia

El juez Silva vincula a Blesa con Aznar, Agag y el tráfico de armas

El CGPJ estudiará la suspensión temporal de Elpidio José Silva

infolibre

El juez Elpidio José Silva ha recurrido la prohibición de acceder a los correos electrónicos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al entender que estos e-mails contienen información esencial para entender por qué ordenó su encarcelamiento. Así, hay algunos sobre el abono de facturas a la trama Gürtel por parte de la entidad madrileña y otros relacionados con operaciones de tráfico de armas en los que se menciona a Aznar o los hermanos Agag, informa Europa Press.

Así lo expone el titular del Juzgado de Instrucción número 9 en el recurso que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga la querella de la Fiscalía por presuntos deltios de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual cometidos en la instrucción del caso Blesa.

La defensa de Silva ha puesto en cuestión que todos los e-mails excluidos de esta investigación pertenezcan a la esfera "íntima" o "personal" de Blesa y así señala que muchos de ellos hablan de circunstancias como el distanciamiento de los procedimientos de control por parte de los responsables de la caja madrileña o la falta de soporte justificativo para tomar decisiones.

En los más de 8.000 correos corporativos también se reflejan comportamientos extravagantes relacionados con tráfico de influencias u operaciones irregulares para hacer viables negocios de dudosa viabilidad, como la compra del Citi National Bank de Florida, según expone la defensa.

En suma, reprocha que tales correos no puedan utilizarse para defender a su cliente en cuanto contienen información esencial para comprender su modo de actuación y defiende que los mismos fueron tenidos en cuenta al dictar sus resoluciones en el 'caso Blesa'.

A su juicio, la transcripción de su contenido en los autos de Silva sería tanto como requerir a los instructores que reproduzcan las conversaciones telefónicas de los narcotraficantes en los autos de prisión.

Advierte así de que la no utilización de dichos correos en la causa supondría a Silva tener que declarar de memoria pese a la complejidad y la gravedad de los delitos que investigó en torno a la gestión de la caja de ahorros.

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La defensa de Silva también ha presentado un escrito en el que solicita la incoación de determinadas diligencias al magistrado instructor Jesús Gavilán de la querella de la Fiscalía. Entre ellas, el interrogatorio del juez imputado, cuya declaración fue suspendida en tres ocasiones por no haber podido examinar toda la causa, así como el del juez que le sustituyó en su Juzgado, Juan Antonio Toro.

Además, solicita que el magistrado tome declaración en calidad de testigos a los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, instructores del caso Bankia y de la CAM, así como de Enrique Sánchez, miembro del comité de inversiones de Caja Madrid y de Enrique Latorre, secretario del Consejo de Administración de la caja madrileña.

También pide que declaren como testigos dos secretarios judiciales, agentes de la Guardia Civil del equipo de Rivas Vaciamadrid que investigaron el caso Blesa, dos peritos de la consultora KPMG, el director de sistemas informáticos de Bankia Antonio Sanz y el director de recursos humanos de la entidad, y el secretario general de Manos Limpias y abogados del sindicato.

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