Libertad para otros 14 etarras a los que se aplicó la doctrina Parot

Los etarras Javier Martínez Izaguirre, Ignacio Orotegui Ochandorena, Jesús María Mendinueta Flores, Inmaculada Pacho e Ignacio Erro Zazu han abandonado la cárcel este martes una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado su liberación, junto a la de otros nueve presos, tras la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Francisco Javier Martínez Izaguirre cumplía condena por asesinar a un niño de dos años en noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya); Orotegui, por su parte, fue miembro del comando Haizea y le condenaron a 206 años de prisión por la comisión de múltiples delitos, entre los que destaca el de coautor del asesinato del exguardia civil José Herrero Quiles, atentado que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1985 en la localidad guipuzcoana de Lasarte.

Mendinueta fue miembro del Comando Vizcaya y le condenaron por asesinar a un guardia civil en presencia de su hijo de nueve años. Por su parte, Pacho, detenida en 1991, fue condenada en nueve sentencias a penas que suman 500 años de cárcel por varios asesinatos, cuatro atentados, entre ellos a la comisaría de Burgos, seis asesinatos frustrados y 48 delitos de lesiones.

Además, la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros nueve etarras, entre los que se encuentran los miembros del 'comando Araba' de ETA Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga. Los dos, que son pareja sentimental, asesinaron a dos policías en 1987 y atentaron dos años más tarde contra la casa-cuartel de Llodio (Álava). También saldrán de prisión los etarras Santos Berganza Zendenegui, José Ángel Biguri Camino, Íñigo Akaiturri Irazabal, Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Andrés Urkizu Ormazabal, Juan Ignacio Delgado Goñi y Bautista Barandalla Iriarte.

Dos casos pendientes

En aplicación de la doctrina Parot, la Sala de lo Penal ha acordado adelantar la salida de la cárcel del preso de la denominada 'vía Nanclares' Andoni Múñoz de Vívar Berrio, que recuperará la libertad el próximo 25 de diciembre. Este órgano tiene pendiente resolver en los próximos días la excarcelación del miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Ismael Miquel Gutiérrez, que asesinó a un ciudadano francés en 1985, y del preso Kepa Mirena Solana Alonso, que emprendió la denominada 'vía Nanclares' de reinserción.

La Audiencia Nacional ha acordado la "puesta en libertad" de estos reclusos y que se declaren "extinguidas" sus responsabilidades penales en aplicación del acuerdo adoptado el pasado día 12 por el Tribunal Supremo en el que ordenaba que los tribunales sentenciadores en cada caso ejecutaran la resolución del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'.

56 asesinos excarcelados

De esta forma, se elevaría a 56 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'. De ellos, 50 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.

Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López. El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, junto a la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.

Además, el 19 de noviembre, la Audiencia acordó la excarcelación de otros cuatro presos. Se trata de los etarras de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra, así como del miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos, y el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Jaime Simón Quintela.

Al día siguiente fueron excarcelados Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos.

La Sala de lo Penal también acordó el 20 de noviembre la salida de prisión de los etarras José Ignacio Etxebarria Pascual, Javier Goldaraz Aldaya, Manuel González Rodríguez, Juan José Legorburu Gerediaga, Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga y Ramón Uribe Navarro, así como de los miembros del GRAPO Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero y Encarnación León Lara.

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"Privación de libertad irregular"

La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.