El juez de la privatización sanitaria, el más votado entre los jueces candidatos al CGPJ

La polémica no ha hecho perder apoyos a Francisco Gerardo Martínez Tristán. El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que pretende decidir sobre todos los recursos presentados contra la privatización de la sanidad madrileña y que ha sido recusado por los socialistas madrileños, fue este martes el juez de carrera más votado por los diputados del Congreso para integrar el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Acumuló exactamente 303 votos. 

El pleno de la Cámara baja tenía que elegir a diez de los 20 vocales del Poder Judicial (los otros diez los designará mañana miércoles el Senado). De esos diez, seis procedían del turno de jueces y magistrados. Y de estos, Martínez Tristán, promovido por el PP, quedó en cabeza. 302 votos recibieron Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia y Juan Martínez Moya, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde 2004, los dos aupados por los conservadores. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, vocal en el CGPJ de 1996 a 2001 y nominado por el PP, logró 301 apoyos. Los dos candidatos jueces designados por los socialistas obtuvieron menos votos: 300 Rafael Mozo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y 298 Clara Martínez de Careaga, magistrada de la Sala de lo Militar del Supremo y esposa del anterior fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido. Como UPyD, Foro Asturias, Izquierda Plural y Compromís-Equo se habían desmarcado del acuero, se registraron 15 blancos y siete nulos, de un total de 327 votos emitidos. 

Los otros cuatro nombrados se adscriben al cupo de juristas de reconocido prestigio, y estos sí que fueron acordados no sólo por PP y PSOE –como ocurrió con los jueces–, sino por ellos dos más Izquierda Plural, CiU y PNV. De entre ellos, ganó el abogado Enrique Lucas, auspiciado por el PNV, con 312 votos. Le siguieron, con 311 respaldos, la abogada del Estado Nuria Díaz (nombrada por el PP) y la secretaria judicial Concepción Sáez, postulada por IU. El último, Álvaro Cuesta, exdiputado por Asturias del PSOE. El escrutinio de esta segunda urna arrojó un resultado de 325 votos emitidos, sólo cinco blancos y ocho nulos. La razón es que IU sí votó a los integrantes de esta papeleta, cosa que no hizo con la de los magistrados, porque ese pacto fue cocinado sólo por los dos grandes partidos. 

La controversia sobre Martínez Tristán se había recrudecido en las últimas horas. Tomás Gómez, líder del PSM, remitió ayer lunes una carta a Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochándole que hubiera aceptado en la lista a este juez, recusado por el partido por estar casado con una consejera manchega del Gobierno de Marta García de la Calzada. Gómez incluso amagó con renunciar a su escaño en el Senado si Martínez Tristán era refrendado por la Cámara alta, cosa que no ha ocurrido. 

"Han mandado a prisión a Montesquieu"

El debate previo, breve, circuló por los derroteros esperables. En el bando opositor al acuerdo, UPyD y Foro Asturias, que anunciaron su voto en blanco. Rosa Díez, portavoz de la única formación nacional que no ha participado en las negociaciones ni ha firmado ninguna pata del acuerdo –ni los vocales del turno judicial ni el cupo de juristas–, advirtió de que con la votación se perpetraba "un atraco a la democracia y un asalto a la Constitución". Mostrando un gráfico publicado en prensa con la ficha de cada uno de los 20 miembros del nuevo CGPJ (nombre y partido que lo promueve), Díez subrayó que todos ellos, como en una "cuadra", tienen "espónsor", y "si a uno le esponsoriza Nike, no corre con la camiseta de Adidas, porque sabe quién le paga la carrera". O sea, que los vocales se deben a quien les ha propuesto. "Un escándalo, una inmoralidad, y así es imposible que en este país acabemos con la corrupción". La portavoz del partido magenta confirmó su intención de recurrir la designación con un recurso ante el Tribunal Constitucional y de pedir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para acabar con la politización de la Justicia, un sistema "perverso" que no quiso, a su juicio, el constituyente.

También Foro Asturias rechazó el "reparto" de vocales porque supone "un gran antentado al entramado propio de la separación de poderes". El diputado Enrique Álvarez Sostres afeó al PP que haya aparcado su promesa electoral de que los miembros del CGPJ fuesen designados por los propios jueces y magistrados. "Han mandado a prisión a Montesquieu", acusó.

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Defensa del consenso alcanzado

Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del PSOE, defendió que su partido había cumplido con la "obligación constitucional" de renovar el Consejo, algo que "no ha sido siempre así", cuando el PP bloqueaba las instituciones. El diputado socialista pidió además "respeto" a los vocales, porque han sido elegidos no por 5.000 jueces, sino por los representantes de la soberanía popular, un sistema en el que siempre ha creído el PSOE, dijo. "Esto es un órgano político, no jurisdiccional", advirtió. José Miguel Castillo, su homólogo del PP, también reivindicó la limpieza del proceso y reprobó a UPyD por sus descalificaciones, que sólo pretenden una visión "distorsionada" sobre la independencia de la CGPJ. Castillo subrayó que en la candidatura acordada por PP, PSOE, IU, CiU y PNV están presentes el "prestigio", la "excelencia" y la "pluralidad", por lo que sus integrantes podrán cumplir con "solvencia" su tarea. 

En una tierra mixta se situó el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, que explicó que su grupo sí apoya la candidatura de cuatro juristas de reconocido prestigio –y ahí logró una plaza, la de la secretaria judicial Concepción Sáez–, pero prefería votar en blanco a los seis jueces pactados entre PSOE y PP. "No puede haber convidados de piedra", se quejó.