El PSOE lleva al Congreso la ruptura del Concordato y una nueva Ley de Libertad Religiosa

El PSOE prometió, tras la Conferencia Política, que trasladaría "pronto" al Congreso la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Finalmente, no ha tenido que pasar un mes para que ese anuncio haya llegado. Este lunes, la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, anunció que el Grupo Socialista en el Congreso presentará hoy mismo una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a romper el Concordato de 1979 y a presentar en seis meses una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y Conciencia que regule normas comunes para todas las confesiones, que contemple la relación con todas ellas (incluida la Iglesia, claro) y que proteja tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes. La última pata de la iniciativa es la petición al Ejecutivo para que establezca un protocolo civil para todos los actos solemnes organizados por el Estado que garantice su "aconfesionalidad". La propuesta quedó al final registrada a las 19.20 horas [consúltala aquí]. 

Los socialistas, aseguró Valenciano en rueda de prensa en Ferraz, abrirán el "diálogo con todo los grupos parlamentarios" para buscar el máximo apoyo posible a su texto, pero si fuera rechazada –y es seguro, dada la mayoría absoluta del PP–, la proposición no de ley será un "compromiso del programa de Gobierno del partido". 

La propuesta, como recordó la número dos, emana de la promesa que Alfredo Pérez Rubalcaba hizo al presentar su candidatura a la Secretaría General en el congreso de Sevilla, en 2012, el que ganó a Carme Chacón, pero fue mucho más concreta en la Conferencia Política. De esta cumbre, celebrada los pasados 8, 9 y 10 de noviembre en Madrid, salió el compromiso explícito y sin matices de pedir la denuncia de los acuerdos con el Vaticano sin más dilación. Hoy Valenciano subrayó cuáles eran las tres "poderosas razones" que llevaban a los socialistas a presentar la proposición en el Congreso. Primero, que el Concordato comenzó a negociarse antes de que se aprobara la Constitución, pese a que se firmaron en enero de 1979. O sea, que tiene un "origen preconstitucional". En segundo lugar, que la sociedad española "ha cambiado mucho" en estos 34 años, y es "más secular, más laica y mucho más plural", y esa "secularización y pluralidad religiosa debe reflejarse en el orden jurídico".

Y en último término, porque las últimas actuaciones del PP "han desequilibrado la situación", de tal forma que "algunas de las iniciativas más importantes" del Ejecutivo, como la ley Wert o la próxima contrarreforma del aborto, muestran "una influencia bastante directa" de la "jerarquía eclesiástica". "Tratan de convertir sus creencias en leyes para todos. Ese es el espíritu que creemos que se ha quebrado con el PP. Por eso creemos que ha llegado el momento de dar este paso". 

El diputado Ramón Jáuregui, miembro de la ejecutiva del PSOE como delegado de la Conferencia Política y exministro de la Presidencia en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, comunicó a la Nunciatura del Vaticano en España y a la Conferencia Episcopal Española que su partido iba a hacer el anuncio y que presentaría la proposición no de ley este lunes, según añadió después un portavoz de Ferraz. 

Las relaciones con el Vaticano, en la nueva ley

Denunciar un tratado internacional –que ese es el rango de los cuatro acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 [consúltalos aquí]– es que una de las partes lo declara roto. Fuentes de la dirección precisaron que el PSOE no pretende cambiar un Concordato por otro convenio bilateral. Según explicitó Valenciano, se trata de que la nueva ley, amplia, "ordene la relación del Estado con la Iglesia católica y el resto de las confesiones religiosas, para que todas ellas encuentren un espacio de relación con el Estado". 

Los periodistas preguntaron a Valenciano si el PSOE se arrepiente de haber frenado la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en su última etapa en la Moncloa, cuando tenía mayoría suficiente para sacarla adelante. "Probablemente sí hubiera sido mejor hacerlo. Es verdad que a toro pasado las cosas es más fácil verlas. Pero les recuerdo que estábamos metidos en una batalla bastante importante, que tenía que ver con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Teníamos abierto un conflicto con la Iglesia católica muy importante por la defensa de los derechos civiles. Tal vez por eso el Gobierno, en el que yo no estuve, midió a la hora de no insistir en la ley. No lo hicimos entonces, pero ahora creemos que es el momento de hacerlo", respondió. En suma, que el Ejecutivo de Zapatero rechazó abrir otro frente con los obispos por la continua presión que estos ejercían. 

Informe favorable a que haya primarias antes en Valencia

Valenciano hizo el anuncio después de la reunión de la ejecutiva federal del PSOE. En ella, además, se fijó la fecha definitiva para el Comité Federal. Será el sábado 18 de enero, y allí el partido decidirá el momento de las primarias. Hasta entonces, la dirección federal hablará "con todos" –el papel clave es el de los barones– y hará una propuesta de calendario, en un año "clave" para los socialistas, con las elecciones europeas como primer hito a superar. 

¿Por qué se descartó diciembre o primeros de enero? "Hay una cosa que se llama la Navidad –bromeó–, que cae como una losa sobre los calendarios de todo el mundo. En Navidad no vamos a hacer el Comité Federal. Y la primera semana estaríamos en las colas de la Navidad, puesto que el 6 es festivo". El 11 de enero, con todo, se constituirá el Consejo Federal de Derechos y Libertades, un foro en el que participarán dirigentes socialistas y representantes de movimientos sociales y de la universidad para poner en marcha medidas contra la "deriva autoritaria" del Gobierno. 

El 18 de enero fijará todo el calendario de primarias –nacionales, autonómicas, locales– y el calendario electoral. No está claro aún si el Comité Federal pondrá día concreto a las primarias para elegir al candidato presidencial o si, en cambio, se optará por una fórmula más difusa, en la que se indique "el periodo". 

El máximo órgano del PSOE entre congresos también estudiará la petición de los socialistas valencianos y su secretario general, Ximo Puig, de que sus elecciones internas se celebren lo antes posible, para poder tener listo a su cabeza de cartel y poder tener cubierta la eventualidad de comicios anticipados. Esa solicitud contará con el "informe favorable" de la dirección federal, dada la situación de emergencia en Valencia, una "comunidad fallida". Por cierto que sobre otro barón, el madrileño Tomás Gómez, que el miércoles pasado renunció a su escaño de senador en protesta por el respaldo del PSOE al juez Gerardo Martínez Tristán como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Valenciano fue sumamente escueta: esa decisión de dimitir le compete a él y punto. "No tengo más que decir, salvo respetar".

Respuesta "con toda la energía" a la 'ley Fernández'

La ejecutiva, según el resumen expuesto por Valenciano, también abordó el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana. La número dos dijo que el PSOE “no descarta” llamar a la ciudadanía para que se manifieste contra lo que llama “Ley de Represión”, porque va “directa al corazón de la democracia y contra los derechos de los ciudadanos”. Ante una “intentona antidemocrática” como la que está pergeñando el Ejecutivo de Mariano Rajoy y su titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, el PSOE responderá “con toda la energía”, y para ello además constituirá el citado Consejo Federal de Derechos y Libertades Públicas, con el objetivo de “tejer una alianza social amplia” para defender la “integridad de la democracia”.

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Los socialistas creen que la norma produce una “indefensión total” a los ciudadanos, puesto que otorga una mayor discrecionalidad a la Administración a la hora de imponer abultadas sanciones económicas, y recurrirlas será mucho más costoso, dada la subida de tasas judiciales aprobada también por el Gobierno. En definitiva, se envía a los españoles el mensaje de que “mejor no protesten y no salgan a la calle”, porque si lo hacen “van a ser duramente sancionados” y no van a poder impugnar esa multa porque las tasas “hacen imposible ese recursos. “No deben sentirse tan fuertes, a pesar de su campaña de propaganda en cuanto a una salida inminente de la crisis y la mejora clarísima de la situación económica. No deben sentirse tan fuertes en el Gobierno de Rajoy, ya que necesitan recurrir a la fuerza para reprimir la opinión de los ciudadanos. Esta ley choca con el autobombo del PP, porque si el milagro estuviera siendo percibido por la gente, no necesitarían una ley que amordaza la opinión de los ciudadanos. Vamos a levantarnos contra eso desde el minuto uno”, reflexionó.

Valenciano insistió que no hace falta una nueva ley, porque los episodios de violencia en las manifestaciones escasean, porque en España los ciudadanos marchan de forma “pacífica”, con mucha “tranquilidad”. “Parece más una provocación del ministro que buscar la solución a un problema que no existe en este momento”. La número dos advirtió a Fernández Díaz de que España tiene “mucha sensibilidad” con respecto a este tema, porque vivió sometido cuarenta años al yugo de una “durísima dictadura”.