El modelo eléctrico: precios desorbitados, beneficios multimillonarios y puerta giratoria en las empresas

España es una isla energética que depende en un 80% del exterior para su abastecimiento. Esa isla es también un caso único en el mundo: los consumidores domésticos, más de 20 millones, pagan facturas que se cuentan entre las más caras de Europa. Pero cuanto más pagan, más deben y cuanto más deben (30.000 millones de déficit tarifario acumulados en 2013) más están obligados a pagar en la factura. El sistema  de liberalización y privatización de empresas que se impuso a partir de 1997 no funciona. La mejor prueba es el inmenso enredo que ha acabado en una acción sin precedentes: la suspensión por Competencia, a instancias del Ministerio de Industria, de la subasta trimestral para fijar precios.

Es la intervención, de hecho, del mercado.

Para llegar a la conclusión de que el sistema no funciona basta echar un vistazo a la situación del mercado.  En el modelo ideal, con sobrecapacidad de generación —las centrales de ciclo combinado, que suman más de 25.000 MGW, funcionan menos de una cuarta parte de las horas posibles— y demanda a la baja, en niveles de 2005 (niveles de 2000 en el caso de la industria) los precios deberían tender también al descenso. Y sin embargo, no es así. En las últimas semanas, los precios han llegado a cotas desconocidas en 11 años. La batalla entre las empresas y el Gobierno a cuenta del déficit y la especulación con el agua y el gas explican la escalada.

Para el usuario de a pie, las consecuencias son dolorosas. Entre 2006 y 2011, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles, según Eurostat y excluidos los impuestos, aumentó un 69,9% mientras en la UE (27 países) creció un 19,9% y en el área euro un 13,1%. En diez años (2004-2013) los hogares han visto cómo se encarecía la factura eléctrica en un 94%.

No hay competencia

Las razones para el mal funcionamiento son múltiples. La escasa competencia y la fiscalidad de la electricidad explican en parte el problema.  De los costes totales del sistema (en torno a 31.000 millones), más de un tercio tienen que ver con decisiones de política energética o lo que es lo mismo, con decisiones que toma el Gobierno de turno.

Un error, como sucedió con la estimación del negocio solar fotovoltaico, o una decisión política arriesgada —contener artificialmente las tarifas eléctricas, como se hizo en 1998— puede hipotecar el futuro. Es lo que está pasando.

Alberto Lafuente, el último presidente de la última Comisión Nacional de la Energía (engullida por el superregulador de Mercados y Competencia) lo resumió en 2012. El resumen sigue siendo válido: "Tenemos" explicó Lafuente "un exceso de capacidad [de generación] de más del 30%, en un escenario financiero complejo, con costes muy elevados y estancamiento económico. Y ese exceso de capacidad, junto a la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una pérdida de competitividad". La cosa no funciona.

En realidad, el sistema eléctrico es el reflejo de un fracaso. A partir de 1997, el Gobierno dirigido por el PP, decidió emprender el modelo de liberalización y apertura a la competencia que ya se aplicaba en Reino Unido. Con un sector poco acostumbrado a la competencia e ideas que no resitían el choque con la realidad, el Ejecutivo quiso soplar y sorber a la vez: impulsar la concentración del sector al tiempo que introducía un régimen de competencia y liberalización.

Los mismos actores

Dos décadas después, se mantiene prácticamente el número de actores. Cinco compañías copan el mercado de generación y distribución. Lo único que ha cambiado es que la más grande, Endesa, un día pública,acabó en manos de la italiana Enel en 2009 y dos de las pequeñas, Hidrocantábrico y Viesgo fueron  aparar a manos de la portuguesa EDP y de la alemana E.On. En la liga de los grandes, tras múltiples escaramuzas empresariales todo acabó en la fusión de la gasista Gas Natural con la eléctrica Fenosa.

El enemigo a batir han sido las energías renovables (20% de la generación eléctrica en 2012, según datos de la patronal europea Eurelectric), a las que responsabilizan del déficit por las primas cobradas en los últimos años. El PP, desde 2011, ha contenido el crecimiento de las renovables y el pago de primas hasta paralizar prácticamente el sector. El más afectado es el sector solar fotovoltaico (huertos solares) que los bancos financiaron con 22.000 millones de euros.

Se puso en marcha un mercado en teoría libre, en el que todo el mundo podría elegir suministrador (a patir de 2003) y hacer y suscribir ofertas. En la práctica, la falta de competencia ha ahogado el mercado. Datos de junio de 2012 (CNE), informe de supervisión del mercado: Las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) controlan en un 81%  el segmento pymes y en un 61% el industrial. En el segmento doméstico, aún se observa una mayor cuota de concentración: un 92% del volumen de la energía está suministrado por las tres mayores empresas.

Lo que paga el usuario

Y ¿qué es lo que paga el usuario a precio de oro? La respuesta parece obvia: pagan la electricidad que consumen en un periodo determinado. Cierto. Pero solo a medias.

Además de la electricidad, el usuario paga impuestos (IVA, más un 4,864% del denominado impuesto de electricidad), cubre parte del presupuesto de la Comisión de la Competencia, paga la moratoria que compensó a las eléctricas por la paralización de la construcción de nucleares, soporta el pago de las primas a las renovables, financia los planes de calidad, cubre las rebajas en la factura que benefician a empresas que se ofrecen a desengancharse del sistema en caso de necesidad (interrumpibilidad) y aporta lo necesario para cubrir el déficit de tarifa (la deuda que se crea cada año a un ritmo de 5.000 millones al año).

Además, el recibo compensa a las empresas eléctricas que prestan servicio en las islas, Ceuta y Melilla. Por resumir, menos de la mitad va destinado a pagar lo que se ha consumido (en torno al 45%), el resto se va en impuestos y subvenciones diversas. 

A pesar de las quejas de las compañías, a las empresas no les ha ido mal. En seis años (2005-2012)  el beneficio conjunto de las eléctricas ha sido de más de 52.300 millones. De ellos 6.400 en 2012. La más generosa en el reparto de ganancias desde 2005 ha sido Endesa (14.306 millones). Endesa fue especialmente espléndida con sus accionistas en 2008: en plena guerra de opas, repartió 6.243 millones. A continuación figura Iberdrola, con 8.367 millones abonados desde 2005. Por último, Gas Natural y Unión Fenosa (absorbida por la gasista en 2009) han abonado 10.760 millones.

Márgenes elevados

Son cifras generosas. Una información con datos muy discutidos por la asociación patronal Unesa y por las compañías destacó hace unos meses que firmas como Iberdrola, Endesa o Gas Natural consiguieron situar sus márgenes en el 6,78% en el conjunto del año 2012, mientras que las grandes eléctricas del Viejo Continente -E.ON, Enel, EDF y RWE- dejaron este ratio en el 2,62%.

La buena marcha de las grandes compañías ha sido el gran argumento que ha utilizado el Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) para retrasar a 2014 el pago del déficit de tarifa generado en 2013: 3.600 millones. Montoro, como han hecho otras organizaciones afectadas por la batalla eléctrica, caso de la asociación fotovoltaica Anpier, se ha fijado en la buena marcha de las empresas en Bolsa para rechazar sus quejas. 

En realidad, sostienen los más críticos con el funcionamiento del sistema eléctrico, es muy difícil que le vaya mal a las empresas cuando hay tanto "capital relacional" metido en el negocio. Más claro: el sector eléctrico está plagado de ex políticos con buena agenda que cobran jugosos sueldos por estar dispuestos a mover hilos.

El asunto es tan escandaloso que ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción.La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, de la que forman parte entre otras organizaciones Ecologistas en Acción, Equo, la Fundación Renovables o Greenpeace, denunció el asunto en junio.

La Plataforma considera que las denominadas "puertas giratorias" entre las empresas y la política pueden haber ocultado presuntos delitos a favor de las grandes empresas y en perjuicio de sectores concretos, como el de las energías renovables.

Políticos por docenas

La PNME detalla en el escrito hasta dos docenas de expolíticos cuyas actuaciones en el sector, según señalan, deberían ser investigadas. La asociación patronal eléctrica Unesa declinó comentar la iniciativa.

Entre los expolíticos que menciona el escrito de denuncia figuran los expresidentes Felipe González y José María Aznar, ex ministros del PSOE y del PP y familiares de politicos en activo, como el esposo de la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal.

La denuncia está respaldada por miles de firmas. "No queríamos que fuera una denuncia más entre las decenas que llegan cada día a laFiscalía, por eso nos impusimos recabar al menos 10.000 firmas, con su DNI, para acudir a Anticorrupción", explicó Jorge Morales, uno de los impulsores de la iniciativa. 

La base de la denuncia es la idea de que en los últimos años se han registrado "actuaciones absolutamente arbitrarias" en el sector, "tendenciosas e injustas que están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector".

De acuerdo con el relato de hechos que plantea el escrito –documentado con informaciones de prensa, comunicaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) e información pública de las compañías del sector–, las empresas, apoyadas por el Gobierno del PSOE primero y del PP después, habrían puesto en el punto de mira a sus competidoras, las energías renovables, para paralizar su desarrollo y mantener su espacio de negocio.

Del relato de la denuncia se desprende que la contratación de expolíticos formaría parte de una maniobra de las empresas para influir en Gobiernos y partidos. "Por qué si no una empresa (Iberdrola Ingeniería) iba a contratar a Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal?", se pregunta Morales.

La lista de expolíticos que detalla el escrito para la Fiscalía Anticorrupción es la siguiente:

Felipe González Márquez: expresidente del Gobierno desde 1982 a 1996. Consejero asesor de Gas Natural Fenosa desde diciembre de 2010.

José María Aznar López: presidente de Gobierno entre 1996 y 2004. Consejero asesor externo de Endesa desde enero de 2011.

Narcís Serra Serra: exvicepresidente del Gobierno, exministro. Consejero de Endesa entre 2009 y 2011.

Luis de Guindos: actual ministro de Economía. Consejero de Endesa entre 2009 y 2011.

José Luis Olivas Martínez: exvicepresidente de la Comunidad de valencia. Consejero de Iberdrola hasta mayo de 2012.

Manuel Amigo Mateos: exconsejero de Presidencia, de Economía y de Industria en la Junta de Extremadura. Consejero externo independiente de Iberdrola Renovables.

Elena Salgado Méndez: exministra de Sanidad, de Economía y Hacienda y vicepresidenta entre 2004 y 2011. Consejera de Chilectra, filial de Enersis que, a su vez, es filial de Endesa.

Fabrizio Hernández Pampaloni: secretario de Estado de Energía durante el año 2011. Llegó a la Administración desde la consultora especializada en energía Nera Consulting. La abogacía del Estado llegó a recurrir un informe elaborado por la consultora en la que trabajó.

Pedro Solbes Mira: ministro de Agricultura, de Economía y vicepresidente del Gobierno entre 2004 y 2009. Consejero de Enel (compañía propietaria de Endesa) desde abril de 2011.

Joan Majó Cruzate: exministro de Industria. Consejero de Endesa desde septiembre de 2011.

Ángel Acebes Paniagua: exsecretario general del PP y ministro (Administraciones Públicas, Justicia e Interior) desde 1999 a 2004. Consejero externo de Iberdrola desde abril de 2012.

Ana Palacio Valle-Lersundi: exministra de Asuntos Exteriores. Es miembro del Consejo de Estado. Consejera de EDP España (antigua Hidrocantábrico).

Manuel Marín González: expresidente del Congreso de los Diputados (2004-2008). Es presidente de la Fundación Iberdrola.

Ignacio López del Hierro: esposo de Maria Dolores de Cospedal. Consejero independiente de Iberdrola Ingeniería.

Ramón Pérez Simarro: exdirector general y exsecretario de Estado de Energía. Consejero de Enagás.

Rosa Rodríguez Díaz: exviceconsejera de Hacienda de Canarias y ex vocepresidenta del Cabildo de Gran Canaria. Consejera de Enagás.

Braulio Medel Cámara: exviceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía. Consejero electivo de Iberdrola.

Fernando Becker Zuazua: exconsejero de la Junta de Castilla-León. Vicepresidente de la Fundación Iberdrola.

Santiago Cobo Cobo: marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Consejero independiente de Gas Natural Fenosa.

José Folgado Blanco: exsecretario de Estado de Presupuestos, exsecretario de Estado de Energía. Presidente de Red Eléctrica de España.

Maria de los Ángeles Amador: exministra de Sanidad. Consejera de Red Eléctrica de España.

Arantxa Mendizábal: exdiputada socialista, miembro de la Comisión de la Energía del Congreso. Consejera de Red Eléctrica de España.

Joseba Andoni Aurrekoetxea: exsenador. Consejero de Enagás de 2007 a 2012.

Marcelino Oreja Aguirre: exdiputado. Excomisario europeo. Consejero de Enagás.

Enrique Martínez Robles: exsecretario de Estado de Hacienda. Consejero de Enagás hasta 2012.