Los otros ‘Gamonales’

La indignación vecinal no es un asunto exclusivo de Gamonal. Las protestas en el barrio burgalés, que han conseguido finalmente paralizar las obras que el alcalde Javier Lacalle insistía en llevar a cabo para construir un bulevar, no son el único ejemplo de manifestaciones que organizan vecinos de diferentes barrios y localidades contra las pretensiones de algunas administraciones de construir infraestructuras polémicas.

RASCACIELOS EN MARBELLA

La historia de la plataforma 'Marbella contra los rascacielos' que varios ciudadanos de la localidad malagueña fundaron el pasado diciembre tiene una importante similitud con lo acontecido en Gamonal: los vecinos consiguieron su objetivo. El colectivo se fundó el pasado mes de diciembre a instancias de varios habitantes del municipio, contrarios a la construcción de este tipo de edificios en Marbella, y en poco más de dos semanas contaba ya con 2.000 firmas de adhesión a través de la web Change.org.

La plataforma denunciaba la aprobación –únicamente con los votos de los concejales del PP en el Ayuntamiento– de una serie de modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, que abrían la puerta a la construcción de edificios de hasta 50 plantas. La presidenta del colectivo, Carola Herrero, se quejaba hace unos días en el diario La Opinión de Málagaque la iniciativa no había contado "con la participación de los ciudadanos". "Estas ideas no forman parte de ningún programa electoral, no se ha abierto un debate ni se han realizado estudios económicos serios que demuestren que van a reportar un gran beneficio a la ciudad y no sólo a su promotor", señalaba Herrero.

Y dicho y hecho. Visto el clamor popular en contra del proyecto –acerca del cual 'Marbella contra los rascacielos' alertaba de que podía "desencadenar unos procesos urbanos indeseados” de los que habían sido “víctimas” otras ciudades– el Ayuntamiento gobernado por Ángeles Muñoz (PP) reculó el pasado día 10 y aprobó en un pleno extraordinario retirar los cambios del Plan General de Ordenación Urbana.

Torres de alta tensión en Arbo

En la otra punta de España también hay marchas contra ciertas obras. Es el caso de los vecinos de la localidad pontevedresa de Arbo, quienes, junto a los habitantes de los municipios portugueses de Melgaço y Monçao –fronterizos con Galicia– se organizaron para protestar el pasado día nueve en Santiago de Compostela. ¿El motivo? La prentesión de Red Eléctrica Española (que pertenece en un 20% al Estado) de construir una línea de alta tensión que pasará muy cerca de núcleos habitados: según los promotores de la protesta, las torres pueden situarse tan sólo a 10 metros de algunas de las viviendas

Por ello, más de cien vecinos de las tres localidades afectadas –que cuentan con el apoyo de sus respectivos ayuntamientos– se concentraron en la Plaza del Obradoiro de la capital gallega para protestar contra un proyecto que, según consideran, supone "una amenaza" para sus vidas. "[El electromagnetismo] produce cáncer, enfermedades cardiovasculares, deformaciones genéticas y demencia senil mucho más acusada", aseguró el portavoz del grupo, Agapito Balado.

Sin embargo, la protesta de estos vecinos no se va a quedar ahí, ya que los habitantes de Arbo han anunciado que han presentado a los grupos políticos de su consistorio una propuesta para que la corporación eleve, a su vez, una petición a los diputados nacionales elegidos por la circunscripción de Pontevedra con el fin de intentar paralizar la construcción de la línea en su actual ubicación. "Hay monte suficiente" para emplazar las torres, señala Balado, que se muestra optimista al afirmar que "contra la voluntad popular, no se puede imponer".

Subestación eléctrica en vilaboa

También en Pontevedra, los vecinos del municipio de Vilaboa llevan realizando protestas desde hace varios meses. Se manifiestan contra los planes de Fomento de construir en su municipio una subestación de servicio necesaria para dar servicio a la línea del AVE. Los habitantes de la localidad temen que esta infraestructura pueda tener consecuencias negativas sobre su salud, y han presentado un recurso contra el proyecto, alegando que no respecta la distancia de 250 metros con respecto a las viviendas de la zona.

Los ciudadanos ya realizaron en septiembre una entrega de firmas a la Xunta de Galicia para expresar su rechazo al proyecto. No obstante, los vecinos también han pasado a la acción, ya que llevan un tiempo realizando guardias y acampadas en el punto en el que se pretende construir la subestación, así como manifestándose cada sábado a lo largo de la Nacional 550. Y, al menos por ahora, esto seguirá siendo así, ya que la última oferta que ha realizado Fomento a los vecinos es el soterramiento de las líneas eléctricas –tal y como pedían–, pero con la posibilidad de construir una nueva subestación en 2017, posibilidad que rechazan los habitantes de Vilaboa.

Dique en ponferrada

Lo que han visto amenazado los vecinos del barrio ponferradino de Flores del Sil, en León, no son sus vidas, sino sus propiedades y el entorno de su pueblo. Por ello, el pasado septiembre se unieron para crear la Plataforma 'PonfeSil Movamos el Dique', que busca frenar la construcción –proyectada por el Gobierno central, que la financiará en un 80%– de un dique perimetral que circundará el río Sil con el fin de poner remedio a las recurrentes crecidas de caudal.

No obstante, según denuncian los afectados, la reforma "cercará" cientos de parcelas y supondrá "un menoscabo económico, ecológico y medioambiental sin precedentes" en la región. "Entendemos que [la construcción] afecta y ataca directamente a los intereses económicos de un buen número de habitantes de Ponferrada y al patrimonio ecológico y natural del resto de los vecinos de la ciudad", denuncia la plataforma, que busca "la modificación del proyecto inicial, adaptándolo a las necesidades del barrio y sus vecinos".

Y, ¿cuáles son estas modificaciones? Básicamente, lo que pide el colectivo es que el trazado del dique se desplace hacia el cauce del río para que evitar, en la medida de lo posible, que se adentre en las fincas y "donde la función de prevención ante posibles fuertes avenidas será mucho más efectiva", según contaron los vecinos el pasado septiembre al Diario de León. A la Plataforma le preocupan, asimismo, las consecuencias ecológicas del proyecto, ya que aseguran que "barrerá de un plumazo plantas y animales que hasta ahora habitan la zona", y se quejan de la "pasividad" del Ayuntamiento de Ponferrada a la hora de atender a sus demandas.

presa en Aguaviva

Muy similar es el problema que afecta a los vecinos de Aguaviva, en Teruel, que se oponen a la construcción de una presa en el río Bergantes proyectada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este organismo alega que la presa de Calanda, que ya se encuentra edificada a unos 20 kilómetros de la ubicación donde se pretende realizar el nuevo proyecto, no protege como debería a las localidades cercanas de posibles crecidas del río.

Sin embargo los vecinos –unidos en la plataforma "El Bergantes no se toca"–, en un escrito de alegaciones que presentaron en 2012 ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ponen en duda los motivos de la Confederación y aseguran que, según un informe de este mismo organismo, "no aparece ningún tramo del Bergantes" entre las zonas consideradas de alto riesgo de inundación.

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Los vecinos, según declararon hace unos meses a La Sexta, sospechan que pueda haber intereses ocultos tras la construcción, y explican que el agua que guardará la presa podría estar "comprometida ya para regadío", o incluso para ser usada en proyectos de fracking. Además, el documento de alegaciones que presentaron asegura que "no se entiende que [...] no se puedan soluicionar los problemas estructurales del embalse de Calanda, o incluso la construcción de una nueva presa delante de la existente".

La queja principal que los habitantes de Aguaviva exponen para oponerse a la construcción de la presa es que esta produciría "impactos irreversibles y severos" en una zona que, recuerdan, se trata de "un espacio natural protegido de la Red Natura 2000", un conjunto de áreas de conservación gestionado por la Unión Europea. En este sentido, La Chunta Aragonesista ha presentado una iniciativa ante la Comisión Europea en contra del proyecto al considerar que vulnera la legislación comunitaria.

Pero no son los únicos efectos negativos que, a su juicio, provocaría la construcción: los vecinos también alegan que existirían "afecciones" económicas, ya que la presa "anegaría varias explotaciones agropecuarias básicas para el sustento económico de la población y varias empresas de extracción de áridos, hecho que daría lugar a la disminución de una importante cantidad de puestos de trabajo". Asimismo, exponen razones de salubridad para rechazar la presa.