La victoria de las batas y las togas

Las calles y los tribunales son las últimas trincheras contra el atropello de lo público. Una marea blanca que ha soportado en la calle el calor y el frío y un grupo de jueces que han aguantado presiones y maniobras políticas descaradas obligan al Gobierno de Madrid a renunciar a su plan de privatizar la gestión de seis hospitales construidos con el dinero de los ciudadanos.

Desde el Ejecutivo presidido por Ignacio González lo intentaron todo para imponer su plan, heredado (con gusto) de manos de la hoy presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Y todo quiere decir todo. Desde campañas de desprestigio del personal sanitario hasta movimientos que bordearon la ilegalidad en la tramitación del proceso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Dijeron primero que la sanidad pública madrileña era insostenible, que estaba en quiebra, y que había que "externalizar" la gestión para "ahorrar 200 millones de euros", aunque nunca explicaran cómo. Madrid funcionaba como laboratorio del PP para el trasvase de recursos públicos al negocio privado, eje fundamental mal disimulado en el discurso conservador. Dijeron más tarde que la marea blanca que empezó a llenar las calles cada semana estaba manejada "por la izquierda y los sindicatos". Intentaron aplicar la fórmula ya experimentada contra los funcionarios y el profesorado: gente que defiende privilegios y que trabaja menos que los demás, línea argumental preferida de Aguirre y su entorno.

No esperaban que la rebelión calara también entre prestigiosos especialistas de la medicina. No contaban con que aparecieran neurocirujanos que se confesaban "exvotantes del PP" denunciando que la llamada "externalización" era una descarada privatización de la sanidad pública. Un atropello al Estado del Bienestar basado además en datos inciertos. No pensaron que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) pudiera interponer un recurso en los tribunales solicitando la paralización del proceso.

Infamias y presiones

El propio consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que este lunes ha presentado su dimisión como chivo expiatorio del enorme fiasco, inició contactos con grupos de periodistas para "colocar" el mensaje de que la llamada marea blanca no era más que un movimiento organizado por los profesionales "mejor pagados" de la medicina, los que "compaginan por la mañana el hospital público y por la tarde la clínica privada", porque "se resisten a perder sus privilegios". La marea blanca pasó de ser un movimiento supuestamente manejado por las hordas de la izquierda a ser definida desde la consejería como una costosísima campaña creada por una agencia de publicidad norteamericana (cuyo nombre jamás se concretó) pagada por esos "riquísimos" profesionales de la sanidad. Insinuaron en privado cosas que dichas en público habrían constituido calumnias.

Quisieron entonces ganar en los tribunales la batalla que en la calle veían perdida. Como fuera. La suspensión cautelar del proceso de privatización dictada por distintos jueces a iniciativa del PSM y de la AFEM sacó de quicio al Ejecutivo de Ignacio González, que intentó de todos los modos posibles que su recurso de reposición no siguiera en manos de la sección tercera de lo contencioso-administrativo del TSJM, la misma que este lunes finalmente ha desestimado ese recurso y también los interpuestos por los grupos empresariales adjudicatarios. El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso, Gerardo Martínez Tristán, casado con una consejera del equipo de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha, intentó el último día de octubre pasado forzar que un pleno de la sala decidiera sobre esos recursos, en lugar del tribunal correspondiente. Hubo una rebelión mayoritaria entre los 50 magistrados de ese pleno. Martínez Tristán tuvo que dar marcha atrás y fue "castigado" con el premio de formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial y de su comisión permanente. Sin complejos.

La victoria de la marea blanca es contundentemarea blanca. Nadie se colgará en exclusiva esa medalla. Sin la movilización constante y resistente del personal sanitario; sin la iniciativa jurídica de la AFEM y de la oposición política; sin las denuncias de algunos medios de comunicación sobre la opacidad del proceso, esta paralización (¿definitiva?) no habría sido posible.

La paternidad de la derrota sí que no ofrece ninguna duda: Ignacio González, presidente de Madrid, ha pretendido ocultar el fiasco bajo el discurso del "respeto a los fallos judiciales". Ha insistido en tener razón pese a verse obligado a rectificar. Y ha pretendido limitar toda la responsabilidad política al cese del consejero Lasquetty, uno de los "cerebros" salidos de la FAES, fundación de ideas del PP, que ha gozado de la plena confianza de Aznar, de Aguirre y del propio González. Y que continuará como diputado en la Asamblea de Madrid (hasta nueva orden o destino).

El calendario de la justicia y el de las citas electorales han hecho pinza también contra el interés del PP por convertir Madrid en laboratorio de sus políticas sobre la gestión de la sanidad. Todas las encuestas reflejan el desgaste electoral que los recortes en sanidad y el proceso de privatización suponen para los 'populares'. No quieren llegar a la campaña de las autonómicas y municipales con las batas blancas en la calle y su 'gran laboratorio' en el juzgado.