El PP acusa al Gobierno del PSOE de permitir el fraude de las preferentes para evitar el rescate de la banca

El Partido Popular acusa al Gobierno del PSOE de haber permitido la venta fraudulenta de las preferentes “como alternativa improvisada al rescate de la banca”. En el argumentario que el partido ha distribuido hoy entre sus militantes y altos cargos se asegura que el anterior Ejecutivo autorizó la “emisión engañosa” de las preferentes “para salvar de forma improvisada la falta de liquidez de los bancos”.

El PP admite abiertamente que los ciudadanos fueron “engañados” por las cajas y bancos para que adquirieran estos productos financieros complejos y de elevado riesgo. La Audiencia Nacional acaba de imputar al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa imputar y a otros 12 ex directivos ante la sospecha de que vendieron las preferentes a clientes minoristas “como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia”.

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Además, el argumentario popular atribuye al “arbitraje rápido del Gobierno” de Mariano Rajoy la recuperación del dinero de “más de la mitad” de los afectados. En realidad, el sistema de arbitraje fue originalmente puesto en marcha por iniciativa de Novacaixagalicia, y luego imitado en Bankia y Catalunya Banc Bankia, los otros dos bancos intervenidos por el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB). Han sido estas tres entidades las que han seleccionado entre los preferentistas, a través de las consultoras KPMG, Pricewaterhouse y Ernst&Young, a quienes se beneficiaban del arbitraje. Una vez elegidos, los árbitros de los órganos de consumo han emitido laudos favorables a los ahorradores en el 100% de los casos. Es decir, ser elegido por la consultora equivale a ganar el arbitraje.

Así, según las cifras desveladas la víspera por Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, en el Congreso, de los 427.952 afectados que solicitaron adherirse al arbitraje, las consultoras aceptaron 269.379. Es decir, el arbitraje ha dejado fuera a casi 168.000 personas, a las que hay que sumar otras 100.000 que no llegaron a solicitarlo. Entre ellas, un buen número ha acudido a los tribunales para recuperar su dinero –recurrir al arbitraje implica renunciar a acciones judiciales posteriores–. Restoy admitió que sólo el 14% de los juicios se ha resuelto hasta ahora. Pero de éstos, “la mayoría” han sido favorables a los inversores.

Tampoco dice nada el argumentario popular de las quitas que han sufrido los ahorradores en los canjes aplicados por estas entidades a la participaciones preferentes y la deuda subordinada. Y que suponen pérdidas de valor de hasta el 61% sobre las cantidades atrapadas en estos productos tóxicos.