Inmigración

La Defensora del Pueblo tacha de imprudente el uso de pelotas de goma en Ceuta

El uso de pelotas de goma en Ceuta fue imprudente según la Defensora del Pueblo

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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que "no fue prudente", aunque sí legal, que la Guardia Civil disparase pelotas de goma para repeler el intento de entrada a la playa española de El Tarajal de un grupo de personas inmigrantes el pasado 6 de feberero, cuando perdieron la vida 15 personas camino de la costa.

Según ha afirmado, "la actuación de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil se ha hecho utilizando procedimientos, métodos y elementos habituales autorizados", sin embargo, "las circunstancias en las que se utilizaron estos medios, entre otros las bolas de goma o balas de goma, no ha sido prudente.

"Del informe se desprende que se ha actuado de acuerdo a la legalidad y la reflexión que yo hago es que la prudencia hubiera aconsejado la no utilización de estos medios", ha dicho la Defensora, quien se ha resistido a ofrecer una opinión más en profundidad porque el asunto está en manos de un juez en Ceuta.

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Por ello, ha declinado pronunciarse sobre la existencia o no de responsabilidades en la decisión de utilizar esos materiales antidisturbios. "Nosotros vemos si se ha actuado conforme a la legalidad o no y yo subrayo la palabra prudencia. Lo ocurrido y sus consecuencias, que son muy dramáticas, serán analizadas y si hubiera responsabilidades, lo dirá un tribunal", ha apostillado.

Con todo, ha recordado que la institución que representa lleva "solicitando desde 2006 un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad" un protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad"que delimite "qué se puede hacer, cómo y en qué circunstancias" ante el intento de entrada irregular de inmigrantes en España.

Por otra parte, Becerril se ha mostrado partidaria de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las "circunstancias actuales" de la inmigración, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que se emprenda la reforma para legalizar la expulsión sobre la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y Melilla de forma irregular. Según ha dicho, hoy por hoy esta práctica no se ajusta a la ley y su institución "pide siempre actuaciones acorde con la legalidad vigente".

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