Empresas públicas pagan bonus a directivos mientras despiden y congelan el sueldo de sus plantillas

La austeridad y la lucha contra el derroche en las administraciones públicas es uno de los estandartes que con más entusiasmo ha enarbolado el Gobierno. Con especial atención a los gastos de personal. Una de sus primeras medidas fue ponerle un tope a los sueldos de los altos cargos y directivos, tanto de la administración como de las empresas públicas. Poco después suprimió la paga extra de Navidad para los empleados públicos. E incluyó en la reforma laboral la herramienta que ha permitido despedir al personal laboral fijo de las administraciones y a las plantillas de las empresas estatales. Hasta batir récords: desde 2012 se han destruido 361.000 empleos públicos, un 11%, dos puntos porcentuales más que en el sector privado.

“El empleo público debe adaptarse a la realidad económica”, declaró entonces el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para justificar las medidas.

Esa realidad, sin embargo, debe de ser variable o bipolar porque, en la práctica, se están produciendo distorsiones que han soliviantado los ánimos de las plantillas y cuestionado tanto los motivos como los procedimientos. En sociedades 100% estatales como Ineco y Tragsatec, dedicadas a la ingeniería, por ejemplo, buena parte de sus plantillas está cobrando por debajo de lo estipulado en el convenio de su sector. Las empresas se niegan a pagarles el 0,8% de subida salarial que les correspondía el año pasado. Alegan que ese aumento sobrepasaría la masa salarial fijada para 2013, un desfase prohibido por la Ley General de Prespuestos del Estado. Pero, al mismo tiempo, los sueldos de los directivos de ambas compañías escapan con soltura de los recortes, y los bonus y pluses siguen repartiéndosebonus con la generosidad de una firma privada. Aunque esas empresas hayan pasado por el trauma de un ERE. Y tengan beneficios o pérdidas.

“Para unas cosas somos públicos y para otras, privados”, se queja Álvaro Enrile, de la sección sindical de CCOO en Ineco. Más de la mitad de la plantilla de esta empresa, una de las 12 españolas que construyen el AVE a La Meca, cobra menos de 1.000 euros al mes, asegura. Un técnico junior percibe 1.200 euros; el sueldo mensual de un ingeniero debería ser, según el convenio del sector, 1.687 euros.

“Ese 0,8% son unos 150 euros al año, una cantidad ridícula que afecta sólo a los perfiles técnicos medios y bajos y a los administrativos, el chocolate del loro”, explica Manuel Cabrera, también de CCOO en Ineco.

No se tocó el plus más voluminoso

Precisamente de esa masa salarial, cuya cuantía debe remitir cada empresa, fundación o consorcio estatal al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre, y que no puede superar la del ejercicio anterior, quedan excluidos los sueldos de los máximos directivos.

En Ineco, de los 2.830 empleados, 202 pertenecen a la estructura. El 92,9% restante está cubierto por el convenio colectivo de la empresa, que en materia retributiva se remite a las tablas salariales del convenio del sector de ingeniería. Pese a generar siempre beneficios, Ineco ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2013 que supuso el despido de 390 trabajadores, con la indemnización mínima legal, 20 días por año.

También entonces se recortaron las retribuciones de los jefes de división y de departamento, así como de los miembros de la estructura técnica. A ambos se les suprimió la retribución variable. Además, a los primeros se les redujo un 5% la retribución fija y a los segundos, un 10%. Lo que no se tocó fue el complemento de desplazamiento, que en muchos casos es el plus de mayor volumen.

Todos los complementos

Según el listado de personal de la empresa –al que ha tenido acceso infoLibre– a 30 de noviembre de 2012, es decir, antes de efectuarse los recortes salariales antes citados, en Ineco había 60 directivos que cobraban más de 100.000 euros brutos al año. Eran 188 los que tenían sueldos superiores al del presidente del Gobierno, que es de 78.158,04 euros anuales. El mayor salario de la empresa entonces era de 185.042,99 euros. Se trata de un empleado de la estructura con 11 años de antigüedad y un sueldo fijo de sólo 56.031,35 euros anuales, pero con un complemento de destino –también el mayor de Ineco– que lo dobla: 104.190,41 euros.

Además de la retribución fija, los empleados públicos también cobran un complemento de puesto: el de mayor cuantía es 13.000 euros, que en Ineco sólo percibe un jefe. Otros 62 ingresan 9.000 euros por en este concepto. Más voluminosa es la retribución variable, hasta 23.000 euros anuales, que también cobra sólo un miembro de la estructura. Otros tres reciben 15.000 euros. Un total de 25 personas superan los 10.000 euros al año de complemento variable. Más cuantioso es el plus por desplazamiento, que si es internacional puede, como se ha dicho antes, duplicar el salario fijo. Siempre supera los 30.000 euros. Se les paga a los trabajadores desplazados para ejecutar proyectos fuera de España.

El caso es que la empresa no se encuentra a gusto con las restricciones salariales que les impone la política de austeridad del Gobierno. El pasado mes de noviembre, su presidente, Pablo Vázquez, solicitó en una reunión a Pilar Fabregat, inspectora general del Ministerio de Fomento, del que depende, que “flexibilizara” esas limitaciones. Según las fuentes consultadas, Vázquez se quejó de las “dificultades” que esos topes salariales imponen a la gestión de los recursos humanos en Ineco: le impiden captar, retener y promover el “talento” en un sector “en profunda competencia” y con una cartera internacional del 53%. En resumen, pedía más dinero para hacer fichajes más caros.

El ERE del año pasado tampoco fue obstáculo para que la empresa repartiera entre la plantilla superviviente otro complemento, el de beneficios. Un 3% se abona en junio y el 1,5% restante en noviembre. Como la empresa alcanzó un beneficio antes de impuestos equivalente al 75% del presupuesto, no tuvo inconveniente en distribuir esas cantidades mientras despedía a 390 trabajadores.

Reparto de pluses el pasado lunes

El patrón se repite en otra empresa pública también del sector de ingeniería. Tragsatec, filial del grupo Tragsa, se encuentra inmersa en pleno ERE, el mayor de un grupo público, que suma 1.336 despidos. Las retribuciones de sus 4.000 trabajadores dependen, al igual que los de Ineco, del convenio sectorial de ingeniería, y tampoco ellos perciben el 0,8% de subida correspondiente a 2013 para no alterar la masa salarial fijada por la empresa.

Claro que el pasado lunes, mientras se sucedían los despidos en sus delegaciones de Extremadura (14 trabajadores) y La Rioja (dos), sus directivos cobraban la DPO (Dirección por Objetivos) correspondiente a 2013, según fuentes sindicales. El año pasado la empresa perdió 11 millones de euros.

Durante la negociación del ERE los sindicatos se opusieron a los despidos argumentando que el problema del grupo era una cúpula directiva inflada y con unos sueldos escandalosos. Denunciaron que unos 200 altos cargos cobran más que el presidente del Gobierno. Según los datos sobre la masa salarial que la dirección facilitó entonces a los representantes sindicales, de los 504 trabajadores ubicados en la sede madrileña de Tragsa, 200 son directivos. El coste medio del personal en ese centro de trabajo es de 109.000 euros anuales, mientras que en el resto de la empresa –otras cinco unidades territoriales– no supera los 35.000.

Sólo la filial cuenta con un organigrama de unos 450 directivos, explican fuentes sindicales. Sus retribuciones suman 30 millones de euros netos al año. A esa cifra habría que añadirle otros 18 millones de euros, el 37% de las remuneraciones que perciben los directivos de la matriz con cargo a los presupuestos de Tragsatec. Es una partida “intragrupo”, que pretende retribuir los servicios de administración, recursos humanos, auditoría, etcétera que Tragsa presta a su filial.

La respuesta del grupo público a las peticiones sindicales para recortar los sueldos de la cúpula y reducir el número de despidos fue siempre tímida o directamente negativa. Alegaban que no era materia de discusión para una mesa que negociaba un ERE. En Tragsatec, por ejemplo, sólo aceptaban una rebaja de 75 euros por cada 10.000 de la retribución por objetivos.

Las mutuas vuelven a 2010

Mención aparte merece el caso de las mutuas de trabajo. El pasado enero la Audiencia Nacional dictaminó que los salarios de los trabajadores de estas peculiares entidades están sujetos a los mismos límites que el personal laboral de las empresas públicas. Por tanto, sus retribuciones deberían retrotraerse a los niveles de 2010. Eso se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 15%, según UGT.

Con las mutuas se repite la confusión entre los modos de la empresa pública y la privada que desconcierta en las sociedades mercantiles estatales. A los trabajadores de las mutuas se les aplica el convenio de seguros para establecer sus condiciones laborales. Pero el Gobierno les impone las restricciones salariales del sector público. Según la Audiencia Nacional, la Ley de Presupuestos está por encima del convenio colectivo. Y da por bueno el argumento del Ejecutivo de que el personal de las mutuas forma parte de las Administraciones Públicas. Es una vieja discusión. Las mutuas son “asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro cuyo objeto exclusivo es colaborar en la gestión de la Seguridad Social”. Son pues, entidades privadas, como le gusta recordar a la CEOE, pero forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, según consta en el anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno.

Sin embargo, una vez más, sólo las retribuciones del personal no directivo de las mutuas están sometidas a las restricciones presupuestarias del Estado. “Las retribuciones variables se siguen pagando”, protesta Rafael Pérez Cantero, responsable de Mutuas de CCOO. Por el contrario, los 22.000 trabajadores de estas entidades, asegura, pueden perder unos 5.000 euros si se confirma la sentencia, que los sindicatos han recurrido.

Las remuneraciones de los máximos directivos de las mutuas también están sujetas a los límites del real decreto 451/2012 de 5 de marzo, que topó los salarios de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. Nunca podrán ganar más de 210.000 euros brutos al año, incluida la retribución variable y en especie. La fija no puede superar los 105.000 euros.

Límites en el anteproyecto de ley

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En cualquier caso, los fraudes de Mutua Universal (2007) y Mutua de Canarias (2009) pusieron a estas entidades en el ojo del huracán tras destaparse irregularidades contables, malversación de fondos, nepotismo y sueldos fuera de control. El Tribunal de Cuentas yainstó al Gobierno en un informe de 2009 a establecer “un límite cuantitativo a las retribuciones de los cargos directivos de las mutuas, así como a limitar su incremento anual”, tanto de sus salarios como de los pagos en especie, “de forma que no superen las previstas para los altos cargos del Gobierno y de la Administración”. Así que el anteproyecto de ley de mutuas pone un tope a la remuneración del sueldo de los directores gerentes, que “no podrá superar la de su presidente ejecutivo”.

Eso sí, mientras sus retribuciones “básicas” no podrán sobrepasar las de los directores generales de la Seguridad Social, las “complementarias” son libres, semejantes de nuevo a las de una empresa privada: dependerán, dicen el anteproyecto, “de la dimensión de la mutua y de la eficiencia de la gestión”.

Lo que habría que preguntarse es por qué el Gobierno ha considerado necesario prohibir a los directivos de las mutuas realizar determinadas operaciones o firmar ciertos contratos. Ni ellos ni sus familiares “hasta el cuarto grado”, bien sea “en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad”, ni las sociedades en que éstos posean más del 10% del capital podrán comprar ni vender activos de la mutua, ni firmar contratos de ejecución de obras o servicios o suministros.