La Fiscalía plantea dudas sobre la constitucionalidad de la nueva justicia universal

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al magistrado Santiago Pedraz, que se opuso al archivo del caso Couso al considerar que la reforma del Gobierno del PP va contra los tratados internacionales como la IV Convención de Ginebra, de "extralimitarse" en sus competencias, según el recurso presentado en el Juzgado Central Número 1, del propio Pedraz. El escrito de la Fiscalía se conoce el mismo día en el que otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha preguntado a las partes del sumario por la masacre de Ruanda y la guerra de Irak si procede plantear si la nueva ley del PP que limita la justicia universal es inconstitucional.

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Según el escrito, el Ministerio Público entiende que la resolución adoptada por Pedraz "no se ajusta a derecho por falta de competencia funcional del instructor para dictarla". En este sentido, según el fiscal, este órgano sería la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que deberá resolver sobre la idoneidad del sobreseimiento "y, en su caso, determinar si concurren o no los requisitos en ella establecidos". Pero en el entorno de la Fiscalía se plantean dudas sobre la constitucionalidad de la reforma aprobada en el Congreso solo con los votos del PP, ya que podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna, como el derecho al acceso a la justicia por parte de las víctimas, o principios como la independencia judical al ordenar a los jueces el archivo de las doce causas realtivas a la justicia universal que se instruyen en este momento.

Precisamente en el escrito sobre el caso Couso, el Ministerio Fiscal considera que el auto de Pedraz "cercena de plano" cualquier posibilidad, tanto a la representación procesal de la víctima como al Ministerio Público, de promover e instar de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto a ley del PP sobre justicia universal,cuestión de inconstitucionalidad "en cuanto pueden suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción consagrados por el artículo 24 de la Constitución española y del principio de la independencia judicial", completa la Fiscalía.

El fiscal pide a Pedraz que admita su recurso, y en consecuencia dicte otra resolución que declare "la nulidad del auto" y que se proceda a la conclusión del sumario elevando las actuaciones a la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional para que tome una decisión sobre la obligación de la nueva ley al archivo de las actuaciones.