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A ver si va a tener razón la calle
No es la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo antisistema ni una alianza revolucionaria de objetivos anticapitalistas, ni ha sido en su trayectoria una institución que se haya caracterizado por defensas radicales de la igualdad y los derechos de los más débiles. No es la OCDE, hasta donde uno sabe, una oficina internacional comprometida con la ruptura de un mundo desequilibrado ni abanderada de posiciones de izquierda revolucionaria.
Cierto es que desde los años 60, como heredera del viejo Plan Marshall, buscó impulsar el desarrollo comercial y económico del mundo que salía de la postguerra, pero siempre mirando más a que los capitales pudieran circular libremente que a que circulara libremente la justicia social.
Pero he aquí que en último estudio conocido de ese organismo internacional, que se ha centrado en tomar la temperatura a las desigualdades sociales, nos hemos encontrado con que sus conclusiones alimentan el argumentario más elemental de lo que por el territorio mental de nuestro conservadurismo patrio se considera rancia izquierda destructiva: la crisis la están pagando los más pobres y los más ricos ni se enteran.
Me pregunto si ese político madrileño con responsabilidades de gobierno que compara las marchas por la dignidad con las movilizaciones de la extrema derecha griega habrá intuido que los que marchan, quienes les apoyan, los indignados, la gente sensible y cabreada que sale a la calle, o incluso quienes son capaces de contemplar la realidad nacional sin el velo de la convicción partidista, comparten la misma idea de que quien está sufriendo con más violencia la crisis son los más pobres, los más débiles y los que menos han tenido que ver en su estallido, mientras los más ricos, los que más tienen, los que mejor vivían, poco o casi nada han perdido y para ellos las cosas no han cambiado apenas. Una obviedad que se observa prestando la más mínima atención, pero que ha venido a remachar, con la autoridad que a veces da la distancia, la OCDE en ese último informe.
Porque según el estudio, entre 2007 y 2010, los españoles con menos ingresos perdieron alrededor de un 30% de lo que tenían, mientras que entre las rentas más altas, el 10% del total de la población, el descenso apenas rozó el 1%. España, según el informe, es el octavo país con mayor desigualdad después de economías como las de Chile, Turquía, Estados Unidos o Reino Unido.
Curioso contemplar cómo la propia OCDE llama la atención sobre el hecho de que en países del grupo de los ricos aumentan las diferencias entre los que ganan y los que pierden, añadiendo además un matiz que aquí nos resulta familiar: este aumento de la brecha se debe entre otras cosas a la pérdida de los niveles de protección social amparados en la crisis con un paro fuera de control.
Sostiene la OCDE, que insisto no es una ONG ni un grupo radical, que “resulta altamente improbable que la recuperación económica vaya a solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social en España” y que “la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos”.
Insiste el gobierno español que ya se van viendo signos claros de recuperación y que las cosas empezarán a cambiar en breve.
Falta hace. Pero en el camino han dejado morir de inanición un sistema de prestaciones sociales, un entramado de protección a los que menos tienen que va a ser muy difícil de recuperar, más aún cuando la situación actual requiere de mucho más esfuerzo solidario que la que había cuando esos mecanismos estaban en vigor.
España campeona también en desigualdad. Y no lo dicen los que gritan en las manis, que también. Lo cuenta en su último informe la OCDE. A ver si va a tener razón la calle.