Tragsa ficha en pleno ERE a otro cargo del PP

El grupo Tragsa, que está ejecutando el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una empresa pública, ha contratado como delegada en Canarias a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera y exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife. El nombramiento fue comunicado ayer lunes a la plantilla a través de la intranet de la empresa. Y se produce apenas unos días después de que fueran despedidos una treintena de trabajadores de Tragsa en Canarias. Hasta diciembre, el número total de despidos en todo el grupo, incluida la filial, Tragsatec, será de 1.336.

No es la primera designación de directivos vinculados al PP que Tragsa lleva a cabo desde que presentó el ERE, el pasado octubre. Apenas un mes después, el grupo público contrató como gerente en Sevilla a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche. También fichó entonces al exalcalde de El Escorial (Madrid) por el PP Javier de Miguel Sánchez, a quien nombró gerente en la Comunidad de Madrid.

Fuera del organigrama pero dentro de la asesoría jurídica figuran, además, otras dos personas relacionadas con el Partido Popular. En noviembre de 2012, fue empleada en ese departamento de Tragsa Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete. Y el pasado junio entró en la asesoría Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

A sólo 10 días de ser absuelta

El nombramiento también se ha producido sólo 10 días después de que Luz Reverón haya sido absuelta de prevaricación y de un delito contra la ordenación del territorio por el denominado caso Mamotreto. El fiscal pedía dos años de cárcel para ella. Se trata de un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Reverón fue concejal de Urbanismo por Coalición Canaria de 2007 a 2011. Otros tres concejales de ese mismo partido han sido condenados por autorizar, a sabiendas de su ilegalidad, la construcción de un edificio de aparcamientos –conocido en la isla como “el mamotreto”– en la playa de las Teresitas. El proyecto, de 21,4 millones de euros, fue encomendado al arquitecto francés Dominique Perrault, el autor de la Caja Mágica de Madrid. Según la sentencia, la obra invade zonas especialmente protegidas. Ahora será derribada.

En 2012, Luz Reverón abandonó Coalición Canaria, fichó por el PP y fue nombrada directora de la Administración General del Estado en La Gomera. Tiene 42 años y es funcionaria del Cabildo Insular de Tenerife, de acuerdo con la nota biográfica que Tragsa hizo pública ayer al anunciar su nombramiento. “Tiene una amplia formación especializada en procedimientos y contratación administrativa, gestión de empresas públicas y mixtas, y ejecución presupuestaria”, destaca el texto.

Una de las denuncias recurrentes del comité de empresa durante la negociación del ERE fue el excesivo tamaño de la cúpula directiva del grupo, así como sus sueldos. La empresa justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no en causas económicas – no ha tenido pérdidas hasta septiembre de 2013–. Para los sindicatos, el único problema organizativo del grupo lo constituyen los 652 cargos medios y altos que cobran por objetivos. En 2003 eran la mitad, 381 personas.

Además, desde que presentó el ERE, Tragsa no ha dejado de contratar: un total de 421 personas, asegura el comité. También ha firmado contratos para nuevos proyectos por importe de unos 65 millones de euros.

Cementerio político de altos cargos

Mientras la empresa argumenta que la plantilla está sobredimensionada y que tiene “mucho personal con poca carga de trabajo”, el comité insiste en que el grupo se ha convertido en un “cementerio político” en los últimos 10 años. “Han cambiado a los responsables técnicos por personas que venían del partido que gobernaba en el momento, personal político que ha sido colocado en Tragsa y que, a su vez, han requerido la contratación de personas de su confianza que también provienen de partidos políticos”, explican a infoLibre. “Esto supone una carga insoportable” para la empresa pública, protestan.

También lamentan que el grueso del recorte de plantilla lo va a sufrir “la parte productiva” de ambas empresas: los peones en Tragsa, que se dedica a tareas agrícolas, forestales y de saneamiento ganadero, y los administrativos en Tragsatec, especializada en tareas de ingeniería.

De acuerdo con las cifras inicialmente presentadas por Tragsa durante la negociación del ERE, en Canarias estaba previsto despedir a 99 trabajadores, de un total de 350. En el archipiélago, la plantilla del grupo público presta servicios agrícolas, ganaderos y forestales, como en el resto del territorio, pero también de conservación y protección del medio natural. Es decir, cuidan de los cuatro parques nacionales canarios.

Pero no sólo el grueso del ajuste se va a cebar en los niveles inferiores de la empresa. Esta se niega a tocar los sueldos de los superiores, lamentan los sindicatos. Unos 200 altos ejecutivos de Tragsa cobran más que el presidente del Gobierno. El sueldo de Mariano Rajoy está fijado en 78.185,04 euros al año. Esos 200 directivos, ubicados en la sede central del grupo en Madrid, se reparten retribuciones de 44,5 millones de euros, mientras que los otros 300 trabajadores de esas oficinas cobran cuatro veces menos, 10,5 millones. La diferencia es de 220.000 euros para los primeros de media, y 35.000 para los segundos.

En noviembre, los sindicatos intentaron que la empresa accediera a aplicar recortes en las retribuciones de los directivos para reducir el número de despidos. Pero esta rechazó la propuesta, aduciendo que no era competencia de la mesa de negociación del ERE cambiar los sueldos e incentivos de los altos cargos.

A la espera de lo que dicte la Audiencia Nacional

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Todos los sindicatos del comité de empresa han impugnado en la Audiencia Nacional tanto el ERE de la matriz, Tragsa, como de la filial, Tragsatec. El juicio por la primera demanda se celebró el pasado día 13, y está pendiente de sentencia. El de Tragsatec, fijado para el día 24, fue aplazado hasta el 27 de mayo, a la espera de lo que decida el tribunal sobre el ERE en la matriz. La CGT, además, ha interpuesto una querella contra la dirección del grupo público por un supuesto delito societario: asegura que hay casi un centenar de encomiendas de gestión –los encargos que hacen las administraciones a Tragsa, su única fuente de trabajo– sin trabajadores preasignados, mientras se está despidiendo a decenas de empleados.

Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51%, seguido del Ministerio de Agricultura (a través del FEGA), con un 38,9%, y el Ministerio de Hacienda, con un 9,9%.

Tragsa ha tenido beneficios hasta el tercer trimestre de 2013, y prevé volver a cifras positivas de 4,5 millones este año tras perder 10 millones al cierre del último ejercicio. Cuenta con una plantilla de 9.000 trabajadores.