El banco malo paga a la banca 200 millones en comisiones por vender los activos tóxicos

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el banco malo, se creó en 2012 con todo el respaldo del Estado para hacerse cargo de los activos tóxicos (inmuebles y deuda hipotecaria) de los bancos nacionalizados que estaban a punto de arruinar el conjunto del sistema financiero. Con unos recursos propios de 4.800 millones, Sareb emitió deuda para adquirir 50.700 millones en activos dudosos a la mitad de su valor en libros. En 2013, vendiendo una media de 25 inmuebles al día, más 2.500 hectáreas de suelo, más 12 carteras mayoristas de crédito, la entidad perdió 261 millones de euros.

El mismo año, Sareb pagó 200 millones de euros en comisiones a la banca para la que actúa como depuradora de problemas, según confirmó la propia entidad. Las comisiones bancarias suponen el 50% del total de los gastos de gestión, comercialización y mantenimiento del banco malo el pasado ejercicio. Para especialistas como Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, es "una muestra del caos" en el que se mueve la entidad.

Para entender cómo es posible que Sareb pague comisiones a las mismas entidades que contribuyeron a hinchar la burbuja inmobiliaria, hay que examinar quién manda en la Sareb. Mandan bancos y aseguradoras, y especialmente los primeros. De las grandes entidades, sólo está ausente el BBVA. El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) controla un 45,7% del "banco malo". El 54,35% restante es de inversores privados, con un papel destacado para el Banco Santander (16,6%) y Caixabank (12,1%).

Apariencia privada

Formalmente, por lo tanto, es una entidad privada. Pero hay una peculiaridad importante: emite deuda avalada por el Estado. emite deuda avalada Con esa deuda ha comprado 39.424 millones en créditos y 11.357 millones en activos inmobiliarios que tiene que vender en 15 años máximo.

Este es el marco en el que se mueve Sareb. Y el que critica, entre otros, el economista Julio Rodríguez. Sin discutir la necesidad de comprometer dinero público para evitar un estallido descontrolado del sistema bancario, Rodríguez destaca "el cajón de sastre, mal planificado, en el que se ha convertido Sareb. "Tiene que comprar activos, financiarse, amortizar la deuda, pagar intereses y pagar comisiones". "Fue un diseño precipitado, basado en comprar con deuda, pensando en vender pronto para amortizarla y cerrar el agujero cuanto antes". Las prisas, explica Rodríguez, afectan a la calidad de la gestión.

Las prisas están también detrás de las convulsiones registradas en la cúpula del banco malo, con los relevos del director general Walter de Luna y el director de gestión de activos Luis Moreno y el nombramiento como consejero delegado del ex Barclays Jaime Echegoyen. También están detrás de los cambios en los planes de negocio en apenas un año.

El diputado socialista Valeriano Gómez, exministro socialista de Trabajo, fue rotundo al abordar los problemas de base del banco malo: Gómez aseguró que los mismos bancos a los que benefició el rescate, accionistas de Sareb, han impuesto a la entidad que “no debe perjudicar con su actuación el valor de los activos inmobiliarios de los bancos con sus propias ventas, que esté más bien quieta, que las ventas se ordenen y que no haya obstáculos desde el banco malo a los procesos de venta de activos de los demás bancos privados”.

Salario polémico

Quien manda manda. Lo recordó, al justificar su polémico salario (32.000 euros mensuales aprobados por la junta en 2013), la presidenta de Sareb, Belén Romana. En el Congreso, esta misma semana, explicó  cómo Sareb, "que no es una entidad financiera", decidió "libremente" someter su régimen retributivo a las restricciones que se contemplan para las entidades que hubieran recibido ayudas públicas.

Esas restricciones limitan a 500.000 euros anuales el salario de los consejeros ejecutivos (Romana y Echegoyen) y a un máximo de 100.000 el salario de los consejeros no ejecutivos, 15 en el caso de Sareb. A falta de que la CNMV publique el informe de gobierno corporativo de la entidad, Romana avanzó en el Congreso que ha renunciado a un 30% de la cuota fija de su salario aprobada por la junta de accionistas de la sociedad, así como al variable, con lo que su sueldo se sitúa por debajo de los 300.000 euros anuales.

La plantilla de la Sareb, de 200 personas, cobró el pasado ejercicio 16 millones de euros. El salario medio por empleado ascendió a 80.000 euros, por debajo de los 100.000 euros de media que percibieron los trabajadores del FROB.

El Consejo de Administración está formado por Belén Romana como presidenta de la Sareb y Jaime Echegoyen como consejero delegado; el resto del consejo está formado por ocho consejeros dominicales, representantes de los accionistas(Rodolfo Martín Villa, Ana María Sánchez Trujillo, Remigio Iglesias, Antonio Massanell, Francisco Sancha, Miquel Montes, Antonio Trueba y José Ramón Montserrat) y otros cinco consejeros independientes (Javier Trillo, Luis Sánchez-Merlo, Celestino Pardo, José Ramón Álvarez Rendueles y Emiliano López Achurra).