Junta de Andalucía
Gobierno andaluz: una ruptura que perjudicaría a ambos socios
Doce horas de reunión en el Parlamento de Andalucía y nada. No hubo acuerdo entre los dos socios de Gobierno: PSOE e Izquierda Unida. La herida aún sangra.
Pero la fumata negra no debería preludiar la ruptura de un Ejecutivo de coalición que nació hace casi dos años, tras unas elecciones ganadas por el PP, aunque sin mayoría absoluta. No porque a ninguno de los dos aliados les conviene por ahora, como insistían ambos ayer. Sobre todo, por una cuestión de "responsabilidad", porque el Gobierno, remarcaban, ha funcionado "razonablemente bien" en estos 24 meses, sin estridencias. Y porque las dos fuerzas se han beneficiado de su gestión en la Junta, frente a unos conservadores que dibujan desnortados. A los socialistas, además, les interesa demostrar que se puede gobernar "de otra manera", pero "dentro de la ley", como afirmaba ante el Parlamento autonómico la presidenta, Susana Díaz. IU, mientras, está obsesionada con explotar su imagen de fuerza fiable, de gobierno, de mayoría social, y así lo reflejan sus documentos internos y lo verbalizan sus jefes.
La crisis más grave del bipartito desde su génesis lleva el nombre de la corrala La Utopía, un edificio propiedad de Ibercaja situado en la avenida sevillana de San Lázaro. En mayo de 2012, una veintena de familias ocupó el inmueble, sin acceso a luz ni agua. Su historia concluyó (parcialmente) el pasado domingo, cuando la falta de acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de la capital andaluza –gobernado por Juan Ignacio Zoido, del PP– derivó en que las familias que aún vivían en el bloque fueran desalojadas por la Policía por orden judicial, un fallo que había sido recurrido por los afectados y cuya suspensión había requerido el Gobierno regional. Las familias acamparon entonces la céntrica Plaza Nueva, frente al Consistorio, reclamando su derecho a la vivienda. Derecho al realojo al que se negó tajantemente Zoido.
La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, se puso manos a la obra. La lucha contra los desahucios es una de las banderas señeras que más ha enarbolado la federación. Por indicación expresa del Defensor del Pueblo y "en cumplimiento del auto judicial del 25 de febrero", que pedía a las administraciones "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social", asumió el compromiso de realojar temporalmente a estos afectados. El departamento prometió actuar rápido y entregar las llaves de las nuevas viviendas. Ahí comenzó la reacción de los socialistas. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que se ponía "el contador a cero" y que no se reubicaría a las familias de forma inmediata, porque los informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo no avalaban ese procedimiento. El PSOE argumentaba que la medida de Fomento era un agravio para los 12.000 sevillanos que están en lista de espera, y que por tanto la Junta no podía asumir el riesgo de incurrir en una eventual prevaricación. La consejería, pese a la advertencia de Vázquez, no se dio por rendida y en la tarde noche del miércoles entregó las llaves de su nueva casa a algunos afectados. "Con esas imágenes en la televisión", Díaz, como contaban en su entorno, decidió cortar por lo sano y anunció que retiraría a Cortés, vía decreto, sus competencias en adjudicación pública de vivienda. La titular de Fomento no está estos días siquiera en España, sino en un foro de la ONU en Colombia.
Subsisten las "discrepancias"
Ayer, desde primera hora, permaneció reunido de urgencia el comité de enlace entre el Gobierno –el vicepresidente, Diego Valderas (IU) y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios (PSOE)–, socialistas (el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez) e IU (su coordinador, Antonio Maíllo, y su portavoz en la Cámara, José Antonio Castro). Y así siguió 12 horas, con recesos para la comida, para asistir a la sesión de control y para acudir a las votaciones en el pleno. Por la noche, tanto Jiménez Barrios como Maíllo reconocieron que no habían podido cerrar un pacto porque seguía habiendo "discrepancias". Los acercamientos, por tanto, se reanudarán hoy viernes. El decreto, aunque ya está firmado por la presidenta, no se ha enviado aún al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y, por tanto, no ha entrado en vigor. Es una amenaza, no una realidad. "Si se recupera la normalidad legal, se podrá revisar el decreto", aseguró ella misma a los periodistas.
Las señales públicas de que nadie quiere la ruptura del pacto fueron abundantes durante toda la jornada. La presidenta lo dijo en el hemiciclo: "Me siento parte y vinculada al acuerdo de Gobierno con Izquierda Unida". No sin advertir a su socio de que se pueden hacer las cosas "dentro de otra manera", pero "dentro de la ley". Castro, por su parte, afirmó que "no peligra" el acuerdo. Cayo Lara, el coordinador federal, negaba incluso que hubiera crisis de gobierno. En las redes sociales, sin embargo, proliferaban los llamamientos de algunos notables al divorcio y las críticas directas a Díaz.
A las cúpulas de PSOE e IU no se les pasa por la cabeza una ruptura que, ante la minoría parlamentaria de Díaz, obligaría a la convocatoria de elecciones anticipadas. No podrían coincidir con las europeas, por cierto, porque no habría tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? "Lo único seguro es que las dos partes están buscando qué hacer para no romper y no salir ninguna derrotada. Es decir, que habrá buena fe y un objetivo común: la conservación del Gobierno", afirmaba anoche a infoLibre uno de los máximos exponentes del PSOE andaluz. "Llevamos gobernando dos años en coalición, y el pacto está funcionando razonablemente bien, en un momento muy complicado, con unos Presupuestos restrictivos pero demostrando que es posible hacer leyes que benefician a la gente. ¿Por un problema puntual que afecta a una veintena de familias y que encima es una papeleta local vamos a romper? No", abundaban fuentes próximas a la presidenta.
En el PSOE sí dolía, no obstante, el modo de proceder de Fomento y criticaban la relación de algunos miembros de la corrala con IU. "Han ido muy lejos, y había que pararlo. Compartimos que había que hacer algo con la corrala, pero no la revolución", observaba una veterana. Los socialistas también recelan de Maíllo, a quien acusan (como a otros dirigentes) de tensar la cuerda para marcar perfil, puesto que no está en el Gobierno y la sombra de su antecesor, el vicepresidente, Diego Valderas, es aún potente.
Ofendida por el "exabrupto"
En IU no ocultaban su malestar por el "exabrupto" y la "torpeza" de la presidenta, y defendían la actuación de la consejería, "conforme a la ley y al mandato judicial". Desmentían que se tratara de una adjudicación de viviendas, sino un "realojo transitorio" de los desalojados en La Utopía, "con riesgo de exclusión social". "Pero no vamos a actuar en caliente ni a precipitarnos. Estamos desarrollando una labor muy importante en el Gobierno, estamos marcando posición, estamos haciendo bandera de una cuestión tan sensible como la vivienda y los desahucios, y nuestra valoración es positiva. No nos interesa montar un escándalo a las puertas de ls europeas", indicaba un alto cargo de la federación. Este, como otras fuentes consultadas, subrayaban una razón de peso: la "responsabilidad". "No es serio entrar y salir de los gobiernos. Los problemas se hablan, se discuten. Cualquier acuerdo tiene sus tirones. Pero no puedes jugarte las cosas de repente. No es responsable hacerlo. No somos de pegar espantásespantás. No queremos ni frivolidades ni tragar con todo, claro. Somos conscientes de lo que tenemos entre manos ahora y en el futuro", pues todas las encuestas apuntan a la subida de IU en todo el Estado. Y en Andalucía también. El poder no ha desgastado a ninguno de los socios, como vienen reflejando los sondeos del Egopa. "Y se han respetado los espacios: hay medidas muy de IU, otras muy del PSOE, otras muy de los dos", presumían fuentes parlamentarias de la federación.
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Los dos socios reconocen que, aunque este ha sido el tropiezo más visible –y no menor, porque no será fácil de reconducir sin que nadie se sienta perdedor–, no ha sido el único. Ha habido diferencias con otros asuntos, como los Presupuestos, pero al final se limaban las asperezas con reuniones del comité de enlace, al máximo nivel, de forma más privada. Pero el Ejecutivo, remarcaban, se ha mantenido "sólido", y se ha probado como "imprescindible", al ofrecer una alternativa al Gabinete de Mariano Rajoy sin por ello dejar de cumplir con las obligaciones presupuestarias y la reducción del déficit marcada por Hacienda.
En el PSOE analizan que aunque Díaz tendría la sartén por el mango, al poder convocar comicios anticipados, tampoco saldría ganando, porque los sondeos sí le otorgan la victoria, pero no mayoría absoluta, por lo que tendría que seguir dependiendo de Maíllo. "Y la gente no nos entendería, más ahora que estamos insistiendo en que en Andalucía está al frente un Gobierno fiable y fuerte", alegaban en el entorno de Díaz. IU, por su parte, perdería la oportunidad de exhibir más logros de su gestión, y hoy por hoy no tiene un candidato claro. Total, que una quiebra del pacto, "sólo beneficiaría al PP", según el análisis común. Precisamente ahora que los conservadores siguen sin coger vuelo. A ninguno se le escapa, tampoco, que a un año vista están las municipales, en las que la izquierda pretende recuperar el control de ciudades feudo del PP.
La cuerda está tensa todavía. Pero no se ha roto. Claro que los rasguños de este episodio pueden acabar notándose.