La CIG anuncia una querella contra la cúpula de las antiguas cajas gallegas

El sindicato CIG ha anunciado este lunes que presentará, previsiblemente esta misma semana, una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las cúpulas de las antiguas cajas gallegas —tanto Caixa Galicia como Caixanova y la fusión de ambas— y la de NCG Banco por la comercialización de participaciones preferentes entre minoristas.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que los abogados que han preparado la querella han indicado que están identificadas 79 personas por el momento, entre las que se encuentran los antiguos directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los que eran presidentes de las cajas, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso.

Entre los delitos que les atribuyen, figuran estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La querella se dirige, en concreto, contra los consejos de administración, las comisiones de control y los comités de dirección de las entidades desde 2003, fecha desde la que se comenzaron a emitir preferentes. También se incluye a la actual cúpula como "encubridores y receptadores", ha señalado uno de los abogados, Guillermo Presa. En este momento y a la espera que hacer efectiva la venta a Banesco, el banco está siendo gestionado por el FROB, que nombró como administrador al que era presidente de NCG, José María Castellano.

El motivo para que la CIG haya tomado la decisión de presentar la querella —a la que se suma uno de los portavoces de las plataformas de afectados, Xulio Ríos— es que considera que tiene "la responsabilidad como organización social de no permitir" que "se vayan de rositas" los responsables de "esta tremenda estafa", según ha dicho el secretario xeral del sindicato, Suso Seixo.

Asimismo, ha destacado que han sido "muchos" los afectados, entre ellos afiliados de la CIG, y ha criticado que "quienes tendrían que promover" acciones por este motivo, que son la Xunta y el Gobierno, "no solo no lo hacen, sino que están impidiendo incluso buscar una solución". Seixo ha incidido en el coste económico que ha supuesto el rescate de la entidad, a la que se dieron ayudas por 9.000 millones de euros en total y cuya venta se producirá por 1.000 millones.

Los abogados, Guillermo Presa y Xan Díaz, han recordado que existe un precedente de querella por este motivo, la presentada contra Bankia. Si la que promueve la CIG es aceptada, se pedirán diligencias para demostrar que hubo "una estrategia organizada y perfectamente pensada de comercialización a personas para las que no estaban pensados" estos productos complejos.

Presa ha concretado que, aunque están identificadas 79 personas, pero "sin perjuicio" de que se pueda ampliar el número de personas y organismos implicados. De hecho, ha admitido que sopesaron incluir a organismos supervisores como la CNMV o el Banco de España, pero era necesario "concretar".

La argumentación se basa en que existió un "plan" llevado a cabo por los "equipos directivos" para captar el ahorro de pequeños inversores, clientes tradicionales de las cajas. Se trataba, ha añadido, de productos "complejos" con una denominación "confusa" y con un "sesgo" hacia el emisor, que era el que salía beneficiado. Eran, ha incidido, "totalmente inconvenientes" para las personas a las que les fueron colocados.

El letrado ha añadido que la comercialización fue "indiscriminada" y se aprovechó que en ese momento la regulación era "defectuosa o insuficiente". También se obtuvo ventaja, según el abogado, de la relación "de confianza" de muchos afectados con el personal de las oficinas.

Cuando estalló la crisis de las subprimelas entidades necesitaban "evitar la quiebra" y "falsearon sus cuentas". En el año 2009 se registraron tres emisiones, pese a que "eran conocedores de que era imposible dar cumplimiento" a lo que vendían, ha afirmado Presa, que ha aludido también a que para devolver el dinero a un cliente era necesario acudir a "un mercado secundario inexistente".

Aunque ha indicado que es difícil calcular a qué penas se podrían enfrentar los antiguos responsables de las cajas de prosperar la querella, ha aclarado que se busca la responsabilidad penal, no la civil. En el proceso, ha apuntado, se emplearán antecedentes como las sentencias por la vía civil que dan la razón a los afectados (son en torno al 90% de los casos, ha asegurado) y la acción colectiva promovida por la Fiscalía, en la que NCG Banco se allanó.

Los afectados que lo deseen, ha agregado, podrán sumarse a la querella cuando sea admitida, con independencia de que hayan acudido ya a la vía civil para recuperar su dinero.

En la rueda de prensa han estado presentes también uno de los portavoces de las plataformas de afectados, Xulio Vioente, y el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero, quien ha criticado que las soluciones dadas hasta ahora, como el arbitraje o las sentencias judiciales, suponen "culpabilizar a los trabajadores".

De este modo, ha interpretado que la querella es también una manera de reivindicar "la dignidad" de los empleados, puesto que la venta masiva de estos productos, ha sostenido, fue diseñada por la dirección de las entidades.

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Xulio Vicente, por su lado, ha considerado que era "inevitable" emprender una acción de estas características, "sobre todo por la dignidad del pueblo gallego". Es a los afectados "a los que se está juzgando", ha protestado y ha criticado que se les trata "como delincuentes".

En este sentido, ha criticado que el PP haya votado en el Congreso contra la modificación del decreto por el cual se aplicaron quitas a los titulares de preferentes, con el fin de que les devolviese íntegra la inversión a los minoristas. Por ello, ha pedido explicaciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reclamado que aclare de qué lado está.

Preguntado acerca de las medidas de la actual dirección respecto a los afectados por preferentes, ha incidido en que "la solución sería fácil" si el PP permitiese la derogación del decreto mencionado. "Quedaría vía libre a la entidad para anular los contratos y devolver el dinero", ha señalado.