Hacienda inventa medidas para recaudar más mientras promete bajar impuestos

El Ministerio de Hacienda tiene un problema: recauda poco. El pasado año, los ingresos públicos apenas llegaron al 38% del PIB, uno de los niveles más bajos de la UE. Ese problema engorda, además, porque el Gobierno ha prometido bajar los impuestos con una reforma en profundidad del sistema fiscal.

La reforma no cuadra con las exigencias de Bruselas para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2016. Así que el ministro, Cristóbal Montoro, se ha visto obligado a pedir a la Agencia Tributaria que le eche imaginación al tema y adopte medidas urgentes para aumentar la recaudación medidas mediante la persecución del fraude.

Con ese fin, la Agencia ha anunciado que va a establecer un mayor control sobre las terminales públicas de venta, sobre los apuntes contables, los programas informáticos y los medios de pago, entre otras cosas. Incluso, la Agencia aspira a tener datos de las cajas registradoras de los comercios. Será un plan especial para controlar los programas informáticos que permiten llevar una contabilidad b, en negro, en empresas y comercios. Se plantea hasta revisar revisar los software de las cajas registradoras.

Fraude rampante

Tras los planes de Hacienda está la realidad de un fraude rampante. La corriente conservadora dominante relaciona ese fraude con la alta presión fiscal y la alta progresividad. Se critica un sistema con impuestos altos que obligan a empresas y particulares a sumergir su actividad.

Pero los datos disponibles no avalan esa tesis que vincula presión fiscal y fraude. Un trabajo elaborado por los economistas Javier Braña, Nuria Alonso y Santiago Díaz, junto con técnicos de Hacienda del sindicato Gestha defiende que entre los años 1988 y hasta 2000 (último año de la estimación que realizan los profesores Ángel Alañón y Miguel Gómez), el fraude en España no dejó de crecer, hasta alcanzar el 20,9% del PIB, a pesar de que la presión fiscal se fue moderando.

El último estudio de Gestha estima que la economía sumergida en España se elevó hasta el 24,6% del producto interior bruto (PIB) en 2012, un aumento de 6,8 puntos en cinco años. El dinero negro que circula por España asciende a 253.000 millones de euros, unos 60.000 millones más que al principio de la crisis en 2008.

Además del fraude y de la recaudación escasa, la de España es una recaudación inestable. Se ha desplomado, sostiene el estudio de Braña, Alonso y Díaz, "al mismo tiempo que desaparecían los débiles sustentos de nuestro crecimiento".

Presión fiscal

Durante la crisis, entre 2007 y 2011, y con la contribución de las medidas normativas adoptadas, España ha experimentado, asegura el documento, la mayor caída de la presión fiscal de la zona euro, 5,4 puntos del PIB, sólo superada por Bulgaria dentro de la Unión Europea (UE) y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA).

Las medidas de aumentos impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2010 y 2011 no evitaron el desplome recaudatorio.

"El sistema impositivo español" concluyen los expertos "es injusto e ineficiente: por el fraude, las oportunidades de elusión que ofrece, los privilegios que concede a los grupos poderosos, falta de transparencia, complejidad y costes para los empresarios y trabajadores cumplidores, por sus contradicciones territoriales, por los errores en las previsiones y su falta de credibilidad. De no corregirse estas circunstancias, se llegará la regresividad fiscal, lo que agravará la desigualdad social".

Pese a la delicada situación de las cuentas del Estado (con la deuda camino del 100% del PIB), el Gobierno está volcado en el anuncio de rebajas de impuestos. El presidente Mariano Rajoy y Montoro han vinculado en sus declaraciones la reforma impositiva con la aparente mejora del clima económico.

Más recortes

Queda en segundo plano la obligación de recortar el déficit público desde el 6,62% con el que cerró 2013 (incumpliendo el objetivo del 6,5%) al 2,8% a que obliga Bruselas en 2016. Son 38.000 millones de euros, cerca de un 4% del PIB.

La fórmula para reducir el déficit sólo puede venir del aumento de la recaudación, del recorte del gasto público o de una mezcla de ambas cosas. El recorte comprometido de 38.000 millones,  casa mal con los anuncios de recortes en el IRPF y el impuesto de sociedades a partir de 2015. Pero el Gobierno fía todo a la carta del crecimiento por encima de lo previsto.

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Economistas como José Carlos Díez han alertado de que la reforma fiscal , si se basa en el informe encargado a la comisión de expertos encabezada por el profesor Manuel Lagares no resolverá el principal problema, que es "reducir el déficit y retornar nuestra deuda pública a una senda sostenible".

Bruselas también ha señalado a Montoro por dónde debería ir la reforma: limitar las deducciones en la imposición directa (15.514 millones, en el IRPF, 3.010 millone sen sociedades y 16.628 millons en el IVA); limitar el IVA reducido y/o subir los impuestos especiales. 

Pero el ministro de Hacienda, junto con  el secretario de Hacienda, Miguel Ferré y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos han descartado, sucesivamente subir el IVA, subir impuestos de carburantes, alcohol y tabaco, elminar la deducción por compra de vivenda con efectos retroactivos o rebajar cotizaciones a la Seguridad Social.