Aviso a navegantes

Según hace constar el historiador e hispanista Gerald Brenan en El laberinto español, uno de sus libros más conocidos, amañar elecciones enviando a las llamadas “partidas de la porra”, comprar votos, o promover disturbios y organizar atentados eran práctica habitual de la derecha oligárquica y los grandes terratenientes de nuestro país en las primeras décadas del siglo pasado. Así se explica esa insistencia machacona a la que nos han sometido con la teoría de la conspiración y la autoría intelectual del 11-M. El ladrón cree que todos son de su condición.

Hoy los procedimientos son algo más civilizados, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Es sabido que el sector de la prensa escrita viene atravesando graves dificultades económicas, no solo por los descensos en la venta al número sino, muy especialmente, por la caída en picado de los ingresos publicitarios. La mayoría de las cabeceras se han visto obligadas a abrir en canal sus plantillas, y han sido sonados los ERE de El País a finales de 2012, y el más reciente de El Mundo. Pero ni siquiera con estas medidas, y las de desprenderse de activos –las ventas de algunas de las empresas del Grupo Prisa, por poner solo un ejemplo- se ha visto aliviada su situación. Han tenido que renegociar su cuantiosa deuda, no siempre en las condiciones deseadas.

Esta brecha abierta en la situación financiera de los medios impresos no ha pasado desapercibida a los observadores políticos de la derecha. La presa iba mostrando hace varios años síntomas de debilidad, y los halcones solo tenían que esperar el momento oportuno de saltar sobre ella. La oligarquía financiera (bancos, constructoras, eléctricas, grandes empresas, eminentes fortunas, etc.) palanca de apoyo y eje transmisor de las decisiones del gobierno, permitía, restringiendo publicidad, créditos y endureciendo condiciones, replantear lealtades y subordinar exigencias editoriales a los medios más díscolos.

Los recortes en sanidad y educación, el retroceso democrático, el aumento del desempleo, la corrupción y, en general, la pésima imagen del PP en la ciudadanía no tienen porqué ser un obstáculo para perder las elecciones. Pueden ser neutralizados con la aquiescencia, o levedad crítica al menos, de la poca prensa escrita que se resiste a pasar por el aro oficialista. Queda algo más de año y medio para contar con su ayuda, y hay que aprovecharlo. Anteriormente, al inicio de la legislatura, ya se había perpetrado el control absoluto de los medios públicos, anulando el consenso anterior en la elección del director de RTVE. Uno más de los usos perversos de la mayoría parlamentaria del PP.

Son demasiados elementos coincidentes en muy pocas semanas, ni siquiera meses, para no pensar que se están sentando estas bases. Así interpretan muchos la salida de Pedro J. Ramírez y de su presidente ejecutivo, Antonio Fernández Galiano de Unidad Editorial, y similar explicación se atribuye al despido de Esther Palomera en La Razón. El propio Pedro J. justificaba su cese ante la redacción de El Mundo aludiendo a motivos políticos y a presiones del Gobierno. Las últimas valoraciones apuntan al clima enrarecido existente con la dirección del PP y con otros protagonistas del establishment, que estarían impidiendo posibles compras o fusiones de Unidad Editorial con otros medios, muy importantes para las necesidades financieras del grupo.

Tampoco son ajenos a estos cambios los ya anunciados en El País, con el relevo de profesionales de la primera línea y de su director Javier Moreno por Antonio Caño, hasta ahora corresponsal en Washington del periódico y redactor de un informe critico, prematuramente aireado. No parece sea una simple sustitución con causa en la gestión económica, porque las caídas han sido generalizadas en toda la prensa escrita, y sí se apunta más bien hacia una derechización del diario, ya apreciable últimamente. Algunos analistas identifican al nuevo director como representante del ala más derechista de la redacción y avalista de mejores contactos con el PP y el sector bancario. El mismo núcleo directivo interpretaba el citado informe Caño como un “programa electoral de derechas”, y el equipo de redacción no veía con buenos ojos su alineamiento con la empresa en las semanas conflictivas del ERE. Con los cambios a flor de piel nadie de la redacción quiere manifestar al día de hoy su opinión, y prefiere guardar discreción a la espera de nuevos acontecimientos.

Similares guiños han estado sucediendo en otros grupos con dificultades en alguna de sus cabeceras, como es el caso de Prensa Ibérica, con el cierre de La Opinión de Granada y ajustes –entre otros– en La Opinión de Tenerife, Levante de Valencia o el centenario Faro de Vigo. Hay que tener en cuenta que la Administración del Estado central es todavía un anunciante poderoso y, directa o indirectamente, capaz de influir en grandes empresas anunciantes con mucha capacidad de inversión publicitaria en la prensa diaria.

Esta indefensión frente a la información propagandista del poder, coloca a la sociedad civil ante la necesidad ineludible de utilizar al máximo la influencia de sus asociaciones, plataformas, partidos, sindicatos y colectivos progresistas a favor de una movilización de sus miembros y de sus entornos, en un compromiso por las libertades, los derechos constitucionales y la sociedad del bienestar. En el mismo sentido, las redes sociales y la prensa digital independiente deben ayudar a sacar de su escaño a los políticos corruptos que han ensuciado con su proceder la imagen diáfana de la democracia.

Pedro Díaz CeperoSociólogo y escritor