La Fiscalía se niega a investigar el ático de lujo de Ignacio González, pero abre diligencias sobre los contratos de Barreda

El fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño, que fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional en la etapa del Gobierno de José María Aznar, ha rechazado investigar las dos querellas presentadas contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por recibir presuntamente como dádiva un ático de lujo en Estepona. En su opinión, no hay indicios de la comisión de delitos por parte de González.

Fungairiño intenta restar valor a las dos querellas presentadas por los extrabajadores despedidos con el ERE de Telemadrid y por el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) con el argumento de que incluyen "descripciones periodísticas". Así lo afirma hasta en dos ocasiones el fiscal, que se opuso a investigar al dictador chileno Augusto Pinochet y que no vio delito en el caso del Yak-42, en un escrito dirigido a los cinco magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que tendrán que decidir si admiten a trámite las querellas. 

"Recortes de periódico"

En concreto, Fungairiño sostiene que una transcripción de "recortes de periódico" habla de una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Videomercury, del empresario Enrique Cerezo, pero "no se concreta qué perjuicio dinerario se produjo, a quién afectó, por qué cuantía, y si en la concesión de la gestión de la publicidad tuvo lugar algún elemento de concesión de dádiva o promesa que justifique la calificación de los hechos como prevaricación y tráfico de influencias".

De esta forma, el fiscal olvida de que la querella identifica en todo momento a Ignacio González como el presunto perceptor del ático, que se habría producido a cambio de contratos de Telemadrid y la sociedad Madrid Deporte Audiovisual a Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y gran amigo de González.

La segunda de las menciones del escrito de Fungairiño a los medios de comunicación aparece vinculada a que los querellantes no explican la "dinámica" mediante la cual Ignacio González habría podido blanquear dinero: "Ni se establece siquiera la cuantía de la posible evasión tributaria ni se explica por qué el pago de 770.000 euros por la vivienda para Ignacio González y para su mujer, Lourdes Cavero, tendría carácter delictivo y qué delito constituiría; ello fuera de las descripciones periodísticas que se acompañan al escrito de querella". 

Tanto los extrabajadores de Telemadrid como el PSM incluyeron en sus querellas diferentes artículos periodísticos sobre el presunto trato de favor del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el empresario Enrique Cerezo. En especial adjuntaron varias informaciones publicadas por infoLibre, como por ejemplo que Telemadrid cedió a Cerezo la gestión de su publicidad cuando éste era competencia directa; que la cadena regional se embarcó en la compra de los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid cuando sabía que era un mal negocio, o que el Atlético de Madrid no cumplió una parte de un contrato publicitario por el que recibió 24 millones de euros de una sociedad controlada por la televisión pública.

Miguel Blesa

Otra de las informaciones de infoLibre mencionadas en la querella se refiere a un mensaje del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que evidencia que el entonces vicepresidente madrileño, Ignacio González, participó de forma activa en la negociación para la adquisición de los derechos de televisión de los clubes madrileños de Primera División, aunque al final el Real Madrid se descolgara del acuerdo, que sí incluyó al Atlético de Madrid y al Getafe. El exsenador Francisco Granados, entonces integrante del Gobierno de Esperanza Aguirre, confirmó a este diario su participación en una reunión con los clubes de fútbol.

Pero Fungairiño va incluso más allá en sus críticas a la querella, asegurando que la misma "tiene mucho de prospectiva y poco de relato ciertomucho de prospectiva de contenidos, cantidades y perjuicios".

El fiscal del Tribunal Supremo también argumenta que la querella tendría más sentido que se hubiera planteado cuando hubiera avanzado la investigación iniciada por la jueza de Estepona (Málaga), que ha imputado a Lourdes Cavero, la mujer de González. "Pero no resulta procedente, pendiente causa sobre el mismo objeto ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, plantear causa por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo por si ante ésta jurisdicción superior tuviese más éxito la persecución contra el presidente de la Comunidad de Madrid".

"Es difícil entender por qué se presenta ahora ante el Tribunal Supremo una querella por los mismos hechos contra Ignacio González", lamenta Fungairiño, quien a continuación dice en relación al presidente madrileño: "Quién no está imputado en la referida causa del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona". Precisamente, este es uno de los puntos princiales de la investigación de la jueza de Estepona, que trató de enviar la causa a la Audiencia Nacional al mismo tiempo que imputaba a la mujer del presidente madrileño. Además, uno de los autos de la jueza recuerda que ella no puede investigar la participación de González en el caso, que es aforado, por lo que las pesquisas tendrían que ser enviadas al Tribunal Supremo. 

Entre sus argumentos en defensa del político madrileño objeto de la querella, Fungairiño explica además que González no es nombrado presidente de la Comunidad de Madrid hasta el 27 de septiembre de 2012. No obstante, la denuncia especifica como agravante que el propio González, entonces vicepresidente madrileño, se atribuyó las competencias audiovisuales. Y que fue el responsable de la adjudicación de las licencias de la TDT que favorecieron a Cerezo.

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Al contrario que Fungairiño, que cesó en su cargo en la Audiencia Nacional tras un fuerte enfrentamiento con el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias penales para investigar los contratos del anterior Gobierno regional presidido por el socialista José María Barreda con la empresa Cuadrifolio. Y lo hace después de que el diario El Mundo publicara que supuestamente se habían "inflado" los precios de los contratos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para destinarlos a financiar actos del PSOE.

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, confirmó este miércoles la "apertura de diligencias" sobre la gestión de los socialistas, asegurando que esta decisión obedece "exclusivamente a la información periodística publicada" y no a la existencia de ninguna denuncia.

"Esperamos recibir la documentación que algunas instancias han dicho que remitirán a la Fiscalía", y en cuanto la Fiscalía regional la tenga, "la valoraremos, estudiaremos y actuaremos en consecuencia", explicó a los medios de comunicación. Ha sido el propio PSOE quien anunció que enviaría todos los contratos al fiscal.