Guía para denunciar a curas homófobos, maestros machistas y políticos que se ríen de víctimas de Franco

Trabajadores que no sirven "para nada". Parados a los que se recrimina por ponerse "exquisitos" y rechazar "contratos basura" y sueldos de miseria. Víctimas de dictaduras a las que se acusa de acordarse de sus familiares únicamente "cuando había subvenciones" de por medio. Matrimonios que se comparan con actos de zoofilia. O con bodas con perros. Docentes que se declaran "machistas al cien por cien" y mandan a las mujeres a fregar a casa. Y así un largo etcétera.

Lo cierto es que en las últimas semanas las declaraciones cuestionables en boca de personajes más o menos públicos de todo tipo –léase empresarios y miembros de la patronal, jueces, profesores de instituto, diputados del Congreso y cargos de la Iglesia católica– se acumulan, y la impresión generalizada es que salen gratis. No hay consecuencias por mucho que el disparate cause sonrojo, todo queda amparado por la libertad de expresión.

Claro que también hay algunas salvedades a la tónica de impunidad. El profesor machista de Ciudad Real que ha ocupado las páginas de los periódicos esta semana será juzgado en septiembre por vejaciones hacia la mujer –eso sí, en un juicio de faltas–, y Rafael Hernando, diputado del PP con un amplio historial de dislates, ha recibido una querella en su contra por humillar a los represaliados del franquismo y sus familiares que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.

¿Entonces, tiene límites la libertad de expresión? ¿Hay herramientas para perseguir los excesos verbales? ¿Deberían existir? ¿Y qué puede hacerse con casos como los de los últimos días? Este es el análisis de los expertos consultados por infoLibre, que coinciden en señalar lo delicado de la cuestión y, en algunos casos, señalan que una mayor regulación sería deseable.

Ataques a los trabajadores: rechazable, no perseguible

"Parece una ofensiva de unos empresarios que han pasado a la acción", valora Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT. Ferrer cree que las declaraciones llegan en un momento en el que aumenta el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores y responden a un propósito claro: "Recordar que ahora que algunos hablan de recuperación eso no va a significar recuperar los derechos perdidos".

Ferrer dice que, al menos, posiciones como las de Mónica de Oriol son "minoritarias", algo no duda al afirmar que ese tipo de empresarios "lo único que hacen es expresar en público lo que los think tank les dicen en sus reuniones". Finalmente señala las "dificultades reales para el diálogo" que suponen y valora de forma positiva el "repudio social" que han cosechado esas palabras. "Esa es la parte positiva a resaltar", zanja.

"No vemos viable perseguir penalmente este tipo de declaraciones", aseguran desde CCOO en referencia las palabras de empresarios como José Vicente González. El sindicato estima que esas declaraciones demuestran la "falta de espíritu de acuerdo" por parte de la patronal y asegura que ha respondido a esos ataques contra los trabajadores, pero ve complejo ir más allá.

"Esto dificulta llegar a acuerdos y a veces parece que dicen lo que dicen para salir en los periódicos, porque si no no se entienden declaraciones tan absurdas", añaden, aunque admiten que buscar el reproche penal a estas actitudes, que enmarcan en el ámbito de la libertad de expresión, no parece demasiado plausible.

Memoria histórica: Disparates sin fIN

En el caso de las declaraciones contra las víctimas de la dictadura franquista, Eduardo Ranz, el abogado que interpuso en nombre de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) la querella contra el diputado conservador Rafael Hernando, sostiene que existe un problema en España a la hora de determinar dónde termina el ámbito de la opinión política y dónde comienza la negación de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio.

"No está legislado, con lo que no hay fronteras", explica Ranz, que asegura que en otros países, como Alemania, donde hay tipificados delitos relativos a la negación del holocausto, comportamientos como el de Hernando habrían desembocado en una segura condena. "Es fundamental regular este tipo de comentarios que ofenden a las víctimas", apunta.

Ranz recuerda que la libertad de expresión acaba justamente donde comienza la ofensa al contrario, y asegura que esa era justamente la intención del parlamentario del PP, tal y como lo demuestra a su juicio el hecho de que hasta ahora se haya negado a rectifica y retirar las palabras que pronunció en 13TV, donde aseguró que "algunos sólo se han acordado de buscar a su padre cuando ha habido subvenciones", en referencia a los represaliados por Franco.

"En España todas las víctimas han sido reparadas salvo las del franquismo, y es intolerable que un diputado se permita humillarlas", concluye Ranz. El abogado estima que en España los instrumentos legales contra este tipo de manifestaciones son "insuficientes", pues únicamente pueden perseguirse por la vía del delito de injurias y calumnias.

Mujeres: un control débil

Los casos recientes de un profesor de Ciudad Real –que afirmó que las mujeres deben "fregar en casa", que "las niñas no deberían ir a la escuela" y que "los hombres deberían tener derecho a tener varias esposas, unas para fregar y otras para otras cosas" y del cura de Canena (Jaén) –que durante una primera comunión llegó a decir que antes, gracias a que “había principios cristianos” se pegaba a la mujer pero sin matarla"– muestran que las declaraciones machistas perviven.

Para Marisa Soleto, licenciada en Derecho, especialista en políticas de igualdad y directora de la Fundación Mujeres, "existe la posibilidad" de aplicar tipos del Código Penal a manfiestaciones de este tipo, pero con "muchas limitaciones". Soleto cree que deberían regularse aquellos casos en los que alguien "justifica, alienta o promueve" el delito de odio contra la mujer.

Sin embargo, reconoce que "el derecho penal no puede ser la solución para todo: no se puede entrar a juzgar todo", por lo que cree que en ocasiones como el caso del profesor de Ciudad Real, que califica de "difícilmente perseguible", optar por una sanción administrativa no es una mala solución.

Por su parte, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas afirma que "en la práctica la impunidad está generalizada" porque muchas denuncias ni siquiera se tramitan. Por ello pide "sancionar y perseguir" estos comportamientos y, para ello, que se tipifiquen expecíficamente las manifestaciones machistas. 

Homofobia: IMPUNIDAD

Paco Ramírez, presidente de Colegas, que denunció al obispo de Málaga por asegurar que un matrimonio entre personas del mismo sexo es equiparable a una boda entre un perro y un hombre, indica que era denuncia está aún pediente de resolverse, y denuncia que hay una "laguna legal" que permite este tipo de afirmaciones.

"Las leyes son muy ambiguas y quienes así se manifiestan siempre aducen libertad religiosa y de expresión", dice. Para Ramírez perseguir estas palabras es también "una cuestión de voluntad política", pero considera fundamental "una ley de igualdad de trata y no discriminación", que tipifique los delitos contra las minorías sexuales y raciales y los castigue "de forma ejemplar".

"El clima es de impunidad total y absoluta", lamenta Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la homofobia y portavoz del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), precisamente la organización que instó a actuar al Fiscal General del Estado depués de que el cardenal Fernando Sebastián calificara la homosexualidad de "sexualidad deficiente".

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Rodríguez tacha de "denunciable" la inacción del Estado ante declaraciones como esta que, a su juicio, reflejan que la Iglesia es "un altavoz para el odio". "Tiene que haber consecuencias en estos casos", agrega, al tiempo que reclama una regulación de los delitos de odio y discriminación y más "voluntad política" para enfrentarse a "un poder fáctico como la Iglesia". 

En la misma línea, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) asegura que se reunió con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Galalrdón, hace algo más de medio año para proponer la inclusión de los delitos de incitación al odio en la reforma del Código Penal, aunque reconoce la dificultad de legislar en esta materia.

La Federación muestra así su preocupación porquen "quienes realizan estas manifestaciones se amparan en la libertad de expresión y las denuncias son sistemáticamente archivadas", y se muestra partidaria de denunciar siempre y de crear un observatorio para evaluar este tipo de casos. Además, asegura que meses después de su reunión con Gallardón no hay resultados ni respuesta. Todo sigue igual.