La Junta deja en suspenso la aplicación de la ‘ley Wert’ el próximo curso en Andalucía

Andalucía no ceja en la batalla que tiene abierta con el Gobierno central para intentar a toda costa que la ley impulsada por el ministro José Ignacio Wert tenga el menor impacto posible en esta comunidad. Al recurso presentado en el Tribunal Constitucional contra esta norma se une ahora un documento clave para su aplicación en el territorio andaluz.

Se trata de las instrucciones que la Junta de Andalucía ha dado a los centros educativos de la comunidad sobre cómo tienen que planificar el próximo curso. El Gobierno andaluz, sostenido por la coalición que forman PSOE e IU, se acoge al "escaso margen de tiempo" que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal y el inicio del próximo curso para no publicar el decreto que desarrolla la norma en el ámbito de sus competencias. Ante esta situación, la Junta se ha limitado a enviar a los colegios e institutos las instrucciones sobre ordenación educativa y evaluación para el alumnado de Primaria y la nueva FP Básica. Y en estas instrucciones hay preceptos que contradicen lo que establece la Lomce. Hay que tener en cuenta que esta norma se estrena el próximo curso en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la Formación Profesional para alumnos de 15 años, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

De esta forma, Andalucía mantiene el estado de cosas actual y se salta algunas de las modificaciones más polémicas de la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy. Es cierto que la Lomce da a las autonomías cierto margen para decidir sobre algunos asuntos, pero hay otros en los que se muestra tajante. Y que, a la luz de este documento, no se cumplirán en Andalucía. Uno de ellos es, por ejemplo, la FP Básica que según el decreto del ministerio, sólo dará acceso al título de ESO si el alumno supera la reválida que la ley también prevé poner en marcha al final de la etapa obligatoria. Sin embargo, Andalucía tiene previsto incrementar el número de horas dedicadas a la adquisición de competencias para que así los alumnos puedan obtener directamente el título de graduado en ESO sin pasar por la reválida.

Por otro lado, Andalucía mantendrá para el próximo curso el área de Educación para la Ciudadanía para los alumnos de 5º de Primaria, una materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez y que fue fulminada por la reforma de Wert. La Junta asegura, asimismo, que esta materia continuará siendo obligatoria en los centros andaluces en el bloque de libre configuración autonómica, que incluye a la Lengua Cooficial (en el caso de que se tenga) y otras a determinar por la autonomía. Para las materias de este bloque la Lomce da autonomía las comunidades para definir los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los horarios.

Fuentes de la Consejería de Educación andaluza, que lidera Luciano Alonso, aseguraron a infoLibre que, ante la falta tiempo para publicar un decreto, han optado por establecer para el próximo curso "instrucciones sobre las áreas que están bajo su competencia". Aseguran no tener duda de que cuentan "con todas las garantías jurídicas" y que se trata de un documento consensuado con la comunidad educativa. No obstante, la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía aseguró este martes que el documento había llegado "sin consenso" y que las instrucciones de la Junta incluyen medidas "inviables", ya que los centros educativos "tendrán dificultades para generar la escolarización que se contempla en el caso de la Formación Profesional Básica u otras medidas que generan indefinición jurídica". Este diario intentó, sin éxito, recabar la versión al respecto del Ministerio de Educación. 

Evaluaciones externas 

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Además de las dos citadas, Andalucía mantendrá la obligatoriedad y la carga lectiva de la asignatura Educación Artística (que incluye Música y Plástica) y que en la 'ley Wert' pasa al bloque de optativas, donde compite con una segunda lengua extranjera. No en vano el ministro de Educación se refirió a las materias no instrumentales como "asignaturas que distraen". También, aunque la Lomce prevé que el actual Conocimiento del Medio se parta en dos materias –Ciencias Naturales y Ciencias Sociales– Andalucía obligará el próximo curso a que se califiquen por separado, si bien dejará a los centros que deciden si la imparten o no de forma conjunta. 

Respecto a otro tema polémico, el de las evaluaciones externas, la Junta ya había rechazado en varias ocasiones que se realizaran clasificaciones públicas de colegios e institutos a partir de las evaluaciones y pruebas de diagnóstico que elaboran las Administraciones. Ahora, la instrucciones ponen negro sobre blanco que sí habrá evaluaciones, pero que tendrán carácter "formativo" y que los resultados "serán conocidos únicamente por cada centro y, en su caso, por los padres, madres o tutores legales de los alumnos". "En ningún caso (...) serán difundidos para que se puedan establecer públicamente comparaciones o ranking". De hecho, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un decreto en el que se prohíbe que los resultados de esas evaluaciones, "independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico", puedan ser empleadas para "establecer clasificaciones de los centros".

Otro de los asuntos polémicos de la norma ha sido la limitación de las competencias del Consejo Escolar –en el que están representados profesores, estudiantes, familias y personal de administración y servicios– y a los que la Lomce ningunea convirtiéndolos en órganos meramente consultivos. En este punto, el documento no se impone a la Lomce y señala que en esa comunidad su actividad estará regida por la normativa andaluza "en todo aquello que no contradiga a la Lomce". No obstante, sí señala que los consejos deberán emitir un "informe preceptivo" antes de que los directores tomen algunas de las decisiones que les atribuye la nueva norma como es la cuestión de la programación, la admisión de alumnos o la obtención de recursos complementarios.