Repsol y Gobierno no logran perforar la resistencia canaria a las prospecciones

Miles de especies marinas ahogadas en chapapote, muertas o varadas en las costas. Una gigantesca marea negra es la instantánea que sigue a cualquier desastre petrolífero. La catástrofe de abril de 2010 en el Golfo de México dio buena cuenta de cuál es el escenario que deja un vertido de crudo en el océano: un ecosistema devastado durante décadas con todos sus recursos ambientales y pesqueros arruinados. Pese a los riesgos conocidos, el Gobierno español ya ha dado luz verde a Repsol para excavar el subsuelo marino del archipiélago canario en busca del combustible que haga marchar las cuentas de la industria energética nacional. Mientras tanto, la compañía petrolífera y el Ejecutivo tendrán que lidiar con la férrea oposición de la Coordinadora canaria contra las prospecciones, integrada por ciudadanos, diversas organizaciones y el propio Gobierno autonómico.

Canarias está cada vez más cerca de convertirse en la nueva base de Repsol para sus rentables negocios de extracción petrolífera. La Declaración de Impacto Medioambiental (DIA), emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y favorable a los sondeos exploratorios a 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, otorgan la autorización a la multinacional para iniciar la fase de las catas, la que permitirá extraer muestras de material rocoso y obtener información detallada sobre las bolsas del subsuelo. Es, en definitiva, la etapa previa a la instalación de una plataforma permanente de explotación de las reservas de hidrocarburos.

Polémico Informe de Impacto Ambiental

A pesar de la miles de alegaciones presentadas contra el informe de impacto ambiental, Medio Ambiente ha dado luz verde al proyecto de la multinacional petrolera con un polémico procedimiento que la Coordinadora canaria contra las prospecciones no duda en tachar de “chapuza” que “no toma en cuenta aspectos fundamentales como el carácter volcánico de la zona o el impacto real sobre el sector turístico o pesquero”. Una evaluación de la afectación del entorno y la economía que, según René Behoteguy, portavoz de esta agrupación, presenta claras deficiencias y omisiones de aspectos fundamentales.

Más graves son las acusaciones del Gobierno autonómico, que considera que no se han respetado los requisitos formales que establece la Ley Medioambiental: “Repsol ha ido aportando a requerimiento del Ministerio abundantísima documentación que tuvo que haber sacado a información pública y que elaboró a posteriori”, explicó a infoLibre Fernando Ríos, director general del Comisionado del Gobierno de Canarias. Una forma de proceder que les habría impedido acceder a la totalidad de la documentación aportada por la compañía y contestar al informe en su conjunto.

Con el visto bueno de Medio Ambiente y pese a que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el recurso que el Cabildo de Fuerteventura interpuso contra la autorización del Gobierno a las prospecciones, Repsol ya calienta los motores del buque de posicionamiento que, según asegura el Cabildo de Lanzarote, explorará al menos un 80% del área marina catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Otro aspecto del proyecto que el Gobierno español habría intentado ocultar, según afirma Fernando Ríos, y que carga de razones a quienes acusan a Medio Ambiente de haber aprobado la Declaración de Impacto Ambiental entre el “oscurantismo” y la falta de transparencia.

Habrá más recursos

Con todo, y aunque se prevé una resolución favorable a las prospecciones por parte del Tribunal Supremo, el Gobierno canario prepara una nueva batalla judicial que permita frenar la inminente actividad petrolífera en aguas canarias. “Habrá más recursos”, declaró a este diario Fernando Ríos, quien anunció que solicitarán medidas cautelares de suspensión en los tribunales. Una acción que, según prevé, paralizará temporalmente la actividad de Repsol. “En este tipo de expedientes, con afecciones medioambientales, los tribunales suelen aceptar las medidas cautelares de suspensión”, explicó. “No tendría sentido que se hicieran las prospecciones, hubiera un accidente y después el tribunal fallara en nuestro favor”. Unas declaraciones que alientan las esperanzas de un pueblo que ve cómo el empeño del Gobierno por ahondar en su suelo marino está demostrando ser tan pegajoso y difícil de retirar como el alquitrán que cubriría sus playas en un hipotético vertido.

“Vamos a llevar adelante la consulta popular”

Conocedora de la amplia mayoría social que rechaza la explotación petrolífera en el archipiélago canario y dada la trascendencia económica y ambiental de las prospecciones en las islas, la alianza ciudadana se ha propuesto desafiar al Gobierno y llevar a cabo un referéndum que deslegitime la actividad de Repsol en sus aguas. “Diga lo que diga el Gobierno de Madrid vamos a llevar adelante la consulta popular”, anuncia René Behoteguy. Una iniciativa que respalda el Gobierno autonómico y que se sustenta en el artículo 92 de la Constitución, que contempla el referéndum en aquellas decisiones políticas de especial trascendencia.

“Solo pedimos que se nos consulte”, insiste en destacar Behoteguy. Una demanda que, de llevarse a cabo, desactivaría la creciente opinión de que sobre España pesa un Gobierno “que antepone los intereses de una multinacional como Repsol a los del pueblo canario”, tal y como sostiene el portavoz de la Coordinadora contra las prospecciones.

En contra de los argumentos del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Industria, que defienden la explotación petrolífera como la actividad que impulsará el sector energético español y contribuirá a la creación de empleo, la Coordinadora contra las prospecciones cree que la actividad de Repsol en Canarias no solo afectará negativamente a los sectores turísticos y pesqueros, los principales motores económicos del archipiélago, sino que apenas generará puestos de trabajo. “El sector petrolífero requiere empleo escaso y además, muy especializado”, apunta Behoteguy. “Tampoco habrá beneficios fiscales porque la empresa no va a tributar en Canarias dado el esquema fiscal que hay”, añade.

Atendiendo a que España necesita importar el 99,72% de los hidrocarburos que consume, la apuesta por el petróleo como modelo energético no hace presumible una reducción significativa de ese porcentaje. En este sentido, la Coordinadora contra las prospecciones defiende la inversión en energías renovables, más sostenibles en el tiempo y factibles en unas islas cuya situación geográfica propicia unas condiciones privilegiadas para su desarrollo. “Canarias es un territorio con muchas posibilidades por el mar, por el viento y por el sol”, señala el portavoz de la Coordinadora.

“Es el pueblo contra las multinacionales”. En estos términos se ha planteado la lucha la Coordinadora contra las prospecciones petrolíferas. Una batalla que resuena en los otros conflictos que salpican la geografía española y que hacen chocar la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy con una ciudadanía que ni consiente una explotación que pone en peligro su medio ambiente, ni cree en los supuestos beneficios laborales y económicos que administraciones y empresas prometen.

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