Hacienda reclamó un millón a una empresa ligada a Cañete por una operación diseñada en Panamá

La Agencia Tributaria ha reclamado en la última década casi un millón de euros a una empresa fundada en Panamá y trasladada luego a España, Angelmo International, por una operación financiera articulada en 1997, cuando el exministro y hoy eurodiputado del PP Miguel Arias Cañete la representaba junto con su cuñado Miquel Domecq a través de otra de las sociedades de su familia. El pleito encadena ya 14 sentencias del Tribunal Superior de Madrid y del Supremo. La última de ellas vio la luz hace sólo cinco meses, el 23 de diciembre de 2013.

Esa operación consistió en la recepción de un supuesto préstamo de 734.600 euros (122.228.459 pesetas), otorgado desde Costa Rica por otra empresa del grupo que aparece como eslabón final de la cadena societaria, Corporación Bilares SA. El objeto oficial de ese préstamo era la realización de unas obras en una nave industrial de Fuenlabrada (Madrid). Angelmo jamás pudo demostrar que los trabajos de reforma se hubieran llevado a cabo en la fecha declarada.

Ni siquiera, y así lo recalcan varias sentencias, había licencia de obra pese a la envergadura económica del presunto proyecto de reforma y así lo recalcan varias sentencias. Pero, año tras año y al menos hasta 2003, la compañía se valió del supuesto préstamo para aplicarse cuantiosas deducciones.

Y esas, justamente, son aquellas cuya devolución reclama Hacienda. "La Administración –resume una sentencia del TSJM de marzo de 2012 y ratificada por el Supremo un año después– no admite el importe del préstamo porque al no admitir que se hayan justificado las obras de mejora alegadas por la contribuyente, tampoco admite el préstamo que se dice por la demandante que fue concedido para la realización de las obras".

El ministro no aclara ni siquiera tras el 25-M

InfoLibre intentó sin éxito contactar con Miguel Arias Cañete para recabar su versión sobre aquella maniobra de ingeniería financiera desarrollada en 1997, en el marco del proceso de constitución de la sucursal española de la panameña Angelmo. Cuando este diario publicó en mayo que Cañete había utilizado dos sociedades panameñas para sus negocios, el exministro aseguró que se pronunciaría sobre el asunto una vez celebradas las elecciones europeas. Pero, dos semanas después del 25-M, aún no ha dicho nada.

El origen de las múltiples reclamaciones del fisco, todas ellas documentadas en sentencias de lo contencioso, se remonta a julio de 1997. Fue en esa fecha cuando la panameña Angelmo International Corp, vinculada a la familia Arias-Domecq, constituyó una sucursal en España a la que aportó la citada nave industrial de Fuenlabrada, comprada nueve años antes por 50 millones de pesetas (300.000 euros).

Al mismo tiempo, la sucursal española de Angelmo obtuvo un “préstamo” de 122,7 millones de pesetas (734.000 euros) para que, supuestamente, reformara la nave, algo que Hacienda sostiene que nunca ocurrió. El acreedor de Angelmo es otra sociedad más del grupo, la holandesa Havorad BV, que hasta finales de 2013 figuró como accionista única de las dos compañías petroleras donde Cañete admite tener acciones (Petrolífera Dúcar SL y Petrologis Canarias SL).

El prestamista ahora es Havorad BV. Pero, originariamente, en ese papel figuraba otra pieza del andamiaje fiduciario: la costarricense Corporación Bilares SA. Y como prestataria aparecía la panameña Angelmo International Corp. En realidad, las fichas se han movido de posición pero sin abandonar nunca el tablero. Porque resulta que Corporación Bilares SA era la accionista única de Gold Lion Corp. NV, una compañía del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Y resulta también que Gold Lion Corp. NV ejercía de accionista única de la holandesa Havorad BV. Y que Havorad BV era igualmente el único socio –y lo seguía siendo durante este largo pleito– de Angelmo: tanto en su etapa panameña como en la ya netamente española. 

Ni licencia de obras

Lo anterior queda atestiguado por el relato de hechos que contienen las sucesivas resoluciones judiciales. Y el Boletín Oficial del Registro Mercantil atestigua un dato más: que en julio de 1997 y en el mismo acto de constitución de la sucursal española de la panameña Angelmo International Corp., la compañía nombró dos representantes permanentes en España: Arias y Domecq SL y Miguel Domecq Solís.

En esa fecha, y hasta diciembre de 2000, Miguel Arias desempeñaba el cargo de administrador solidario de Arias y Domecq SL, junto con su cuñado Miguel Domecq Solís. El círculo se cierra de nuevo en Panamá: los papeles del Registro Mercantil del país centroamericano confirman que fue Miguel Domecq quien rubricó el documento final de Angelmo antes de su traslado a España, trámite que se formalizó en abril de 2000. Ese mismo mes, Arias Cañete se incorporó como ministro de Agricultura al segundo Gobierno de José María Aznar.

Así que, primero con un pie en Panamá y otro en Madrid y a partir de 2000 definitivamente instalada en España, Angelmo esgrimió el millonario préstamo interno como argumento para pagar menos impuestos. ¿Cómo? Incrementando el valor contable de la nave –sumando al valor real de adquisición el de las supuestas obras– y deduciéndose los intereses del préstamo.

Hacienda –y los tribunales– ya han dictaminado que nada indica que esas obras se hicieran y apunta a que su ejecución podría incluso remontarse al año de la compra, 1988. Y dado que el fisco no cree reales los trabajos de reforma de la nave, tampoco cree que existiera un préstamo destinado a efectuarlas. Por no haber, ni había licencia de obras, imprescindible para acometer un proyecto de tal magnitud que, teóricamente, casi cuadruplicó el valor de la nave.

Expertos tributarios consultados por infoLibre subrayaron el viernes que esta fórmula es una de las habitualmente utilizadas para eludir o directamente defraudar impuestos: una compañía localizada en un paraíso fiscal o en un territorio de baja tributación, por utilizar el eufemismo oficial, presta formalmente dinero a otra empresa del grupo, esta española. La española computa el préstamo y se desgrava los intereses. En teoría, ya tributará la prestamista en su país de residencia.

Nunca se acreditaron las obras de mejora

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Son esas deducciones fiscales irregulares las que tanto la inspección de Hacienda como el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid fueron tumbando año tras año, al menos en lo concerniente a los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2003. A la vez, y paralelamente, la Agencia Tributaria exigió a Angelmo el pago de los impuestos eludidos por esa vía. Son esos tributos reclamados, detallados sentencia tras sentencia, los que suman 967.000 euros sin tener en cuenta aquellos otros que los jueces han declarado prescritos.

Las 14 sentencias –tres del Supremo y 11 del Tribunal Superior de Madrid (TSJM)– localizadas por infoLibre recalcan que Angelmo jamás logró acreditar que esas obras de mejora se hubieran realizado: la empresa dijo que no conservaba las facturas y ni siquiera pudo demostrar que hubiera solicitado licencia para la teórica reforma. La Agencia Tributaria –y los tribunales- han ido concluyendo que si no hay obra tampoco hay préstamo. Varias sentencias reproducen el siguiente argumento del tribunal en relación a las hipotéticas facturas de la obra: "Aunque [Angelmo] alega que no se encontraba obligada a conservarlas, ello no le impedía su conservación a los efectos de probar el valor que declaró". 

Varias de esas 14 sentencias –entre ellas, la relativa a una reclamación de 754.000 euros por el impuesto de sociedades del año 2001– desvelan que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid obligó a Hacienda a anular las liquidaciones practicadas y a sustituirlas por otras. Este diario ignora qué ha sucedido finalmente, dado que los acuerdos adoptados por la Inspección de Hacienda sobre un determinado contribuyente no salen a la luz a menos que, como en este caso, terminen originando una cascada de demandas judiciales. Y esas demandas tampoco adquieren publicidad en tanto el tribunal no se haya pronunciado. Aquí, el demandante ha sido siempre Angelmo, que año tras año ha impugnado las reclamaciones económicas de la Agencia Tributaria, primero ante el Tribunal Económico Administrativo, luego ante el TSJ madrileño y, al menos en tres casos, también ante el Supremo.