La recalificación de la última zona virgen del Mar Menor lleva a excargos de Valcárcel al borde de la imputación

La investigación del fiscal anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, sobre la recalificación del último gran terreno virgen del Mar Menor en favor de la promotora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha supuesto un tsunami en el PP murciano, que tiene a dos de sus principales cargos al borde de la imputación en el seno de una investigación por los delitos de cohecho y prevaricación.

Se trata de la alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, y el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, dos de los pilares fundamentales de un partido que durante dos décadas ha dirigido con mano de hierro el eurodiputado Ramón Luis Valcárcel.

Joaquín Bascuñana

"En teoría, la aprobación del avance, aprobación inicial y provisional en una modificación estructural del plan general, convierte al Ayuntamiento [de Cartagena] en partícipe del delito de prevaricación que, en puridad, solo comete la autoridad que dicta la aprobación definitiva, [que realiza] el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana", explica el responsable del Ministerio Público en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Hasta la fecha, Bascuñana no ha sido llamado a declarar como imputado. 

La posibilidad de que la alcaldesa Barreiro acabe imputada, en tanto que senadora y por tanto aforada, podría obligar a los magistrados a elevar un escrito al Tribunal Supremo, que tendría que ser el encargado de proseguir con la instrucción del denominado caso Novo Carthago.

"En el estado actual de la instrucción es necesario tomar declaración como imputada, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por un posible delito de prevaricación", especifica el escrito del fiscal al TSJM. Fuentes del caso han asegurado a este diario que la imputación podría demorarse todavía un par de meses más.

Compra viviendas

Mientras la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ultiman la imputación de los dos anteriores cargos del PP, el contenido de la investigación, a cuyo sumario ha tenido acceso infoLibre, muestra que días después de que en 2009 el Gobierno de Valcárcel dejara abierta la posibilidad de edificar las 10.000 viviendas en el último terreno virgen del Mar Menor, una de las asesoras del Gobierno murciano ingresó en una cuenta 120.000 euros, cuyo origen no pudo justificar en su declaración como imputada.

Pero el primero de los cargos de Valcárcel implicado en la recalificación irregular de los terrenos fue el ahora consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, que fue quién inició el expediente de desclasificación de la finca. "Cerdá convocó una anómala reunión en mayo-junio de 2004 con funcionarios de la Comunidad a la que asistió un representante de Hansa Urbana, en la que el propio consejero interviene defendiendo el proyecto urbanístico pese a las dudas existentes en el funcionariado técnico", explica el fiscal. En el caso Novo Carthago también están imputados representantes de la empresa Hansa Urbana.

La investigación muestra que éste consejero murciano y su sucesor en el área de Medio Ambiente, Francisco Marqués, fueron los encargados de la desprotección de este terreno considerado por la Unión Europea Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). 

50% del valor

Precisamente, el caso de Francisco Marqués es el que la Fiscalía tiene más documentado. Pues la investigación patrimonial ha determinado que este político adquirió, tan solo 13 días después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el plan parcial de la urbanización, una vivienda a la misma Hansa Urbana al 50% de su valor de mercado.

Marqués adquirió otros dos inmuebles a Hansa Urbana mediante una cuenta en la que el entonces consejero ingresó más de 72.300 euros en metálico. "En esta vivienda adquirida en 2006 en Valencia se aprecia una diferencia entre el precio estipulado en la escritura por la adquisición, que es de 230.000 euros, con el valor de 462.033 estipulado como tasación por una entidad autorizada, existiendo por tanto una diferencia del 200%", especifica un auto del pasado 24 de abril.

8.000 puestos de trabajo

"El consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, modificó la composición de la comisión técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, y nombró a uno de sus miembros (Juan Ignacio Sánchez Gelabert), pese a no reunir la cualificación requerida en un primer momento, siendo desde entonces una comisión en la que sólo participaban ciertos jefes de servicio de designación discrecional", explica el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 

El 12 de junio de 2003 el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, presentaba ante los medios de comunicación una macrourbanización en el último terreno virgen del Mar Menor. Este resort, promovido por la constructora Hansa Urbana, propiedad de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) iba a suponer "una inversión de mil millones de euros y 8.000 puestos de trabajo".

10.000 viviendas

Y el acto publicitario se llevó a cabo con toda pompa y boato pese a que la finca de 5 millones de metros cuadrados tenía la calificación de suelo no urbanizable de protección especial. El ahora europarlamentario del PP se dio un baño de multitudes en presencia de la plana mayor del PP, que presentaba un resort que además de 10.000 viviendas en primera línea del Mar Menor incluía dos campos de golf de 18 hoyos y hoteles de lujo.

Entre los cargos que acudieron al evento, tal y como documenta la fotografía de esta noticia, se encontraban la alcaldesa de Cartagena, municipio en el que se iba a construir la urbanización denominada Novo Carthago, y el consejero de Obras Públicas murciano, Joaquín Bascuñana, ahora delegado del Gobierno.

Prevaricación y cohecho

Al día siguiente de la presentación de la urbanización en 2003, la alcaldesa de Cartagena anunció por sorpresa la modificación del PGOU de esta localidad para declarar urbanizable la finca. Fue el inicio de un expediente en el que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), Manuel Abadía Vicente, han descubierto importantes irregularidades.

La investigación ha servido, hasta el momento, para que ya estén imputados por prevaricación y cohecho los entonces consejeros Francisco Marqués y Antonio Cerdá. Este último es el titular de Agricultura del Ejecutivo murciano encabezado por el presidente Alberto Garre.Alberto Garre

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El PP ataca al fiscal

El diputado del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, ha acusado al fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de "filtrar los documentos" sobre la presunta trama de corrupción de Novo Carthago, cosa que "no le compete en absoluto". A su juicio, se trata de una maniobra con la que quiere "presionar al juez en un determinado camino".

El diputado cree que en la Región de Murcia se está asistiendo "a un tema distinto, y es si el fiscal ha dicho algo". A este respecto, ha querido aclarar que el Ministerio Público "no imputa a nadie, sino que solicita al juez".