Anticorrupción concluye que directivos de NCG cometieron estafa y exige que devuelvan 19 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de cárcel para la cúpula de Novacaixagalicia porque considera que pudo cometer los delitos de apropiación indebida, administración desleal y alternativamente estafa, según un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, en el que solicita que devuelvan los casi 19 millones de euros que se autoconcedieron en indemnizaciones los intengrantes de la cúpula dirigente de Novacaixagalicia.

La petición de las fiscales Pilar Melero Tejerina y Concepción Nicolás García forma parte de la acusación de la que se tendrán que defender en el juicio tanto el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso como el que fuera director general de Caixanova, José Luis Pego; el exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas, un experto en derecho laboral que asesoró a la entidad.

Cooperadores necesarios

En el caso de Fernández Gayoso y del abogado Ricardo Prados se les imputa los delitos en calidad de cooperadores necesarios. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se asignó 7,7 millones, Rodríguez Estrada 691.261 euros, Gorriarán 4,8 millones y García de Paredes 5,6 millones.

Anticorrupción precisa, además, que tres de estos cuatro altos directivos --Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán-- acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

Las dos fiscales detallan que los contratos fueron renovados, no sólo con mejoras salariales, sino "también con el reconocimiento de compromisos por pensiones que, para el caso de que ejercitaran la facultad de desistimiento, podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

Fernández Gayoso

Para ejecutar su propósito contaron con la colaboración de Fernández Gayoso, presidente de Caixanova, cargo que conservó como copresidente de Novacaixagalicia, quien, como máximo gestor de la entidad, "le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de sus intereses ya que presidía, no sólo el Consejo de Administración, sino también, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos".

En el Pacto Laboral de Fusión, la caja fue asesorada por el especialista en derecho laboral Ricardo Pradas, experto en derecho laboral y asesor externo quien, a petición del presidente redactó, "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban", las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos hasta el momento señalados.

Lo ocultaron a los órganos directivos

Las modificaciones incorporadas a los contratos fueron ocultadas primero a la Comisión de Retribuciones, en la sesión del 18 de octubre de 2010 y después al Consejo de Administración que se reunió el mismo día. A propuesta de Fernández Gayoso se acordó, además que el anterior director general de Caixa Galicia, Francisco Javier García de Paredes Moro, nombrado director general adjunto ejecutivo de la nueva entidad fusionada, suscribiera un contrato "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

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Para culminar sus objetivos, en agosto de 2011 Fernández Gayoso convocó un nuevo Consejo de Administración en el que el asesor Pradas presentó la información sobre las condiciones de los contratos "de manera abstracta, sin identificar de qué directivos se trataba, sin cuantificar las indemnizaciones, sin especificar la cuantía que podría representar para la entidad el real ejercicio de la facultad de renuncia, ni las probabilidades de que los directivos hicieran uso de ella".

Liquidaciones

Las liquidaciones por jubilación, los conceptos y los importes concretos a abonar no fueron debidamente conocidos ni autorizados por el Consejo de Administración de la caja fusionada "hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España." Además, las liquidaciones se practicaron infringiéndose deliberadamente las limitaciones asumidas por Novacaixagalicia frente al FROB en materia de indemnizaciones, dicen las fiscales.