El Gobierno del PP liquida el sector público empresarial y consolida la gestión privada de los servicios

El sector público empresarial ya no existe. La privatización de empresas públicas desde mediados de los años 80, con especial énfasis desde 1996, cuando el PP hizo de las privatizaciones el núcleo de la política económica, ha convertido en un recuerdo la gestión estatal de empresas rentables. El caso de las no rentables, con las cajas de ahorros quebradas en cabeza, es otro tema. Se han nacionalizado pérdidas y se han repartido entre inversores privados compañías rentables.

De esta forma, el conjunto de las empresas públicas ha pasado de mantener 300.000 empleos a mediados de los años 90 a menos de 50.000 en 2013 (46.705, según datos del Ministerio de Hacienda). Tras 30 años de privatizaciones, para el sector público ha quedado la minería en ruinas, la construcción naval en feroz competencia y el transporte ferroviario (por el momento).

Los datos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) muestran que en el periodo 1996-2013 salieron del ámbito público en su totalidad 50 empresas, vendidas por la SEPI y la Agencia Industrial del Estado. Fueron empresas de sectores clave, de gran importancia en la economía española, como la electricidad, el gas, el petróleo, el transporte aéreo, marítimo y por carretera, las telecomunicaciones, la aeronáutica, la siderurgia, etcétera.

LAS JOYAS DE LA CORONA

La lista de joyas vendidas es larga: Endesa, Gas Natural, Telefónica, Aldeasa, Tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica... La cuenta oficial cifra en 30.000 millones el resultado de las operaciones para las arcas del Estado (22.000 milones mediante las ofertas públicas de venta). El destino del dinero, según la SEPI: enjugar la deuda del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI).

Tras vender el grueso de las compañías rentables, la SEPI, a partir de 2006, sólo se desprendió de algunas pequeñas compañías y de participaciones (green shoe) que el Estado se reservó en Aldeasa, Altadis y Endesa. Sumadas a la venta del 8,5% de Red Eléctrica de España (REE), proporcionaron al Estado 2.000 millones más.

En la actualidad, el Gobierno está vendiendo lo poco que queda, como su participación (50,25%) en la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) o la más jugosa en Aena Aeropuertos, donde se va a desprender de un 49% de las acciones (el 28% se venderá en Bolsa) tras sanear la empresa y pasar de pérdidas continuas a ganar 715 millones de euros en 2013.

El adelgazamiento de lo público en el transporte alcanza también al ferrocarril. El Gobierno ha dado luz verde al comienzo de la liberalización con la convocatoria de un concurso para conceder un "título habilitante" por siete años a empresas privadas que quieran competir con Renfe en la línea del AVE que une Madrid con capitales de Castilla-La Mancha (Cuenca y Albacete), Valencia, Alicante, Murcia y Castellón.

La venta (liberalización) de líneas ferroviarias consolidará una realidad en el panorama del transporte en España: en una década, relataba recientemente eldiario.es, se han vendido todos los líderes españoles del sector: aerolíneas, helicópteros, carga ferroviaria, autobuses de pasajeros o cruceros.

Tras la desaparición del sector público están las necesidades financieras, pero también la convicción ideológica que identifica a la empresa pública con la mala gestión. El argumento lo discuten estudios como los realizados por el  Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.

El estudio comparó la eficiencia de la gestión del agua entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todos ellos ubicados en Andalucía. Concluyó que las empresas públicas son más eficientes que las privadas. Y añadía que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.

Pese a ello, asegura el profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, más de la mitad de los servicios municipales de aguas han ido pasando a manos privadas. Ecologistas en Acción pone nombre a los señores del agua en España: Agbar (75% de Suez Enviroment y Caixa Holding) y FCC.

sanidad

No hace falta que el Estado pierda la titularidad para que el territorio público sea invadido o se confunda con el privado. La “colaboración público-privada" es una fórmula antigua y habitual que el actual Ejecutivo no duda en potenciar. La anemia inversora y financiera resultado del control del déficit público ha dado alas a una política grabada en el ADN del partido en el Gobierno: la gestión pública es ineficiente, la privada es más barata y funcional. Así que la fórmula se ha ido extendiendo en todas las comunidades autónomas y hasta territorios hace poco insospechados.

La entrada del capital privado en el sistema público de salud puede abarcar varios ámbitos. El modelo más privatizado es el llamado Modelo PPP (partenariado público-privado) o Alzira. Se trata de un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio, la Administración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias. Bajo este sistema funcionan los hospitales de Torrevieja, Denia, Manises y Elx-Crevillent (Comunidad Valenciana) y otros cinco centros en Madrid, entre ellos los de Torrejón de Ardoz, Móstoles, Valdemoro o Collado Villalba.

Otro modelo es el de la privatización de la parte no sanitaria a través de un modelo mixto en el que la empresa concesionaria construye la infraestructura a cambio de la gestión del edificio y la provisión de servicios no sanitarios. Bajo esta fórmula operan los hospitales de Baix Llobregat (Cataluña), Son Espases (Baleares), Burgos y Salamanca. También siete hospitales en Madrid. 

No obstante, el terreno donde la iniciativa privada tiene más protagonismo en la sanidad pública es el de la provisión de servicios como laboratorios, sistema de citas o lavandería y cocinas. Por ejemplo, en Madrid, detalla el informeSostenibilidad de la sanidad pública en España elaborado por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, se ha concedido al sector privado mediante la fórmula de subcontratas o externalizaciones el laboratorio central del Hospital de San Sebastián de los Reyes. En la Comunidad Valenciana se ha hecho lo mismo con la Sociedad Erescanner Salud, que gestiona el servicio de resonancias magnéticas. En Galicia también se han externalizado los servicios de Anatomía Patológica y de Diálisis Renal. Entre los servicios nos hospitalarios, destacan las privatizaciones de las cocinas, la lavandería, la limpieza o el mantenimiento. Y también los de otros recursos estratégicos, como la gestión de los planes de salud, los concursos de adjudicaciones de recursos y contratación de personal, las centrales de compras, los sistemas de información, las plataformas informáticas, los sistema de citas de pacientes o los servicios de mantenimiento. La privatización de los sistemas de información permite a las empresas privadas conocer desde dentro el sistema sanitario, sus puntos fuertes y sus debilidades, algo fundamental para estar al tanto de sus partes más rentables.

Educación 

La principal entrada de capital privado tiene lugar a través de la escuela concertada (privada sostenida con fondos públicos). España es, después de Bélgica, el segundo país con más alumnos en centros concertados o totalmente privados. Se sitúa hasta 22 puntos por encima de la media. Según datos de la OCDE relativos a 2011 –son los últimos publicados–, un 32% de los alumnos españoles de primaria estudian en una escuela concertada o privada. No es ningún secreto que la privada subvencionada recurre a barreras económicas (complementos de formación, seguros médicos, actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico...) para, de alguna forma, cribar a los alumnos según la capacidad adquisitiva de sus familias. De hecho, de acuerdo con un informe de la OCU, el 91% de los colegios concertados obliga al pago de cuotas, a pesar de que la educación en estos centros debe ser totalmente gratuita porque reciben fondos públicos.

Además, la iniciativa privada en la educación también tiene protagonismo en la externalización de los servicios escolares como el comedor, el transporte o las actividades extraescolares. Cada vez son menos los colegios que mantienen la cocina bajo la gestión pública y la mayoría opta por contratar para esta tarea a empresas de catering. La escolarización de los menores de tres años también es un terreno abonado para la entrada de capital privado. Los centros públicos gestionados de forma indirecta por empresas privadas a través de concursos son cada vez más habituales. De hecho, tradicionalmente ha sido habitual que pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro hayan gestionado este tipo de centros. No obstante, en la Comunidad de Madrid grandes constructoras como ACS o empresas de limpieza como Eulen se encargan de la gestión de decenas de guarderías. 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El recurso a las empresas privadas es una práctica consolidada en la Seguridad Social, donde aquéllas llevan décadas ocupándose de las complejas tareas informáticas que precisa la gestión de millones de cuotas y prestaciones. Hasta el punto de que su Gerencia de Informática ha llegado a tener el triple de trabajadores “externalizados” que de plantilla, según denunció el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización.

El motivo alegado por los responsables del Ministerio de Empleo para contratar empresas privadas es que debe suplir sus carencias de personal con cualificación informática especializada. Sin embargo, denunciaba el Tribunal de Cuentas, los contratos de consultoría y asistencia técnica a los que recurre la Gerencia ni tienen “relación con proyectos informáticos concretos” ni “cubren insuficiencias de personal coyunturales, sino “estructurales y permanentes”. Algo que viene recurriendo, añade el órgano fiscalizador, desde 1994.

También para desarrollar el nuevo sistema de recaudación de la Seguridad Social, el denominado Proyecto Creta, ha necesitado contratar a 160 informáticos privados, que le han costado 11,30 millones de euros. Para sostener el sistema, una vez en marcha, le harán falta 100 de estos profesionales, que costarán otros 5,78 millones de euros.

Mucho más recientemente ha acudido la Seguridad Social a la iniciativa privada también para diseñar su lucha contra el fraude. Accenture cobrará 1,3 millones de euros por decirle a Empleo cómo debe combatirlo. Y otra consultora multinacional, KPMG, ha puesto en marcha el nuevo sistema de gestión de las prestaciones públicas por desempleo con el que se detectará si los parados incumplen sus obligaciones de búsqueda activa de empleo y de formación.

Pero la iniciativa de mayor calado en el campo de la “colaboración público-privada” en materia de empleo será la apertura de la intermediación laboral a agencias privadas de colocación. Tras más de dos años de lento proceso, cabe esperar que antes de fin de año empiecen a funcionar las primeras. Harán lo que hasta ahora era monopolio de los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo Inem: buscar trabajo a los parados. Empleo acaba de seleccionar a 80 empresas, que en breve deben ser confirmadas por las comunidades autónomas. Se trata de un acuerdo marco de dos años por importe de 200 millones de euros.

Las agencias cobrarán del Estado por cada desempleado al que encuentren un trabajo entre 300 y 3.000 euros según el grado de dificultad de su inserción laboral. Pero no podrán cobrar al parado. Eso sí, percibirán un plus del 15% por delatar a aquéllos que descubran cobrando una prestación y estén trabajando al mismo tiempo. Mientras, el ministerio ha reducido a la mitad la partida destinada a la modernización del antiguo Inem en los Presupuestos del Estado para este año: 15 millones de euros. El Gobierno justifica la privatización por la baja ratio de eficacia del Inem: sólo gestiona el 2% de las ofertas de trabajo. Los críticos de la iniciativa, sindicatos y oposición, contraponen que los Servicios Públicos de Empleo españoles únicamente disponen de un funcionario por cada 200 parados, mientras que en el resto de Europa cuentan con uno por cada 50.

También recurre el Estado a la iniciativa privada para hacer sus auditorías. La Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) declaró el 20 de septiembre de 2012 que carecía de “efectivos suficientes” para acometer el plan anual de auditorías, su trabajo. No era la primera vez que la IGSS publicaba en el BOE una declaración de “insuficiencia de medios”, requisito legalmente necesario para contratar con auditoras privadas esas tareas que le resulta imposible ejecutar con su plantilla y medios actuales. De hecho, entre 2008 y 2012, gastó más de 2,7 millones de euros en contratar a auditoras privadas. Pero no es el único organismo en situación de “necesidad”. La Intervención General del Estado (IGAE), la entidad encargada de controlar todas las cuentas de la Administración pública, lleva desde 2004 publicando cada año su “insuficiencia de medios” antes de ceder a las auditoras privadas el cometido que tiene encomendado. Es más, desde 2010, la verificación de todas las subvenciones europeas recibidas por entidades públicas está en manos de auditoras privadas.

Mención aparte merecen las sociedades de prevención de las mutuas. Estas últimas, aunque entidades privadas integradas por asociaciones de empresarios, forman parte de la Administración pública porque gestionan cuotas de la Seguridad Social. Según el anteproyecto de ley de mutuas que ha redactado el Gobierno, deben poner a la venta antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención. Si no encuentran comprador, serán liquidadas. Se trata de 18 empresas, que copan el 55% del sector y generan un volumen de negocio de 545 millones de euros. Su salida al mercado simultánea se traducirá en una devaluación de su precio, temen los sindicatos: el año pasado, Fremap, la mayor mutua española, estuvo a punto de colocar su sociedad de prevención a una empresa colombiana por sólo 100.000 euros, cuando su valor en libros es de 12,7 millones.

medio ambiente

Cualquier territorio o actividad es susceptible de ser gestionado por las empresas privadas. Los 104 embalses y presas de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y el Tajo van a ser explotadas, conservadas e inspeccionadas por firmas que van de Sacyr a Obrasco Huarte o Aqualogy (filial de Aguas de Barcelona). El año pasado salieron a concurso nueve contratos por valor de 27,8 millones de euros. Mientras, quedan sin cubrir en ambas confederaciones cientos de puestos de trabajo vacantes que la Ley de Presupuestos impide reponer para no aumentar el déficit público.

Del agua al fuego. La gestión privada de los servicios públicos no es patrimonio exclusivo de la Administración central. La Xunta, por ejemplo, creó en 2001 los parques comarcales de bomberos de gestión privada. Hay 23. Galicia es la única comunidad autónoma donde existe este modelo. Los 400 bomberos privados gallegos llevan ocho meses de huelga reclamando un convenio colectivo autonómico. Las adjudicatarias son una filial de FCC, Matinsa, una empresa de servicios –Nanutecnia–, otra de venta de maquinaria –Veicar– o de recogida de residuos y jardinería, como Celta Prix, la anterior concesionaria de Pontevedra.

SEGURIDAD

Y del fuego a un terreno más sensible aún: el de la seguridad. Interior acaba de encargar a empresas privadas la vigilancia en el exterior de las prisiones. Tras una experiencia piloto en 21 cárceles, el ministerio de Jorge Fernández Díaz quiere extender el modelo al resto, otras 42. Ocho firmas fueron las beneficiadas del primer experimento: Prosegur, Seguritas, Seguriber, Ombuds, Coviar, Segur Ibérica, Prosetecnisa, Sabico y Vinsa.

Aunque no se trata de una oportunidad de negocio, sí es una buena muestra de cómo se permite que lo privado invada territorios que hasta ahora casi nadie podía imaginar fuera del dominio público, al menos en Europa: la nueva Ley de Seguridad PrivadaLey de Seguridad Privada permitirá a los vigilantes jurados controlar “parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados”, así como perseguir y detener a delincuentes cuando los sorprenda en flagrante delito “en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”.

CULTURA

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Finalmente, la cultura tampoco se libra. Hace casi un año se supo de la intención del Ayuntamiento de Madrid de privatizar el teatro Fernán Gómez. Incluso el Circo Price y el centro cultural Conde Duque figuraban en la lista de deseos de la alcaldesa Ana Botella. Nada se ha movido desde entonces. Algo parecido ocurre con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La Generalitat anunció en septiembre de 2013 que la gestión del complejo saldría a concurso en una semanas. Hace escasos días, el conseller de Economía, Máximo Buch, aún aseguró que se licitaría antes de acabar el mes de julio.

El mismo destino espera a los museos de Castilla-La Mancha si se aplica la nueva Ley de Museos de esa comunidad autónoma, aprobada en mayo y que permite la cesión a empresas privadas de este tipo de centros.

El Confidencial contaba este mismo mes que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía gasta 15 millones de euros al año en pagar todo tipo de servicios a empresas privadas: desde el montaje de obras y el guardarropa o los vigilantes de sala, hasta la biblioteca, los restauradores, los conservadores…