Las ofensas de los poderosos

El lingüista Noam Chomsky defiende que la democracia no puede crecer donde el poder político y el económico se concentran. O sea, lo que ha ocurrido en nuestro país, con una coalición de élites que no trabajan en beneficio de la comunidad, sino en el suyo propio, y que ha acabado con el debate entre izquierda y derecha para dar paso a otro entre ricos y pobres. Entre quienes acumulan cada día más poder y riqueza y quienes han llegado a la convicción de que hoy son más pobres que ayer, que lo serán aún más mañana y que ya no se sienten representados por quienes dicen representarlos. Este es el nuevo bipartidismo que ha sustituido al que desde la transición democrática ha permitido al PSOE y al PP alternarse en el poder. Una idea en la que han abundado intelectuales como José Luis Sampedro, que sostenía que el poder económico ha suplantado la voluntad de las urnas y sometido la política a sus intereses, y José Saramago, para quien si el poder real es económico no tiene sentido hablar de democracia.

Nunca hasta ahora se había hecho tan evidente la simbiosis entre el poder político y el económico, coaligados para mantener su status quo y evitar que nuevas formaciones y formas de hacer política surgidas de la indignación ciudadana irrumpan en el escenario público y pongan en entredicho la alianza de las élites. Sólo así se explica que un fenómeno como Podemos, que defiende nuevas instituciones inclusivas en las que los ciudadanos se vean representados, suscite tanta inquietud que haya llevado a los partidos tradicionales a calificarlo de movimiento antisistema, cuyo objetivo sería subvertir la normalidad con la que ellos han gobernado durante décadas.

El expresidente Felipe González llegó a decir de dicha formación, sin llegar a citarla, que sería una “catástrofe” que sus propuestas prendieran en la población, y no dudó en descalificarla, sin tener en cuenta que su respaldo en las urnas es tan legítimo como el que ha perpetuado al PSOE y al PP en el poder desde el advenimiento de la democracia. “Una alternativa bolivariana para España y para Europa sería una catástrofe sin paliativos”, dijo. Un movimiento de indignación que comparó de manera desdeñosa con las protestas globales del Mayo del 68 francés. La intranquilidad ante la hipótesis de que los resultados de las elecciones europeas se trasladen a las municipales y autonómicas del próximo año y, sobre todo, a las generales, es tal que entre las élites comienza a plantearse la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP, a semejanza de la suscrita en Alemania entre las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ángela Merkel, la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), la principal fuerza de centro-izquierda. Una opción por la que ya apuesta en público el propio Felipe González, que aboga por ella “si el país lo necesita”.

El miedo, otra vez el miedo, como recurso de los poderosos para aplacar la indignación ciudadana. Lo dijo Sampedro: “Nos gobiernan a través del miedo”. El miedo que ha hecho que durante años amplios sectores de la población hayan decidido pasar de la política, como si el precio de la luz o el pan, de la calidad de los servicios públicos o el recorte de derechos y salarios que afectan a todos no fueran consecuencia de decisiones políticas. El hombre-masa autocomplaciente del que hablaba José Ortega y Gasset, y del que Bertolt Brecht dice: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos (…) Es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales e internacionales”. Una situación que la movilización de mareas y movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, y ahora Podemos, comienza lentamente a revertir, como un sirimiri que empieza a calar.

Pintadas contra la banca. DAVID ROCH

El problema es que los partidos parecen no haber entendido que la corriente de protesta ciudadana, cuya más reciente expresión ha sido la debacle electoral del bipartidismo en las recientes elecciones europeas, exige un cambio de ciclo y no meros retoques para que todo siga igual. Ya nadie cree en la refundación del capitalismo que las élites prometieron para convencer a los gobernados. Si queremos que todo siga como está, pensaron, es necesario que todo cambie.

Contra ese objetivo se rebelan los ciudadanos, convencidos de que el lema Otro mundo es posible no es tan utópico. Los economistas Serge Latouche y Didier Hapagès, especialistas de la teoría del decrecimiento, sostienen que “sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino sólo la gestión administrativa y tecnocrática de los hombres y de las cosas”. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología, y uno de los fundadores de Podemos, escribe que “un mundo se marcha, aunque no termina de despedirse, y otro se aproxima, aunque sus velas aún están lejos de la costa”, y se pregunta: “¿No son tiempos, pues, de una prudente audacia?”

Carmen Alcaide, expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), constataba lo obvio que las élites se niegan a reconocer en un artículo de opinión (El País, 24 de junio). Decía así: “La desconfianza surgida sobre las instituciones y los políticos actuales, derivada de la mala gestión de muchos y de la corrupción de algunos, unida al descontento de los ciudadanos por la crisis padecida, ha provocado la aparición de organizaciones políticas que claman por cambios institucionales importantes”.

La crisis económica, y sobre todo las medidas adoptadas para combatirla y la corrupción, están en el origen de la revuelta ciudadana, que ya no admite sin rechistar la creciente desigualdad entre las élites y la población. La consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada hizo público el pasado junio un informe que revela que el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 o, lo que es lo mismo, que los españoles que disponen de más de un millón de dólares (740.000 euros) para invertir creció el año pasado hasta las 161.400 personas. También ha crecido un 27% el número de ciudadanos con grandes patrimonios desde que comenzó la crisis en 2008, y las sicavs, en las que buscan cobijo los grandes patrimonios de nuestro país, ascendían a 3.035 a finales de 2013, que gestionan un patrimonio de cerca de 29.000 millones de euros. Ese mismo año, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell) obtuvieron un beneficio de 7.274 millones de euros netos, de los que 4.370 millones correspondieron al Banco de Santander. Una cifra que casi dobla (90%) el beneficio obtenido en 2012. Es obvio que algunos han superado la crisis, si es que alguna vez se vieron afectados por ella.

La desigualdad no deja de crecer

En el otro fiel de la balanza, el resto de ciudadanos, que no han dejado de perder su poder adquisitivo. La brecha de la desigualdad no para de crecer, pese a lo cual son recurrentes los mensajes de las élites políticas y económicas para convencer a los ciudadanos de que ya hemos salido de la crisis y es cuestión de tiempo que los datos macroeconómicos se vean reflejados en las cifras del paro, el problema que más preocupa a los españoles. “A pesar de observar condiciones económicas más favorables que en años anteriores –vuelvo a Carmen Alcaide-, mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis, las dificultades económicas por las que están pasando muchas familias y, sobre todo, el sentimiento de descontento y discriminación de muchos jóvenes que, una vez terminada su formación, no encuentran trabajo”.

La gran élite internacional que conforman el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la propia Unión Europea (UE), lleva años pregonando la austeridad como única solución para los problemas del mundo y exigen a los demás los sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.

Christine Lagarde, directora del FMI, hizo meses atrás una encendida defensa de lo que llamó esfuerzo reformista, una expresión que han abrazado con fervor políticos y economistas, que concretaba una rebaja salarial para los trabajadores, adicional a las que ya se han adoptado, del 10%, a ejecutar entre 2014-2015. Para dar ejemplo, se subió el sueldo un 11% nada más llegar al cargo en 2011, y en 2013 cobró 352.859 euros, un 1,8% más que el año anterior (la revalorización de su salario se hace en función del IPC de la ciudad de Washington, donde el FMI tiene su sede). Ese es su sueldo neto, sin retenciones como la nómina de cualquier trabajo. Un salario que equivale a 29.404 euros limpios al mes o 980 euros diarios, lo que hoy cobran, y gracias, muchos trabajadores de nuestro país al mes.

Mario Draghi, presidente del BCE, el hombre que con una simple declaración es capaz de que suba o baje la prima de riesgo de los Estados del Sur, goza de unos emolumentos algo superiores a los de Lagarde, exactamente 378.240 euros en 2013, con un incremento del 1,1% respecto a 2012. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea hasta el próximo septiembre, cobra 25.554 euros mensuales, dietas y ayudas para vivienda aparte, y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, defensor también a ultranza de la moderación salarial, disfruta de una nómina de 23.000 euros mensuales. Es obvio que, por fuerza, la realidad se vea de otra manera.

La puerta giratoria

Unus pro omnibus, omnes pro uno (todos para uno, uno para todos) es, aunque no oficialmente, el lema nacional de Suiza, y, también, de los tres mosqueteros. Un lema que define el actual pacto entre las élites para acudir al rescate mutuo cuando la situación lo exija. El “hoy por ti mañana por mí” del refranero, cuya manifestación más clara es la puerta giratoria, como se conoce el fenómeno por el que nuestros políticos pasan de lo público a lo privado y de lo privado a lo público sin pudor. Algunos expresidentes del Gobierno y exministros de Economía se mueven con soltura en ella. Hombres y mujeres con excelentes agendas internacionales capaces de engrasar relaciones y facilitar negocios.

La carrera del exministro de Economía Rodrigo Rato es un ir y venir de aquí para allá, siempre con sustanciosos salarios, mientras predica las bondades de las políticas de austeridad. Verán, cuando abandonó la res pública se situó al frente del FMI, pero no se enteró de la crisis que se nos venía encima. Ni siquiera cumplió su periodo de mandato, pese a lo cual tiene garantizado un salario de por vida. A los meses ya tenía trabajo como asalariado de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, para quien ya había trabajado, y de allí dio el salto al banco de inversión Lazard, con una retribución fija al año de un millón de dólares.

El PP lo rescató para hacerlo presidente de Bankia, el mayor escándalo financiero de nuestro país, que le ha costado al Estado, y por extensión a los ciudadanos, que son los que lo sustentan con sus impuestos, 23.000 millones de euros. Dimitió cuando trascendió el agujero contable, pero no se fue al paro. El Banco de Santander y Telefónica salieron en su rescate y lo contrataron como asesor. Tanto él como los 33 consejeros de la entidad están imputados por la Audiencia Nacional por delitos que suman hasta 15 años de prisión. La complejidad de la causa y las artimañas legales de sus letrados tienen la investigación en stand by.

Los retiros de González y Aznar

Su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que aceptó un salario de 500.000 euros al año al tratarse de una caja intervenida, se situó al frente de Bankia tras abandonar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y recuperar su fondo de previsión, que en ese momento ascendía a 68 millones de euros. Ahora saca pecho, habla de la solvencia de la entidad y alardea de los 250 millones de euros de beneficio que ha dado la citada entidad en el primer trimestre de este año. Los 23.000 millones de euros públicos que se han ido por el desagüe y los centenares que les han arrebatado a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes y la deuda subordinada han pasado a ser anécdotas del pasado.

Felipe González es asesor de Gas Natural desde diciembre de 2010. El año pasado cobró 127.000 euros anuales, según el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros presentada a la junta general de accionistas del año 2014, en la que consta que en diciembre de 2013 era asesor de la presidencia de Indra (cabe recordar que su accionista de referencia es Bankia), una empresa constituida en 1993, siendo González presidente del Gobierno, al frente de la cual está desde entonces el socialista Javier Monzón.

El mandato de González venció el pasado 14 abril, pero, aunque anunció su intención de dejar el cargo porque se aburría, continuará un año más. En el consejo se sienta con empresarios como Antonio Brufau, presidente de Repsol; Demetrio Carceller, vicepresidente de Sacyr-Vallehermoso y Ebro Puleva; o Juan Rosell, presidente de los empresarios españoles. González justificó su presencia en la gasística con su interés por conocer el tema de la energía, ya que “me hubiera ido mejor asesorando a empresas con domicilio fiscal en las Islas Caimán”. Una broma sin gracia para los tiempos que corren.

José María Aznar tiene o ha tenido tal profusión de cargos que resulta difícil entender de dónde saca el tiempo para atender tantos frentes: asesor externo de Endesa para asuntos internacionales, asesor externo de la minera canadiense Barrick Gold, consejero de News Corporation y asesor también para Latinoamérica de DLA Piper, “despacho global de derecho de los negocios”, según se autodefine en su página web. Y, obviamente, su sueldo vitalicio como ex presidente.

Para Endesa han trabajado o trabajan todos los exministros de Economía. El actual, Luis de Guindos, dejó precisamente su puesto de asesor para ser nombrado ministro, aunque su experiencia en la administración pública se remonta a 2002, cuando Rodrigo Rato le nombró secretario de Estado de Economía a sus órdenes.

La derrota electoral del PP en 2004 lo devolvió al sector privado como presidente ejecutivo del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers para España y Portugal. El escándalo de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que llevó a la quiebra a la entidad, le llevó a Endesa y a los consejos de varias sociedades más, y vuelta a la administración con Rajoy. Su sucesor al frente de las cuentas públicas, Pedro Solbes, fue asesor del FMI tras dejar la cartera, y después se incorporó a Enel, la multinacional italiana a la que el Ministerio de Economía que él dirigía autorizó la venta el 92% de Endesa. El exministro completa su salario como asesor de Barclays Bank en España, sin olvidar que tiene un salario vitalicio como excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea entre 1999 y 2004.

La última en subirse al carro ha sido Elena Salgado, la última ministra de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero, en su caso como consejera de Chilectra, la distribuidora chilena de Endesa, además de convertirse en asesora de Abertis. También Miquel Roca i Junyent, exportavoz de Convergència i Unió en el Congreso, es vocal externo de la compañía, amén de otros cargos. Por otra parte, su despacho de abogados, Roca Junyent Abogados Asociados, lleva la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

1.661 casos de corrupción financiera y política en 2013

La lista es profusa y desalentadora, y en no pocos casos la ausencia de honestidad ha llegado a convertirse en un delito, como demuestran los 1.661 casos de corrupción política y financiera contabilizados en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algunos de ellos macroprocesos por su enorme complejidad y el elevado número de implicados.

Los medios de comunicación, cuya principal responsabilidad sería denunciar los desmanes del poder, se han convertido en sus aduladores. Cómo no hacerlo si en sus consejos de administración se sientan representantes de todos los grandes bancos. Así las cosas, la Caixa es propietaria del Grupo Godó, editor, entre otros, de La Vanguardia y de El Periódico de Catalunya. Entre los accionistas del Grupo Prisa, editor de El País, está el Banco de Santander. Busquen en la hemeroteca el tratamiento que recibió Emilio Botín cuando Hacienda descubrió que tenía en Suiza una fortuna estimada en 2.000 millones de euros que normalizó tras pagar 200 millones de euros al fisco y evitar de este modo que le abrieran un procedimiento por delito fiscal. Encontrarán muy poco.

Por otra parte, en Vocento, la empresa editora de ABC, se encuentra la familia Ybarra (BBVA); los bancos italianos Mediobanca, Banco Sanpaolo y Unipol están entre los accionistas de El Mundo, y el editor de La Razón es José Manuel Lara, vicepresidente del Banco de Sabadell. 

El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano afirma que “los medios de comunicación de masas justifican los fines del sistema de poder, que impone sus valores a escala planetaria”. Una visión que completa Noam Chomsky, según el cual, “el cuadro del mundo que le presentan a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Prevalece, por tanto, el espectáculo, el entretenimiento y la propaganda.

Las nuevas formas en que se está organizando la rebelión ciudadana han recibido el calificativo de “populistas”. Si quienes utilizan este adjetivo para desacreditar a quienes amenazan sus privilegios consultaran el diccionario de la Real Academia Española (RAE), descubrirían que populista es un adjetivo con una única acepción, “perteneciente o relativo al pueblo”, y que el sustantivo populismo es la “tendencia a prestar especial atención al pueblo y a cuanto se refiere a él”.

Nada que ver con el sentido peyorativo que le dan las élites para descalificar a quienes ponen en peligro su posición.