Los Carceller ya tienen quien los juzgue

El Tribunal Supremo ha dado la razón al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que acordó la apertura de juicio oral contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, que afrontan la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 14 y 48 años de ingreso en prisión, respectivamente.

De esta forma, los magistrados del Supremo Luciano Varela Castro, Andrés Martínez Arrieta, José Manuel Maza Martín, Miguel Colmenero Méndez de Luarca, y Andrés Palomo del Arco han estimado el recurso que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado presentaron contra la decisión de la Audiencia Nacional de archivar las diligencias de investigación por delitos fiscales contra el presidente del grupo cervecero.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había resuelto el 2 de enero en un auto, cuyo ponente fue el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, que se dictara el sobreseimiento de las actuaciones contra Carceller Arce. La Fiscalía Anticorrupción y el propio juez consideraban que el presidente de Damm fue cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capitales, tal y como consta en el auto de apertura de juicio oral de 31 de octubre de 2013.

Por esos delitos, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 14 años de cárcel para Carceller ArceCarceller Arce, que también tendría que pagar una fianza de 253 millones de euros. Junto con los 511 millones requeridos a su padre, Demetrio Carceller Coll, esta familia vinculada al régimen franquista, pues el abuelo Demetrio Carceller Segura fue ministro del dictador Francisco Franco, tendrá que afrontar un pago de 764 millones de euros.

En una resolución, adelantada por Europa Press, el ponente del Supremo, Luciano Varela Castro, discrepa de la interpretación de la Audiencia Nacional, que había justificado el archivo de las actuaciones al considerar que no aparecía acreditado en el sumario ningún delito cometido por Carceller Arce, "a quien ha de atribuirse meramente la actividad dirigida a supervisar y controlar las inversiones de su padre", tal y como especifica el auto ya revocado de la Audiencia Nacional.

Los magistrados del Supremo consideran que en realidad la decisión de la Audiencia "no discrepa" de la del juez Ruz en cuanto a los hechos que se atribuyen a Carceller Arce: "Lo que discute es su valoración y las consecuencias de éste en cuanto a la calificación jurídica".

Gestionar y controlar

Y ante esa discrepancia, el Tribunal Supremo opta por la visión del juez Ruz: "Coincidimos con la decisión del instructor. Y ello porque, a efectos de tipicidad, la pretendida diversidad entre gestionar y controlar la gestión es, en ausencia de mayores matizaciones, indiferente".

De esta forma, el Supremo revoca la decisión de la Audiencia Nacional, que en el auto especificaba que el presidente de Damm no había cometido fraude fiscal: "Siendo así que, propiamente, el recurrente no gestionaba sino que, en actividad marginal, controlaba la gestión de otros respecto de las inversiones de Carceller Coll, constando en autos los artífices de tales actividades gestoras directas".

"Trama defraudatoria"

La investigación llevada a cabo por el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción acreditaba la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio reaI de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona (Estados Unidos), mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Su defensa negaba este extremo y sus argumentos fueron acogidos por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. infoLibre se ha puesto en contacto con el abogado de la defensa de los Carceller, José Antonio Choclán, quien no ha querido hacer declaraciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo.