Negocios bajo sospecha
Los Carceller, a un paso del banquillo por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller considerando que hay indicios para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.
En su auto en el que modifica la causa a procedimiento abreviado, el juez explica que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones.
Además, el imputado Demetrio Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de evitar que sus rentas y patrimonio tuviera que tributar en la Hacienda española. En este sentido, se valió de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él, las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española”.
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En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros por lo debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica. La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.
Ruz cierra la investigación después de que el Tribunal Supremo anulara el auto de la Sala de lo Penal, que había archivado la causa contra el presidente de Damm. Como ya argumentó en su día el juez, Carceller Arce participó activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona (Estados Unidos), articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".
El juez concluye la investigación una vez que ha realizado, como le ordenó la Sala de lo Penal, la ratificación de los peritos, tal y como adelantó este miércoles infoLibre. Ahora las partes tienen veinte días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral.
