La jueza del espionaje en el PP de Madrid cita como testigo al exconsejero Francisco Granados

La jueza que investiga el presunto espionaje a altos cargos del PP madrileño por parte de agentes a sueldo del Gobierno autonómico, interrogará el 16 de septiembre como testigo a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, ex secretario general del PP madrileño con Esperanza Aguirre, desde febrero senador dimisionario tras desvelarse que tenía una cuenta en Suiza y enemigo acérrimo del presidente Ignacio González. Su citación, a la que ha tenido acceso infoLibre, se produce a petición de la concejala y diputada al Congreso por el PP Carmen Rodríguez Flores, que también fue objeto de seguimientos.

Como consejero de Presidencia, Granados era el jefe orgánico de los supuestos espías imputados. Uno de ellos, el guardia civil José Oreja, envió en enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Esperanza Aguirre, Ignacio González.

Antes de la confesión de Oreja, en la causa ya constaban partes de seguimiento a destacados políticos del momento como el vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo –“se montó una gestapillo”, acusó públicamente– y el entonces vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos internamente alineados contra Esperanza Aguirre.

Pero el guardia civil imputado amplió en esa declaración la lista de “objetivos” en las tareas de espionaje. Y lo hizo incorporando, entre otros, dos nombres de máxima relevancia: Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, y Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid.

Ignacio González ha negado de modo tajante y en distintas ocasiones cualquier nexo directo o indirecto con los hechos investigados. Cuando el guardia civil José Oreja hizo llegar a la jueza Carmen Valcarce la declaración que le señalaba como beneficiario último de los seguimientos, el jefe del Ejecutivo regional se pronunció en los siguientes términos: “Se archivó el caso dos veces y ahora cambian las declaraciones”, dijo durante una entrevista en la Cadena Ser.

infoLibre contactó ayer jueves con portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid en busca de un pronunciamiento sobre la citación de Granados como testigo, así como sobre el papel que desempeñará en la causa la Comunidad de Madrid, ahora personada como acusación particular. No hubo respuesta.

El primer cargo político

La citación de Granados, el primer político de la etapa examinada que desfilará ante la jueza excluidos los denunciantes Cobo y Prada, llega a instancias de otra acusación particular de muy distinto tenor: la que ejerce Carmen Rodríguez Flores, la matrícula de cuyo coche apareció en los partes de seguimiento.

Flores pertenece al círculo del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, imputado en la pieza separada del caso Gürtel que investiga si el partido se financió ilegalmente y quien en 2008 alertó a Mariano Rajoy de que estaba siendo vigilado tras sus críticas a ciertas adjudicaciones del Gobierno de Madrid.

La declaración del antiguo hombre fuerte del PP madrileño, quien en febrero tuvo que dimitir como senador y diputado autonómico tras desvelar el diario El Mundo que había tenido una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, marcará un hito.

Sujeto a la obligación legal de contar como testigo todo lo que sepa y considerado en el PP como enemigo frontal del presidente madrileño, Ignacio González, su declaración subirá de forma automática el listón de un caso que avanza a trompicones en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desde hace cinco años.

La Comunidad ejerce la acusación... cinco años después

Fue el pasado 27 de marzo, y así consta en la causa, cuando la Comunidad de Madrid solicitó a la jueza Valcarce personarse como acusación en calidad de “perjudicada”.

En su solicitud, la Comunidad alega que "ha tenido conocimiento" de que el juzgado de instrucción 5 tramita esas diligencias y reclama ejercer la acusación bajo el razonamiento de que hay en liza una presunta malversación: la del dinero público empleado para seguir física o telefónicamente a los cargos políticos del PP espiados por quienes trabajaban a sueldo de la propia Comunidad de Madrid .

La juez Valcarce accedió a la pretensión del Gobierno de Ignacio González el pasado 18 de julio: dio por personado a su letrado en la misma providencia por la que ordenó tomar declaración a Francisco Granados. Pese al mazazo que las revelaciones sobre su cuenta suiza infligieron a su prestigio –dimitió como senador y como diputado autonómico–, el cercano interrogatorio del exconsejero ha generado máxima expectación entre quienes siguen el caso de cerca.

Deportado de la política desde su doble dimisión, Granados ya sufrió una verdadera metamorfosis política en noviembre de 2011: de ser hombre clave en el PP y el Gobierno madrileños pasó a caer derribado de un golpe. Su antigua mentora y jefa, que en junio de ese año ya había prescindido de él para su nuevo Gobierno, lo destituyó por sorpresa como número dos de la organización regional del PP.

Su cese fue interpretado como un auténtico pulso de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy, entonces recién vencedor de las elecciones generales y a quien Granados había iniciado un acercamiento. Al fulminar a Granados, Aguirre ungió como delfín único a Ignacio González, a quien cedió la Presidencia del Ejecutivo poco después, en septiembre de 2012.

Doble carpetazo fallido

Sea del tenor que sea y salvo que algún nuevo viraje del caso impida su declaración, lo que Francisco Granados responda a partir de las seis de la tarde del 16 de septiembre ante la jueza Carmen Valcarce actuará como revulsivo en el caso.

Con diligencias abiertas en mayo de 2009, la magistrada Valcarce ya intentó en julio de 2010 dar carpetazo a la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación.

Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura.

Hubo una tercera enmienda de la Audiencia a los pasos dados por la jueza: en enero de este año, ordenó a Valcarce tomar declaración a Yolanda Laviana, exesposa del principal imputado, Sergio Gamón y quien, finalmente, logró esquivar su comparecencia judicial. En junio de 2010, Laviana le había dicho al diario El País que Gamón ya espiaba a Alfredo Prada desde 2006 por orden de Ignacio González. El hoy presidente madrileño desacreditó entonces el relato de Laviana presentándolo como fruto de “un conflicto familiar”, pese a que fueron las palabras de su exmujer las que precipitaron la dimisión de Gamón.