Barberá lanza un nuevo ataque para derribar el barrio histórico del Cabanyal

Entre las dos imágenes hay 13 años de distancia. El lugar es el mismo: el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. El debate, también: la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de la demolición de centenares de viviendas de alto valor histórico en el barrio marinero del Cabanyal. El 25 de enero de 2001, Josefa Nicolau, de 85 años, se encaró desde el palco a la alcaldesa Rita Barberá: “Nuestras casas no las tiraron ni las bombas ni la riada. Ustedes tampoco. No podrán, ya que delante de las casas estaremos las personas”. Josefa murió en el 2010 en su vivienda de la calle San Pedro, la más antigua del Cabanyal. Este viernes, Mar, su nieta, de 17 años, recogió el testigo. “El relevo está preparado y eso quiere decir que estamos preparados para volver a empezar. Más preparados y más fuertes”, le arengó a una alcaldesa de gesto imperturbable.

Minutos después, la docena de miembros de Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a los derribos y apuesta por la rehabilitación integral del barrio, pintaron sus caras de rojo. Igual que hace 13 años. Idéntica escena e idéntico resultado, ya que, mecánicamente, los concejales del Partido Popular levantaron sus manos de mayoría absoluta y aprobaron someter a exposición pública la modificación del Plan del Cabanyal.

Imperativo legal

Se trata de una transformación escasa, a regañadientes y por imperativo legal. En diciembre de 2009, el Ministerio de Cultura emitió una orden que declaró expolio los planes de Barberá. Y la instó a corregirlos. Desde ese momento, la alcaldesa buscó todo tipo de brechas para evitar tocar una coma. La munición jurídica fue de alto calibre: una ley autonómica para despojar al Cabanyal de su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) que acabó en el Tribunal Constitucional; una querella por prevaricación contra la entonces ministra del ramo, Ángeles González-Sinde, que fue archivada; un recurso contra la orden en la Audiencia Nacional, que sentenció a favor del Ministerio. Y, finalmente, otro recurso al Tribunal Supremo, que este 7 de julio refrendó a la Audiencia Nacional y agotó la pólvora judicial de Barberá.

Pero no la política. En los últimos meses, la alcaldesa ha estirado hasta el límite sus influencias en Madrid. A mitad de junio amenazó a Mariano Rajoy con dimitir si no obtenía de Cultura un pacto para adaptar la orden. Y el 20 de junio, Barberá convocó a los medios de urgencia para presentar su acuerdo: un correo electrónico del ministerio, sin firma ni informe técnico en el que instaba al consistorio a enviar sus modificaciones como medida previa a un posterior estudio. "Humo y más humo". Así calificaron todos los partidos de la oposición la oferta difundida por el Ayuntamiento.

Mismos vicios

De hecho, el nuevo proyecto de la alcaldesa es un ejercicio de mínimos retoques. Si antes demolía 674 edificios, ahora son 637. Si el ancho de la avenida era originariamente de 107 metros, ahora lo sería de 84. Y las nuevas edificaciones pasarían de cinco a tres alturas por el tramo BIC. Pero en lo sustancial, se mantienen los mismos vicios que llevaron a Cultura a declarar el plan un expolio: abrir un boquete sobre la trama de las antiguas barracas y demoler edificios protegidos, de gran valor artístico por su tipología modernista, para substituirlos por fincas de ladrillo visto. De hecho, las críticas al nuevo proyecto, que se expondrá al público en agosto y septiembre, han sido unánimes entre los expertos.

Europa Nostra, presidida por el tenor Plácido Domingo, emitió este miércoles un dictamen en el que mostraba “satisfacción” por la sentencia del Supremo. El texto expone crudamente el resultado de 16 años de presión urbanística: “Muchos edificios se han deteriorado; mientras que algunas casas han sido abandonadas, otras han sido ocupadas ilegalmente por grupos marginales; también ha aumentado la sensación de inseguridad, desconfianza y especulación inmobiliaria”. La reflexión concluye: “Es necesario respetar la ley, los intereses legítimos de las personas y el valor del patrimonio cultural como parte integrante del modelo humanista de la sociedad que se halla en el corazón de la construcción europea”.

La resistencia del Cabanyal llevada a un documental

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Se trata de un argumento muy similar al expresado, el 21 de julio, por la World Monument Fund (WMF), institución norteamericana que el 2012 incluyó al Cabanyal en su listado de patrimonio mundial en riesgo. Sus responsables lamentan la obcecación de Barberá. “Analizados los planes municipales, se puede concluir de manera objetiva que la propuesta municipal que se presenta es muy similar a la que en su día provocó la Orden Ministerial por expolio”, observan.

Ambas misivas van más allá de la denuncia y la retórica, ya que, soterradamente, dan fuerza a los técnicos dentro del avispero del presiones en los que se ha convertido el ministerio. Un pulso de larga tramitación, ya que, tras la exposición pública, se deben atender las alegaciones ciudadanas y someterlas a un informe positivo de la consejería de Cultura. Solo así se remitiría al ministerio, quien consultaría con instituciones de elevado prestigio artístico antes de redactar una nueva orden. En el caso anterior, este último trámite se alargó alrededor de ocho meses.

“Barberá quiere llegar viva a las elecciones y con un proyecto que pueda vender a sus votantes”, opina Vicent Gallart, arquitecto y vicepresidente de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar. Según Gallart, que este viernes calificó durante el pleno de “cúter en el corazón del barrio” el nuevo plan de la alcaldesa, “los vecinos llegamos a esta recta final con más argumentos, más apoyos y un relevo generacional para la resistencia del que carece del Partido Popular”. Una idea que personificó Mar Villora, quien recordó a la alcaldesa las palabras que hace 13 años pronunció su abuela: “Tenemos un compromiso tan fuerte con nuestra historia, que nadie será capaz de romperlo”.