¿Quién debe pagar la factura de la repatriación del misionero Pajares?

Una vez en Madrid, atendido en un hospital público y con una situación clínica "estable", el foco mediático sobre la repatriación del sacerdote español Miguel Pajares –también de la monja Juliana Bohi, que no está infectada– se puso este jueves sobre quién pagará lo que ha costado su traslado desde Liberia a bordo de un avión medicalizado. 

En rueda de prensa, la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, dijo que la Orden de San Juan de Dios, a la que pertenecen ambos religiosos, tendrá que asumir parte de los costes, si bien no cuantificó qué parte ni a cuánto asciende el total de la factura. infoLibre intentó, sin éxito, obtener esta información en los ministerios de Sanidad y Exteriores que, junto a Defensa, han coordinado toda la operación.

Un portavoz del departamento que dirige Ana Mato señaló que este gabinete sólo se había encargado de las cuestiones de tipo asistencial. En Exteriores, por su parte, señalaron que el asunto no era estrictamente de su competencia y que en la repatriación su labor se había circunscrito a temas consulares sobre el terreno, como conseguir los permisos pertinentes para el aterrizaje, los traslados y el despegue en Liberia del avión que trasladó a Pajares y Bohi. 

El anuncio de Vinuesa, sin embargo, sí provocó la crítica de algunos partidos. El secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, señaló que era el Estado el que tenía que encargarse de repatriar "a un ciudadano de nuestro país en unas condiciones difíciles desde un país difícil". Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares dijo a través de su cuenta de Twitter que es una cuestión de "prestación, salud o humanidad" que el Ejecutivo sea el que corra con los gastos. 

Fuentes del Ministerio de Exteriores no supieron concretar si existe o no un texto jurídico específico en el que se detalle qué hay que hacer en estos casos. "Se estudia caso por caso dependiendo de sus circunstancias, lo importante es que la atención se lleve a cabo con celeridad", señalaron. 

Desde 2006, el Estatuto del Cooperante obliga a las personas que viajan a países extranjeros para ejercer labores humanitarias a contar con una previsión social específica mediante el aseguramiento de determinados riesgos y contingencias como la atención médica, la invalidez permanente, la repatriación en caso de accidente, la enfermedad o el fallecimiento. infoLibre intentó sin éxito contactar con la orden de los religiosos para averiguar si ambos contaban o no con seguro. El Gobierno, por su parte, dice no tener constancia de si ambos religiosos viajaron a Liberia con un seguro. Este diario tampoco pudo confirmar si Pajares y Bohi tienen el estatus de cooperantes a ojos del Ministerio de Exteriores.

La realidad es que esta cuestión sí pone encima de la mesa dos interrogantes. El primero es si el Gobierno puede pasar la factura a la Orden de San Juan de Dios. Y el segundo, de carácter más subjetivo, si debe o no hacerlo. Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que la respuesta al primero de ellos es afirmativa. Y esto es así porque desde el punto de vista jurídico existe un concepto que es el de "autopuesta en peligro", que obliga a cargar con las consecuencias de sus acciones a las personas que conscientemente se ponen en una situación de peligro. Un ejemplo más habitual sería el montañero al que hay que rescatar, y que debe pagar la factura del helicóptero. "Es cierto que en un caso estamos hablando de ocio y en otro de una labor humanitaria, pero desde el punto de vista jurídico en ambos casos han aceptado de forma consciente ponerse en una stiuación de peligro", indican las fuentes consultadas.

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Otro aspecto a tener en cuenta para explicar por qué el Gobierno sí puede reclamar a la orden el coste de la repatriación es el hecho de que el traslado en un avión medicalizado no es un servicio que esté incluido en la cartera básica del Ministerio de Sanidad. Sí está incluido, por ejemplo, todo el tratamiento al que se le vaya a someter en su ingreso en el Hospital Carlos III.

No obstante, y a pesar de estos dos aspectos, el Gobierno no está obligado a pasarle la factura a la orden religiosa. "Puede alegar perfectamente que el traslado en avión ha sido una cuestión humanitaria, a la vista del trabajo que realizaban los religiosos, y concluir que el coste lo asume por tanto el Estado", explicaron las fuentes jurídicas. 

Además, hay otras dos cuestiones que todavía no se han delimitado. La primera es si los religiosos viajaron a Liberia con seguro. No obstante, en el caso de que lo tuvieran, es poco probable que este cubriese todos los gastos de la operación. Por otro lado, si el Gobierno decidiese pasar la factura a la orden religiosa, habría que ver si esta tiene capacidad económica para hacer frente a unos gastos como los generados por el traslado de Pajares y Bohi.