El Gobierno pretende aprobar la elección directa de alcaldes a cinco meses de los comicios

El Gobierno confirmó este domingo que en los próximos días convocará a los grupos parlamentarios para retomar el diálogo sobre las autodenominadas medidas de regeneración democrática que remitió hace meses al Congreso, pero también anunció que ha puesto tope a esas conversaciones: dos meses de plazo, de tal manera que en noviembre ya puedan empezar a debatirse y votarse en comisión con la idea de aprobarlas antes de fin de año en la Cámara baja.

El Ejecutivo incluye en ese paquete de medidas la reforma electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes, la reducción de aforados y la limitación de la protección, la introducción de mecanismos de control sobre los indultos y la determinación del momento en que un cargo político debe dimitir cuando se vea salpicado por la corrupción .

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ejecutivo señaló que, tras el paréntesis obligado por las elecciones europeas y los cambios en la dirección del PSOE, pretende retomar negociaciones y convocar a todas las fuerzas políticas a un gran pacto sobre las medidas legislativas de regeneración democrática en tramitación, es decir, los proyectos de ley reguladores de partidos políticos y altos cargos, y las medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

Para ello, abrirá un plazo de dos meses en los que se deberán desarrollar las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en noviembre pueda afrontarse la tramitación en Comisión de las Leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso, "cumpliendo el compromiso adquirido".

Por un lado, se hablará de medidas legislativas de regeneración democrática propuestas y en tramitación, como el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica Financiera de los Partidos (que revisa las vigentes leyes de Financiación de Partidos y del Tribunal de Cuentas), el Proyecto de Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado (que actualizará el régimen de incompatibilidades), y las medidas penales y procesales contra la corrupción (tanto el endurecimiento de las penas como la agilización de los procesos judiciales).

Incorporación de nuevas medidas 

Respecto a la elección directa de alcaldes, el Gobierno defendió que es una opción que forma parte del programa electoral de varias formaciones políticas en España. En su opinión, los gobiernos municipales deben responder a la voluntad mayoritaria de los vecinos del municipio, lo que, a su juicio, es una garantía, no sólo para una mayor estabilidad del ayuntamiento, sino para una mejor representación de los ciudadanos y, en definitiva, el desarrollo de una gestión que responda verdaderamente a sus ideas e intereses.

Por otra parte, el Ejecutivo propone la limitación del aforamiento, en particular en lo referido a las causas penales, y en cuanto a su número, teniendo en cuenta que afecta a los tres poderes del Estado y se extiende también al ámbito de las comunidades autónomas. El Gobierno señaló que, para ello es necesario definir un planteamiento equilibrado, en cuanto a los instrumentos jurídicos precisos y las implicaciones prácticas de las posibles modificaciones.

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Del mismo modo, incluye aportar mayor transparencia a la concesión de indultos de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto.

En cuanto a los procesos penales y responsabilidades públicas, sugiere la unificación de los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales.

El Gobierno también incluye en el marco de negociación la posibilidad de fortalecer la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas legislativas populares, así como su intención de favorecer un acuerdo entre partidos para limitar los gastos derivados de las campañas electorales, en lo que se refiere a publicidad exterior.